La policía arrestó a un joven de 16 años por amenazas en una escuela de Pérez. También se investigan otros casos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
Foto: Google Street View.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 16 años por amenazas a través de Whatsapp en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en Pérez.
Mientras se reanudan progresivamente las clases tras el asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal, la policía confirmó este viernes que crecieron las denuncias de amenazas de ataques a tiros en establecimientos educativos de Santa Fe -varias en instituciones de Rosario- y el temor al "efecto contagio" se extiende a Córdoba y otras provincias, según indicaron fuentes oficiales.
El caso más relevante en el departamento Rosario derivó en el arresto de un adolescente por una denuncia realizada el último miércoles en Pérez. De acuerdo a la versión preliminar, un alumno había advertido a través de Whatsapp que iba a llevar un arma de fuego al colegio.
Luego del aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 16 años para esclarecer lo ocurrido en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján. Además, la Fiscalía ordenó un allanamiento en busca de evidencia vinculada al episodio.
Según fuentes oficiales, este jueves se acumularon una decena de denuncias de pintadas con amenazas de ataques en escuelas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. A primera hora de la jornada siguiente, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, advirtió: "Son 10 provincias que están preocupadas por esta situación".
A nivel local, el mensaje de Whatsapp que encendió el alerta en Pérez tuvo repercusiones inmediatas. La policía fue a vigilar la Escuela 3038 Nuestra Señora de Luján y la jornada comenzó sin inconvenientes. Los directivos del colegio privado habían resuelto continuar con el dictado de clases con las medidas previstas dentro del protocolo definido por la cartera de Educación provincial.
Frente al inusual aumento de las denuncias que parecen ser un eco del homicidio de Ian Cabrera (13) en San Cristóbal, la vocera del gobierno santafesino indicó que existe una "preocupación generalizada" en varios puntos del país por las réplicas del caso. "Esto es un delito de intimidación, no es una broma. Tiene consecuencias", remarcó.
Coudannes destacó la voluntad de avanzar en las investigaciones de las amenazas en escuelas y apuntó que la Central de Emergencias 911 trabaja con una demora de 5 ó 6 minutos para responder ante cualquier eventualidad. Si bien planteó que el Estado está presente para brindar respuestas contra la violencia y la inseguriad, también puso el foco en la "importancia de poner esta problemática sobre la mesa en la familia".
La ciudad de Santa Fe también se convirtió en escenario de un conflicto similar con una decena de denuncias en establecimientos educativos públicos y privados. La lista de operativos realizados este jueves incluye a instituciones de Santo Tomé, una de las principales localidades vecinas.
Buena parte de los mensajes intimidatorios habían sido escritos en los baños de los edificios. De esta manera anticipaban ataques a tiros en los días siguientes, aunque finalmente no se registró ninguna acción de este tipo u otras incidencias en el dictado de clases.
En todos los casos, los directivos siguieron el protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe y acudieron a las comisarías de cada jurisdicción. Más tarde, la investigación pasó a manos del MPA.
Uno de los operativos más llamativos se realizó este jueves al mediodía en el Complejo Educativo Don Bosco, sobre avenida Facundo Zuviría y Castelli. La policía recibió aviso sobre la amenaza de un "tiroteo el lunes de 20 abril". Tras la denuncia, el padre de un chico de 13 años se presentó ante las autoridades escolares y admitió que su hijo era el autor. La fiscal Ana Laura Gioria ordenó una requisa domiciliaria que concluyó con el secuestro de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm.
En el barrio Brigadier López, madres de estudiantes de la Escuela 1.000 Marcos Sastre se comunicaron con el equipo directivo porque los adolescentes habían recibido amenazas de personas desconocidas a través de Instagram y Whatsapp. Por esta vía les advirtieron que "la pasarían mal" si iban a clases este viernes.
Las investigaciones sobre intimidaciones en establecimientos educativos no sólo avanzaron en Santa Fe. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, le confirmó a LT8 que este jueves imputaron a dos personas menores de edad vinculadas a episodios de este tipo.
Según explicó el funcionario, ambos adolescentes quedaron en la mira por amenazas agravadas por el anonimato. La Justicia de la provincia vecina abordó varios casos registrados desde el final de la semana anterior.
"Me parece que es un efecto contagio a raíz del trágico evento en San Cristóbal", opinó el representante del gobierno cordobés con respecto a las pintadas y mensajes de Whatsapp. En este sentido remarcó que "el hecho más significativo y llamativo" se dio este jueves a la mañana en un barrio periférico de La Docta: "Encontramos a un niño de 13 años y secuestramos un teléfono. La previsualización ordenada por la fiscal logró deteminar que estaría vinculado al grupo True Crime Community. Eso claramente nos encendió una luz de alerta porque no habíamos observado ese tipo de situaciones".
En cuanto a los adolescentes que ya fueron imputados, uno de los detenidos les había enviado un video a sus compañeros de la escuela mientras manipulaba un arma de fuego. "Un papá que estaba atento en el grupo lo vio y puso en conocimiento a la autoridad escolar", comentó en cuanto a la resolución del caso. Después hallaron la pistola durante un allanamiento y comprobaron que el hombre tenía permiso de legítimo usuario.
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