El 10 de junio próximo en la ciudad de Resistencia, Chaco, comenzará el juicio oral y público por el envío de una tonelada de cocaína a Portugal en contenedores cargados con carbón vegetal, operativo que trascendió como "Carbón blanco". Entre quienes se sentarán en el banquillo de los acusados estará, en carácter de organizador de esos envíos, Patricio Gorosito, quien fuera un próspero empresario de la ciudad de Arroyo Seco y fundador del ya desaparecido Club Real Arroyo Seco. También estará frente a los jueces y como líder de la organización el abogado Carlos Alberto Salvatore. Esa será la primera etapa del juicio a la banda dedicada a contrabandear droga con destino europeo. Pero la que le sigue, aún sin fecha de audiencias, tendrá condimentos extraordinarios. Se trata del modo en que la banda organizó una infraestructura jurídica y empresarial con la meta de lavar los activos originados en el narcotráfico. La forma en que una asociación ilícita de seis miembros, varios de ellos profesionales universitarios, se aplicaron a tareas diversas: organizar unas 60 sociedades con participación en fideicomisos de construcción, en actividades inmobiliarias, en producciones audiovisuales, en compra de vehículos y en el negocio gastronómico. De la enormidad de los capitales destinados al blanqueo fallido da una idea el monto del embargo dispuesto hace unas semanas por una jueza contra los seis implicados en estas acciones: 1.600 millones de pesos. Por esta segunda parte la Justicia procesó a seis personas hace 15 días y el expediente ahora espera otro juicio oral.
El que está señalado como jefe de este grupo empresarial es el abogado Carlos Alberto Salvatore. A él solo lo embargaron por la increíble suma de 790 millones de pesos. Se trata del hombre que, según la Justicia, era el cerebro para introducir en el circuito legal los activos originados en el comercio de droga a gran escala. El mismo está implicado en causas directas de narcotráfico.
Salvatore era una persona muy allegada al empresario Patricio Gorosito. Lo detuvieron en Rosario en 2012, en la cochera subterránea de un supermercado de Pueyrredón al 700, donde intentó refugiarse cuando lo perseguían. Pero ganó notoriedad mayúscula en marzo pasado cuando trascendió una llamada telefónica en la que amenazaba con matar a Zunilda Niremperger, la magistrada federal chaqueña que lo terminó procesando. "Yo pago este homicidio, pero ella se muere", le dijo en una comunicación telefónica a su esposa, Sandra Valles, otra de las procesadas por integrar el grupo lavador.
Operaciones bajo la lupa. Esta causa desprendida se llama "Carbón Blanco II" y alude al lavado de activos. El inicio de la pesquisa fue a partir de cuatro reportes de operaciones sospechosas, dos por operaciones inmobiliarias y dos por movimientos financieros inusuales. Eran operaciones por montos en efectivo irregulares sin su debido respaldo. Uno de los reportes fue por una operación realizada por Salvatore en el Banco Comafi, por 259.074 pesos, que era incongruente con el perfil del cliente. Esa fue una de las pesquisas que organizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella, quien tomó en persona y con un cuerpo de asesores esta investigación, trazaron el modus operandi.
Salvatore compró a la empresa uruguaya Faristar un inmueble por 350 mil dólares ubicado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, con fondos ilícitos. El Tribunal de Tasaciones determina el precio del inmueble en 4.900.000 pesos. Luego, el acusado integró ese bien a la empresa uruguaya Gema Zud Investment para aumentar las acciones de la firma.
Más tarde, la asamblea de Gema Zdu aceptó la suscripción y lo tomó a Salvatore como accionista. Y luego Gema Zud aportó el inmueble para comprar acciones de la firma Orbis Compañía Argentina de Seguros. Gema Zud terminó así, por medio de esa operación, comprando el 99,95 por ciento de las acciones de la aseguradora, lo que define una conducta típica para el lavado según la Procelac: Salvatore se excluye del delito de narcotrafico, luego ingresa como accionista a una firma lavadora con una propiedad adquirida con fondos narcos y adquiere casi la totalidad de acciones de una reconocida aseguradora. Lo que hace el directorio de Gema Zud es recircularizar las ganancias delictuales de Salvatore simulando la recapitalización del bien adquirido (la casa de Lomas de Zamora) por medio de la venta de acciones.
