El presidente tiene a tiro de firma la delegación de rutas nacionales a provincias. Propone que se concesione a un privado o ente público con peaje. El convenio define todo
Por Facundo Borrego
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
La falta de alternativas logísticas eficientes aparece como una de las principales deudas estructurales de la economía argentina y como un obstáculo creciente para la competitividad del agro del interior.
El decreto que establece un marco legal para que el Estado nacional delegue en algunas provincias la facultad de gestionar rutas nacionales, como sucede con Santa Fe con la A012, está a la firma del presidente Javier Milei. La particularidad es que propone que las provincias otorguen una concesión a un privado o un ente público por peaje para la administración y mantenimiento, algo que debe rubricarse por convenio entre las administraciones.
La demora de la firma del decreto, que en teoría estaría para este miércoles 15 como dice el borrador, retrasa también el convenio posterior que deberá firmar el gobernador Maximiliano Pullaro para hacerse cargo de la traza nodal del sistema productivo.
El Artículo 1° delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz “la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje respecto de la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de personas humanas o jurídicas de derecho privado o de entes públicos provinciales”.
Previa rúbrica del convenio de condiciones, obras y tramos con Vialidad Nacional y la posterior validación de la secretaría de Transporte, las provincias quedarán facultadas para actuar. En primer término con la reparación a cuenta provincial y luego para "aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes, adjudicar y suscribir los instrumentos contractuales, y todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente". Viene para largo.
Según se interpreta del artículo, se habilita, no se obliga al proceso de concesión. En principio, el gobierno provincial no pensaba en peaje para sostenerlo, pero la situación fue cambiando y todo se definirá en el convenio.
Hay un párrafo clave. “Los tramos de rutas nacionales involucrados en los convenios (...) no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo Corredor Vial junto con otras rutas o tramos pertenecientes a otra jurisdicción”, habrá que ver cómo encaja esto con la idea del gobierno provincial de realizar un sistema único de accesos y conexiones viales a puertos.
Se trata de un circuito de rutas de acceso a los puertos que mejore la logística con una concesión a través de un fideicomiso o para privados que unifique el cobro de los camiones de la tasa de ingreso a los puertos. Así se costearía el mantenimiento y obras de magnitud. En conclusión, la A012 en su poder es la llave de Pullaro para avanzar con el otro esquema de rutas aunque habrá que analizar cómo compatibiliza con el decreto.
Pero al margen de la explotación posterior, el plan de reparación inmediata contempla bacheo, eliminar los ahuellamientos, tapar los pozos en la emergencia y mejorar las condiciones de transitabilidad. Luego sí lo mencionado con puentes, rotondas, dobles carriles, etc, para acceso.
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El objetivo principal del gobierno nacional es descentralizar las tareas de mantenimiento, reparación y ampliación de la red vial, permitiendo que las jurisdicciones locales seleccionen entidades privadas o públicas para estas labores.
“Es un reclamo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: el arreglo de la infraestructura vial nacional, particularmente de la A012”, señaló Pullaro, y recordó que la provincia ya había solicitado en reiteradas ocasiones la transferencia de esa traza para poder intervenirla.
En otro pasaje el decreto señala que las jurisdicciones delegadas deberán asumir el compromiso de respetar los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.
En ningún caso la delegación podrá exceder de treinta años contados desde la aprobación del convenio. Santa Fe prefería que sea a perpetuidad, aunque los 30 años le cierran. La delegación no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado nacional.
En el artículo 8 aclara que “extinguido el contrato de concesión por cualquier causa” cesará la delegación conferida y el Estado nacional retomará la gestión y mantenimiento”.
El pasado 1º de abril el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció ante el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario: "Le estamos dando a las provincias rutas que las provincias tienen presupuesto y nosotros no y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente en Santa Fe le estamos dando la ruta nacional A012".
Los dichos suponen poner fin a 22 meses de gestiones del gobierno santafesino que buscó una respuesta al pedido de cesión de este anillo vial que recorre desde el empalme con la ruta nacional 9 en Pueblo Esther hasta San Lorenzo durante casi 70 kilómetros y representa un corredor vial donde transita la cosecha hacia los puertos cerealeros de la región.
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