El Centro de Justicia Penal (CJP) sumó el cuatro ataque a balazos desde el pasado 4 de agosto de 2018. La máxima edificación de la Justicia penal de Rosario fue baleado el miércoles al filo de la medianoche, 36 horas antes de que se pusiera en marcha un operativo de seguridad en el marco de un nuevo juicio sobre Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda de Los Monos, por balaceras ocurridas contra objetivos del Poder Judicial durante 2018. Además, en horas de la tarde de este viernes se llevará a cabo una audiencia imputativa en el que Guille, junto a otras cuatro personas, será acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer extorsiones y el homicidio perpetrado en enero de 2020 del cual fue víctima Enrique Encino, un vecino de 64 años oriundo de la localidad de Parejas que fumaba un cigarrillo en un balcón del Casino City Center.
El ataque crispó los nervios en el seno del Poder Judicial. “No somos nosotros quienes podemos contestar porqué ocurrió el ataque. Lo que podemos hacer es pedir explicaciones” a las autoridades de Seguridad de la provincia, indicó la jefa de los fiscales rosarinos, María Eugenia Iribarren.
La respuesta desde el Ministerio de Seguridad corrió por cuenta de Diego Llumá, subsecretario de Seguridad Preventiva, que en el marco de los anuncios de seguridad para el clásico del próximo domingo en la sede de Gobernación, intentó bajarle la tensión al ataque contra el edificio de Justicia penal. “Había dos patrulleros de custodia. Pasó una moto a alta velocidad, disparó y se fue”, dijo antes de dar mayores precisiones sobre el operativo que arrancó después del ataque.
Desde el 4 de agosto de 2018 el CJP recibió cuatro ataques a balazos. Dos fueron achacados a la banda Los Monos o alguna de sus franquicias; otra al narco empresario Esteban Lindor Alvarado, en un plan en el que este peso pesado del hampa trató de sembrar en la investigación la idea de que el ataque provenía de la banda del barrio Las Flores. Tres años después del primer ataque al edificio más simbólico de la justicia penal rosarina parece que lo que reina es la normalización. A nadie en la ciudad le asombra que un edificio público, que simboliza a la Justicia penal, sea atacado a balazos. Tampoco que eso suceda en la previa de un juicio relevante en el que será enjuiciado uno de los hampones más temidos de la ciudad, y que a partir de ese ataque se valoren más de tres hipótesis de conflicto de acuerdo al fixture de audiencias a celebrarse en los próximos días: “Guille” Cantero en juicio por balaceras, que entre otros objetivos tuvo al CJP en dos oportunidades; el propio “Guille” en una audiencia imputativa por asociación ilícita y el homicidio de un apostador del Casino; y hasta se valoró, corriendo bastante desde atrás, que el próximo lunes se llevara a cabo una nueva audiencia que pone en el dentro del debate a un senador provincial ligado por los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos a una trama de juego ilegal. “Hoy no tenemos elementos para asegurar que detrás de esto este el señor «Guille» Cantero”, explicó la fiscal regional Iribarren.
Un informe requerido por el Secretario de Seguridad Germán Montenegro a la Unidad Especial de Protección de Testigos y Querellantes tras una reunión con la fiscal regional Iribarren colocó a Guille en el centro del eje del mal. El informe analizó el cuadro de situación catalogando los niveles de riesgo en “bajo, medio, alto y extremo” para diseñar el operativo de seguridad de cara al “Día D”, el de un nuevo juicio al líder de la banda de Los Monos que a diciembre del año pasado llevaba acumuladas penas que superan los 60 de prisión. En este sentido, explicó Llumá, “el nivel extremo era la presencialidad de los imputados, porque hubiera significado una presión sobre el sistema de seguridad”.
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En el informe el eje es la figura de Guille Cantero, “quien en la actualidad se encuentra detenido con varias condenas en su haber que cumplir, y pese a ello, según se pude desprender de varias investigaciones que se encuentran en curso, el mismo seguiría comandando la banda criminal”. Como se desprende de los hechos a juzgarse, “estamos frente a varios atentados armados, en los cuales se habrían utilizado diferentes armas de fuego”, se señala. Un tercer factor se refiere al nivel de organización del grupo que amenaza. “Se trata de una banda que ha establecido relaciones sofisticadas con miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y otras élites y el uso que han hecho de la violencia sin miramientos les ha permitido controlar economías ilegales como el microtráfico en vastas zonas de la ciudad”. El cuarto apartado alude a la capacidad, los conocimientos y los medios de que dispone el grupo para cumplir las amenazas”, se precisa.
Un importante documento de 48 páginas al que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tuvo acceso la semana pasada, fue publicado parcialmente por un medio nacional en su web cinco horas antes del ataque. La cronología que acompañó la publicación fue el ataque contra el CJP, una hora antes de la medianoche del miércoles, y la posterior implementación del operativo de seguridad que comenzó sobre media mañana de este jueves y que a simple vista pudo visualizarse en el corte de calles alrededor del centro de justicia. La sensación tras una jornada de declaraciones cruzadas es que las partes miraban el ecosistema con diferente lente, desde diferente ángulo e intensidad.
Siete disparos
Personal policial que trabajó en el lugar del hecho levantó siete vainas servidas de calibre 9 milímetros frente al CJP. Uno de los disparos impactó en una de las bicicletas públicas ancladas en una estación ubicada en la esquina de Sarmiento y Rueda. Otras dos impactaron en el edificio.
