El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, negó ayer que funcionarios del gobierno, encabezados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hayan “irrumpido” en una asamblea de accionistas del Grupo Clarín y señaló que, por el contrario, era su “obligación” concurrir.
“Estábamos legitimados con el poder suficiente y nos acreditamos”, explicó Reposo, quien participó del encuentro, que duró cuatro horas, junto a Moreno y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Reposo señaló que los representantes del Grupo Clarín “hablan de irrupción”, aunque indicó: “Nosotros acreditamos y teníamos el poder suficiente para hacerlo; teníamos el deber y la obligación de participar” de la asamblea.
Sucede que el Estado nacional es accionista del Grupo Clarín (el 9% del total del paquete) y de otras empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que maneja la Ansés.
“Teníamos todo el derecho de entrar y participar de la asamblea”, justificó Reposo, y denunció que desde la otra parte “buscaron todas las vueltas, nos abuchearon, pusieron patovicas en la entrada para que no nos dejen ingresar”.
Para Reposo, “lo grave es lo que se discutió”, porque el Grupo Clarín —según dijo— “viene año a año bajando el nivel de ganancias básicamente por apostar a una sola empresa, que es Cablevisión, el resto está trabajando al límite entre la ganancia y la pérdida”.
Luego explicó que la intención de los funcionarios fue pedir “explicaciones” por las “pérdidas que está teniendo este grupo producto de esta administración”.
Al respecto, señaló que el Grupo Clarín podría tener deudas de “1.500 millones por no adecuarse a la ley de medios”.
“Adecuándose a la ley de medios podrían maximizar sus ganancias. Lo único que le importa a este grupo” es enfrentarse al gobierno nacional, denunció.
Recibidos con insultos. Anteayer, Moreno y Kicillof ingresaron al edificio de Grupo Clarín para participar de la junta de accionistas, en carácter de representantes del Estado, que tiene acciones en el multimedio heredadas de la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Los funcionarios recibieron “algunos insultos de gente que estaba en el hall” de acceso al salón de actos del grupo, confirmó una vocera del Ministerio de Economía, que descartó que haya habido hechos de violencia física.
El motivo de la participación en la junta de accionistas es porque el Estado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), cuenta con alrededor de un 9 por ciento del paquete accionario, que le quedó una vez que estatizó en 2008 las jubilaciones privadas.
Durante esa reunión se votó, con la sola oposición del Estado, la designación de nuevos directores.
La última vez que un funcionario nacional había estado en el edificio de Clarín fue a fines del año pasado, cuando el titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, concurrió a notificar a la compañía sobre el inicio del proceso de desinversión que establece la ley de medios audiovisuales .
Por Gonzalo Santamaría
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