Intoxicados

La intoxicación masiva en la fiesta para celebrar el 48º aniversario de la UNR vuelve a poner la lupa sobre la cadena de responsabilidades públicas y privadas.

Desde un primer momento las partes involucradas esquivaron responsabilidades. El rector Héctor Floriani advirtió que la institución "no puede hacerse cargo de una comida que puede haber estado de una forma no óptima" e instruyó a los abogados de la universidad a trabajar en el tema. El chef Marcelo Megna, a cargo del catering, le apuntó a la elección del lugar. "Fue un error hacerlo ahí, un espacio muy cerrado y sin aire acondicionado", una forma elegante de decir que la descompostura de más de cien personas no se debió, al menos exclusivamente, a la comida.

No es la primera vez que Rosario es noticia por situaciones semejantes. La más grave se produjo en 1987, cuando más de 500 personas se intoxicaron en la sandwichería Aguiló, una de las más conocidas de la ciudad. Quedó siempre en duda si la muerte de un hombre de 72 años, algunos días después, se debió a que había comido en el lugar. La tradicional firma, que funcionaba en Rioja 1261, cerró definitivamente sus puertas.

El 26 de diciembre de 2000 hubo intoxicación alimentaria en una escuela; las víctimas fueron chicos del barrio toba que ingirieron un postre en mal estado. Habían ido al comedor de las escuelas 1.333 y 1.334, en la zona oeste. Las crónicas cuentan que dos horas después del almuerzo, las ambulancias del Sies no alcanzaban para trasladarlos al Hospital Vilela.

Las negligencias fueron muchas, y graves. El proveedor no tenía habilitación y cocinaba los alimentos en un garage. El ministro de Educación de la provincia separó a la directora, pero el daño ya estaba hecho.

Además de las ostensibles deficiencias de algunos servicios gastronómicos por negligencia o sabotajes, es necesario interrogarse acerca del funcionamiento de los organismos de control del Estado. Mucho más en un tema tan sensible como la alimentación, ya que las consecuencias de una intoxicación pueden cobrarse vidas.

Hace pocos meses se clausuró un bar del Paseo del Siglo, pero recién después de que circularan en las redes sociales las fotos de los roedores que compartían con los comensales el lugar. Hace tres años, un tenedor libre de calle Pellegrini fue cerrado cuando los vecinos alertaron por el olor nauseabundo que impregnaba todo el local. En 2006 Bromatología tuvo que actuar en una panadería que usaba en sus facturas bromato de potasio, que está prohibido desde 1995. Además, si uno pregunta entre familiares y amigos aparecen las anécdotas individuales o grupales que dan cuenta de horas o días de malestar gastrointestinal después de haber ido a una graduación o a un restaurante.

Si hay inescrupulosos dispuestos a transgredir las normas de higiene y seguridad alimentaria es muy complejo ejercer un eficiente control, pero también es necesario que sepan que el Estado no es un elefante viejo y sin ojos. Sino que recorre, inspecciona, hace cumplir la ley. Y también sancionar cuando corresponde. Al menos, así debería ser.