Los testimonios de las víctimas “simbólicas” de los atentados, es decir los funcionarios judiciales a Los testimonios de las víctimas “simbólicas” de los atentados, es decir los funcionarios judiciales a quienes se amedrentó atacando a tiros viviendas en las que alguna vez habían residido, y el despliegue de pruebas contra los acusados de haber participado de la saga serán el eje de la segunda semana del juicio por 14 balaceras perpetradas entre mayo y agosto 2018 contra objetivos relacionados con quienes habían investigado a Los Monos. Este lunes se prevé terminar con la demostración de cómo fueron los hechos y desde el martes será el turno de oír cómo vivieron esos días los funcionarios a quienes estaban dirigidos los “mensajes”, entre ellos los jueces Ismael Manfrin y Marisol Usandizaga, así como el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Luego los fiscales expondrán las pruebas que a su entender conectan a los acusados en la planificación y concreción de los ataques.
Con una nueva balacera previa contra el Centro de Justicia Penal (CJP) 36 horas antes del inicio del juicio, desde el viernes 29 siete personas son juzgadas por 14 atentados a tiros de 2018. Según los fiscales Matías Edery, Miguel Moreno, Aníbal Vescovo y Gastón Avila, los ataques tuvieron por fin amedrentar a jueces que debían resolver cuestiones vinculadas a los Cantero y también a la Justicia en general, teniendo en cuenta que algunas de esas balaceras fueron contra sedes judiciales como el CJP y la Fiscalía Regional.
Ariel Máximo “Guille” Cantero está acusado de haber instigado desde la cárcel siete de esos ataques que empezaron el 29 de mayo de 2018 con balaceras a dos propiedades donde alguna vez había residido el juez Manfrin, presidente del tribunal que un mes y medio antes había condenado a Los Monos por asociación ilícita y otros delitos. También fueron atacadas viviendas relacionadas con la jueza Usandizaga, también miembro de ese tribunal, y con las camaristas Carolina Hernández y Gabriela Sansó, a cargo de revisar las condenas en segunda instancia. Además se incluyen ataques a casas vinculadas con policías que investigaron a Los Monos.
Acreditados
El juicio arrancó picante. Cuando el tribunal conformado por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria pidió a Cantero que dijera a qué se dedicaba, Guille respondió en plan provocador: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”. Quedó flotando si refería a los hechos por los cuales afronta este juicio o a la todavía fresca la balacera perpetrada 36 horas antes contra el CJP, un hecho calcado a los anteriores.
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Luego de esa declaración Cantero no volvió a hablar, aunque intentó hacerlo durante los alegatos de los fiscales. Sí volvió a ser noticia al conocerse una situación paralela con el hallazgo de un teléfono fijo en la celda que ocupa en el penal federal de Marcos Paz.
Concluidos los alegatos de fiscales y defensores comenzó la producción de prueba, que en las primeras jornadas se destinó a la acreditación material de los hechos, es decir, demostrar que los ataques existieron y cómo se desarrollaron. En ese contexto se expusieron audios de llamadas al 911 realizadas un día después de los primeros ataques en los que personas que se arrogaban pertenecer a Los Monos exigían que fueran liberados. “Somos la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar”, decía un mensaje.
En tren de acreditar que los hechos ocurrieron, la primera semana expusieron testimonios de peritos, fotos de los impactos. Hasta ahora los fiscales presentaron pruebas sobre once de los 14 hechos y se prevé que los otros tres se acrediten en la jornada de este lunes.
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Dos tipos de víctimas
Además de cuestiones técnicas se expusieron testimonios de las víctimas reales de los ataques, personas que fueron sorprendidas por las balaceras contra sus casas sin saber por qué pasaba eso. Algunos contaron cómo las balas les pasaron cerca, en cuatro hechos los proyectiles pasaron a la altura del pecho, alguien recordó que su hija estaba en una ventana cuando la de al lado era atravesada por un plomo. “Los hechos están demostrados y también está demostrado que los tiradores podrían haber matado a alguien y no les importó si eso pasaba”, dijo a este diario Edery.