En el cine y el estudio. En el inventario judicial de los bienes acopiados en el lavado aparecen casas, departamentos, fideicomisos de construcción, edificios, vehículos (entre ellos hay un Porsche Cayenne, un Volvo 415 y tres Mercedes Benz además de otras decenas de autos menos valiosos), sociedades comerciales en Buenos Aires, Miami, Uruguay y España (en Málaga y Marbella), estas últimas para realizar inversiones inmobiliarias. También está en el paquete investigado la empresa CS Enterteinment, que aportó a la realización de la película Plumíferos, con 700 mil dólares de aporte. Y una fundación para estudio y tratamiento de enfermedades. La lógica era que las sociedades ampliaran su capital social con aportes de dinero en efectivo del narcotráfico y realizaran compras de bienes e inversiones con dinero ya blanqueado.
Una de las grandes actividades de las empresas propiedad de Salvatore era la construcción de edificios para la venta de unidades terminadas, actividad que tiene notorio incremento desde 2011. En pos de ello se usaban firmas constructoras como Milenio Bienes Raíces, Casiluigi o Saint Maxime SA, que enajenaban los inmuebles adquiridos con fondos narco y engrosaban sus ganancias realizando una actividad lícita.
Conflicto en la costa. Las inversiones en una sociedad de la que Salvatore es presidente produjo un conflicto notorio. Es una sociedad que construyó tres edificios en Mar del Plata, uno en la calle Libres del Sud 2079. Los compradores de departamentos aún no pueden escriturar porque se estableció que el fondo fiduciario constructor se nutrió de fondos surgidos de venta de cocaína.
Una de las procesadas en la causa "Carbón Balnco II" es Carla Yanina Salvatore, hija de Carlos, quien es martillera pública y medió en la venta de varios inmuebles. Su esposo, Esteban Croitoru, integra los estatutos de varias sociedades aplicadas al lavado.
En definitiva Salvatore se encuentra ligado a numerosas sociedades que servirían de pantallas a los fines de disfrazar fondos del narcotráfico. Sus actividades comerciales (financiera, automotriz, inmobiliaria, audiovisual, agropecuaria) son propicias a la introducción de grandes cantidades de fondos en efectivo.
Los movimientos bancarios, numerosos depósitos y retiro de dinero en efectivo de diversas cuentas bancarias, posibilitan el fin de disimular la procedencia de los activos pues hacen muy difícil seguir la ruta del dinero. Y el grupo realiza transacciones inmobiliarias y societarias que resultan inconsistentes. Los movimientos de dinero y la adquisición de bienes chocan con el perfil fiscal de personas físicas y jurídicas aportadas por la Afip. Los movimientos no pueden, para la jueza Niremperger, provenir de la actividad profesional declarada por Salvatore.
Si bien en la indagatoria Salvatore dio una explicación posible de la procedencia del dinero y los bienes, como así también de los objetivos tenidos en miras al crear las sociedades, sus inversiones resultan desproporcionadas frente a la renta que podría haber producido la actividad que dice tener, afirma la jueza.
Para Carlos Gonella, a este grupo se le atribuye “una asociación ilícita de caracter estable con permanencia en el tiempo y estructura funcional, con un origen que data de mayo de 2005, con actividad continuada hasta la actualidad, destinada a dar apariencia lícita a las ganancias originadas en las actividades de exportación ilegal de clorhidrato de cocaína”. Por esta misma causa en el mes de marzo la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo 37 allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos en las ciudades santafesinas de Arroyo Seco y Villa Constitución. Hace quince días se dictaron los procesamientos a esta compleja red de lavadores narco y ahora se espera la fecha del juicio oral y público.
El expediente por el contrabando va a juicio
El operativo “Carbón Balnco” salió a la luz en marzo de 2012 cuando en el puerto de Buenos Aires se detectó que, en un contenedor cargado con carbón vegetal que era exportado desde una firma ubicada en la localidad chaqueña de Quitilipi hacia Portugal, iban escondidos 380 kilos de cocaína de máxima pureza. Otros dos cargamentos similares fueron detectados por los investigadores: uno en viaje y otro en la localidad portuguesa de Cabanas do Chao.
La investigación fue realizada por la jueza federal de Roque Sáenz Peña (Chaco) Zunilda Niremperger, quien procesó a cinco personas como integrantes de la organización narcotraficante: el ya mencionado abogado Carlos Alberto Salvatore, el empresario arroyense Patricio Gorosito, el comerciante de Arroyo Seco Héctor Roberto y los porteños Rubén Esquivel y Juan Pérez Parga. El mes pasado la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las prisiones preventivas de los cinco imputados y elevó la causa a juicio oral que comenzará el 10 de junio próximo.