Elsa, una mujer que acampaba en las inmediaciones del CJP para visibilizar el enjuiciamiento del acusado de matar a su hijo Matías en un accidente de tránsito en en 2018 en Ovidio Lagos e Hilarión de la Quintana, fue una de las pocas testigos del ataque. “Se escuchó el ruido de la moto y después las balas. Fueron más de siete tiros. Lo primero que hicimos fue tirarnos al suelo”, recordó Elsa. “Media hora antes estuvo una patrulla. Por la calle Rueda solía haber móviles policiales, pero anoche no había ninguno”, agregó. Según distintas fuentes consultadas el ataque fue perpetrado por dos hombres que circulaban en una Yamaha YBR o similar. El ataque marcó el inicio de otra madrugada endiablada, de celulares que no dejaron de sonar.
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Diego Llumá enmarcó el ataque como un “mensaje de amedrentamiento sobre el sistema democrático en el eslabón más sensible que es el de la Justicia en vísperas de un juicio en el que se va a juzgar otras balaceras contra objetivos del sistema judicial precisamente por las personas que ya han sido identificadas. Estamos trabajando desde hace por lo menos un mes con el Poder Judicial y hemos dispuesto un dispositivo panorámico en toda la ciudad que tiene en cuenta niveles de riesgo. Hemos logrado que las audiencia se hagan de manera virtual y no presencial”, indicó. “Vamos a tener alrededor de 300 efectivos y 60 vehículos afectados en el operativo en distintos roles. Serán fundamentalmente motos para prevenir cualquier tipo de ataque. Hay que valorar que los objetivos bajo custodia son personas que ya fueron víctimas de ataques, fiscales y jueces. Los acusados lo verán desde la cárcel. Me llamo a la reflexión y los llamo a la reflexión sobre la necesidad que tenemos de poner el ojo en los responsables de estas balaceras. Es muy probable que esas personas estén dentro de la prisión. En el caso del líder de Los Monos (por Guille Cantero) en una cárcel federal”, indicó.
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“Anticipando el riesgo de este juicio y las imputaciones los fiscales que trabajan en la causa comenzamos a trabajar sobre las medidas de seguridad para evitar situaciones como las que ocurrieron este miércoles. Alertamos a las autoridades que corresponden para que tomen las medidas que se pueda llevar adelante un juicio y no corra riesgo ninguna de las personas involucradas. La fiscalía puso en conocimiento del Ministerio de Seguridad, del Servicio Penitenciario provincial y federal, de la Corte Suprema de Justicia que debe velar por el edificio en el que transcurre el juicio. A partir de eso se tomaron una serie de medidas que no solamente tenían que ver con los edificios del Poder Judicial y que lo diagramó el Ministerio de Seguridad. Ellos hicieron una análisis de cual era el riesgo. Se tomaron medidas también con las personas involucradas, funcionarios y civiles, que participan en las audiencias”, explicó Iribarren.
“En base al informe de seguridad no se van a trasladar a los acusados a una audiencia presencial. Las audiencias serán de manera virtual, todos estarán vía Zoom”, aclaró. “Seguimos trabajando y requiriendo mayores garantías de seguridad para llevar adelante nuestro trabajo de todos los empleados, fiscales y jueces. Nunca vamos a dejar de bregar porque se siga mejorando”, dijo. “Están dadas las condiciones para que se lleven adelante las audiencias”, sentenció.
Azaroso
"Es algo inédito, como un desafío a la autoridad del estado. El poder judicial cumplió con investigar los hechos que se produjeron (en relación a la banda, por diferentes delitos) y llevó a juicio a responsables. Hubo una respuesta institucional, aún cuando en aquel momento, en 2018, tanto magistrados como operadores y los edificios oficiales fueron objeto de balaceras; y ahora, cuando se tiene que determinar la responsabilidad de estos hechos, nuevamente un intento de esta naturaleza. La verdad es que estamos consternados", explicó Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur).
“Que en estos ataques no haya habido heridos fue por un hecho fortuito”, indicó Salvador. Institucionalmente el Colegio emitió un comunicado en el que expresaron que “ante la gravedad del hecho acaecido, exhortamos a las autoridades de los tres Poderes del Estado provincial a que se arbitren, de manera urgente, las medidas necesarias en orden a garantizar la seguridad en los lugares de trabajo de todas y todos los trabajadores, funcionarios y magistrados judiciales”.
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“No caben dudas de que el móvil fue el juicio que empieza mañana. Repudiamos totalmente el hecho en sí. Esto lo observamos como una situación condicionante para jueces, fiscales y testigos que van a intervenir en ese proceso”, indicó Jorge Baclini, fiscal general de la provincia.
“Desde junio le estamos pidiendo a los organismos de seguridad que observen y analicen todo lo que hace a medidas de prevención teniendo en cuenta el motivo del juicio. Se hizo un informe y se tomaron algunas medidas de custodia, pero esto denota que debemos ser más eficientes con este tema. Es muy crítico que jueces, fiscales y testigos vayan condicionados a un juicio”, añadió. “La pretensión de esos ataques es generar intimidación, pero la mayoría de los afectados fueron declarando y aportando datos correctamente, y los jueces y fiscales que actuaron resolvieron con total libertad de conciencia. Hay que estar en la cabeza de cada uno para ver en qué manera puede afectar un ataque como el de hoy. Por eso hay que garantizar la seguridad de todos los participantes”, agregó Baclini. E insistió en que “es importante que se garanticen todas las medidas de seguridad pertinentes para que se pueda trabajar en forma tranquila. El juicio iba a ser inicialmente en forma presencial, pero ante la advertencia que tomó la Fiscalía Regional Rosario se cambió a forma virtual”.