Una particularidad de estos atentados es que, en cierta forma, generó dos tipos de víctimas: por un lado quienes sufrieron los tiros en sus casas, con todo lo que implica, y por el otro los destinatarios de los mensajes. Es que, más allá del desconcierto inicial, vincular los domicilios atacados con jueces que juzgaron o debían resolver sobre Los Monos fue fácil de establecer.
Por eso los fiscales quieren escuchar también a esas víctimas, tanto a quienes condenaron a Los Monos como Manfrin y Usandizaga, como a las camaristas Sansó y Hernández.
Sus testimonios se esperan a partir del martes, marco en el que también está citado Pullaro, entonces ministro de Seguridad del gobierno socialista y hoy diputado provincial y precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio.
Conexiones al banquillo
Conocidos esos testimonios, se prevé que esta semana se empiece a desplegar la prueba contra los siete acusados. Guille Cantero, que ya suma condenas por un total de 62 años, afronta en este juicio 24 años como instigador de siete de los hechos. La misma pena fue requerida para Lucía Uberti, sindicada como partícipe de nueve balaceras e instigadora de una, y Matías Nicolás César, apuntado en diez ataques.
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En una línea siguiente aparecen Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado y Leandro Daniel “Chulo” Olivera, para quienes los fiscales pidieron 13 años de cárcel por participar de tres ataques. Por un solo ataque están acusados Leonel Alejandro Fernández (12 años) y Damián Oscar Enrique Chávez (9 años).
Pero además de estos siete acusados, ya hay al menos cinco personas que fueron imputadas por algunos de estos hechos y admitieron su participación a través de juicios abreviados. La primera fue Aldana Mazzeo, de 22 años, que en marzo de 2019 aceptó una condena a tres años de prisión condicional por el atentado con una granada de gas lacrimógeno contra la sede de la entonces PDI de Lamadrid al 500.
En abril de este año el remisero José Alberto Castillo, de 26 años, aceptó cinco años y medio por haber conducido el auto desde el cual dispararon contra la Fiscalía de Montevideo al 1900. Y Tobías Barrios, de 21, aceptó cuatro años y medio de cárcel por balear la casa de un policía que había investigado a los Cantero.
En mayo de este año Claudio Nahuel Canavo, de 23 años, se hizo cargo de cuatro de las balaceras y aceptó una condena 17 años de prisión que incluye un homicidio. Y en julio pasado Fabián Fernando Figueroa, de 29, admitió una condena a cinco años de cárcel por haber colaborado con un ataque al CJP.
Los fiscales llegaron a estos seis acusados y a los condenados a partir de una búsqueda que incluyó un intenso seguimiento en redes sociales donde los sospechosos solían jactarse de “meter bala sin miedo a nada” con una consigna por entonces novedosa que se convertiría en un triste clásico rosarino: “Con la mafia no se jode”.
Los cabos comenzaron a atarse con la caída del remisero Castillo en la zona sudoeste, tras una persecución minutos después de una balacera contra la Fiscalía, la décima de la saga analizada, y así fue tomando forma el cerco en torno a los implicados.
Entre redes sociales y los teléfonos de los sospechosos se fue conformando la prueba que los fiscales comenzarán a exponer esta semana, para demostrar que Uberti y Teletubi, éste desde la cárcel, pasaban a los tiradores las direcciones a atacar, que extraían de una base de datos en la que figura cualquier domicilio en el que haya vivido alguien en la ciudad, en este caso los jueces.
Audios con las órdenes, conversaciones, división de tareas teniendo en cuenta que los ataques solían ser dos y simultáneos, fotos de los objetivos a atacar y detalles sobre cada hecho serán parte de la evidencia que los fiscales pondrán a consideración de los jueces, cuya evaluación y posterior veredicto se conocerá a partir del 16 de septiembre cuando finalicen las exposiciones de fiscales y defensores.
