El conflicto que se desató entre el Club Argentino y la Municipalidad por las poco más de dos hectáreas (sobre un total de 12) que ocupa la entidad en Sorrento 1401, y que están destinadas a la continuidad de un plan estatal de viviendas, transitará hoy otro capítulo. Esta vez será con una nueva audiencia de mediación entre representantes legales del club y del municipio, que exige esas tierras, propiedad de la Nación, para poder avanzar con la segunda fase del barrio Travesía (ex Sueños Compartidos, Madres de Plaza de Mayo). La otra novedad relevante es que ayer la institución deportiva solicitó formalmente una reunión con la intendenta Mónica Fein y el Concejo Municipal, “si es posible en forma conjunta”, adelantó el abogado de Argentino, Juan Pablo Bisonni. “El club tiene la mejor predisposición para que se destrabe este conflicto”, sostuvo, aun cuando subordinó esa posibilidad a que se decida cambiar la localización de las futuras casas.
Los trámites pretenden encauzar por aguas más calmas la disputa que ya lleva meses, pero que el martes pasado terminó con incidentes rayanos en la violencia en el polideportivo Néstor Kirchner que tiene la entidad en el noroeste rosarino, terrenos que ocupa (no sin conflicto) al lado del club
Reflejos.
Sobre la legalidad actual de esa ocupación pivotea la polémica: mientras el municipio dice que tiene totalmente acreditado que la Nación le pidió “arbitrar los medios” para avanzar con la segunda etapa de 244 viviendas del plan Travesía, 64 de las cuales están proyectadas justamente en las dos hectáreas controversiales, el club asegura que “la renovación del contrato (permiso de ocupación) ante la Adif está en trámite”.
Desde la Nación. Hilando más fino: según la Municipalidad, el planteo para que avanzara con las obras sobre esos terrenos (que se hacen con fondos y sobre tierras nacionales) le llegó de la propia Secretaría de Gestión del Hábitat de la Nación. En cambio, el abogado del club mencionó a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias como el organismo ante el cual desde hace años tramita el permiso para funcionar en esas tierras.
Lo cierto es que el martes pasado —según la Intendencia, después de notificaciones reiteradas; según el club, sin previo aviso— al predio de Sorrento 1401 llegó una avanzada con funcionarios e inspectores municipales, fuerzas de seguridad y hasta topadoras de la empresa contratista de las obras, Pecam.
En ese intento de recuperación de las tierras (de hecho, dos canchas terminaron arrasadas por las topadoras y se levantó un cerco) ardió Troya: hubo insultos, corridas, cruces y hasta golpes. Un inspector municipal terminó incluso en el hospital, mientras socios y simpatizantes del club iniciaban un acampe defensivo que finalmente se levantó anteayer, cuando la Justicia llamó a las partes a una audiencia de mediación.
Esa instancia —cuyos contenidos no trascendieron porque existe un acuerdo de confidencialidad previsto por el propio procedimiento— fue la primera y hoy, según fuentes de cada una de las partes involucradas, se hará la segunda audiencia en un intento de acercamiento “sólo entre abogados”.
De hecho, el representante legal del club relató a La Capital que una asamblea realizada antenoche en el polideportivo, “con la presencia de más de 200 socios, hinchas y vecinos”, resolvió solicitar una entrevista a la intendenta y a los concejales de la ciudad. “Si es posible, en conjunto”, dijo Bisonni. Expeditivamente, ambas notas ya se cursaron ayer.
Predisposición. El abogado se encargó de remarcar que “el club tiene la mejor predisposición” y “no se opone a ningún plan de viviendas”. Pero a la vez, eso sí, reclamó que no se edifique sobre las dos hectáreas en conflicto porque “las canchas (recientemente demarcadas) son necesarias” en función de que el Salaíto juega en los torneos de la AFA y la Liga Rosarina.
