Miguel Lifschitz acaba de plantear como cometido elemental de gobierno que se noten rápidos cambios en materia de seguridad pública. Para reformular la política en el área el gobernador electo tiene cifradas sus expectativas en un especialista en Inteligencia Criminal que se incorpora a su elenco desde la semana próxima. Eduardo Estévez fue planificador de estrategias de prevención del delito en la gestión de León Arslanián en la provincia de Buenos Aires, en la cual se lograron incuestionables bajas en ilícitos como homicidios, secuestros o robos calificados de bandas. A partir de la semana próxima trabajará en análisis de información criminal para elaborar diagnósticos y acciones concretas en Santa Fe.
"Para eso será clave estudiar el movimiento del delito por zonas. Hay que tener objetivos basados en la observación de la realidad y una relación muy estrecha entre las metas con los presupuestos económicos disponibles", le dijo a este diario. El propósito: "que el gobernador y los fiscales tengan información actualizada y que pueda haber análisis de información e inteligencia criminal".
—¿Ha podido formarse una idea de cuáles es el estado de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe?
—Entiendo que se necesita profundizar una política de seguridad ciudadana lo más amplia posible para la prevención social y comunitaria del delito. Lo tradicional en la historia de la seguridad ha sido basar las políticas en la acción policial. Por imperio del avance demográfico y el deterioro económico se incrementó el delito en los ámbitos urbanos en toda Latinoamérica. Eso hizo que la tradicional gestión con recursos policiales no alcanzara e indujo a que el ámbito político tuviera que involucrarse en estas cuestiones. Esa política de seguridad ciudadana implica la asunción a una serie de premisas: es multidisciplinaria, trabaja en diversos niveles y apunta a la prevención. Hay políticas orientadas a la disminución de la violencia, con infraestructura, vivienda, educación y salud. Luego está la prevención situacional que es la que se diagrama en base a la georreferenciación, al trabajo con videocámaras, al mejoramiento de la vía pública con iluminación adecuada y calles.
—¿Qué importancia da al manejo de la información territorial para acciones en seguridad?
—En el caso más tradicional en la provincia de Buenos Aires, en las gestiones en las que intervine bajo conducción de León Arslanián, la georreferenciación de delitos permitió reconocer las zonas calientes de inseguridad en base a denuncias o llamados al 911, lo que fue contrastado con cantidad de población para construir tasas. Se trata no solo de apreciar los delitos denunciados sino los que el 911 atendió con recursos policiales. Eso asegura ver mes a mes las tendencias en áreas geográficas y establecer estrategias de acción en la calle basadas en datos y no en intuiciones.
—¿Cuál va a ser su rol? ¿Qué le han pedido?
—Me hago cargo de la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos que es la que estaba a cargo de Ricardo Spadaro. Vamos a continuar lo que inició el doctor Spadaro. Mi objetivo como secretario es lograr que haya suficiente información analizada disponible, a partir de la ya existente en el sistema de seguridad pero organizada de manera óptima, para que el gobernador, los fiscales y las áreas investigativas tengan lo necesario para desarrollar bien su trabajo.
—Lo que no hay es un banco unificado de datos penales al estilo de Chile, donde organizaron un esquema combinando información de sistema judicial, registro civil, fuerzas de seguridad, fiscalías, defensorías, que aporta precisión sobre delitos y situación de imputados.
—Hacer algo similar va a ser viable y la clave sería posibilitar el acceso a las diversas bases de datos en una plataforma. A veces la idea de unificar produce resistencias porque supone que una sola dependencia va a detentar todo. El intercambio de información sobre bases tecnológicas donde cada uno acceda a lo que necesita en razón de sus competencias es lo esperable. Eso debe ser sistematizado de manera ágil y que habilite la comunicación entre los diferentes bancos de datos. Ahí es clave la articulación para que nadie pierda individualidad pero todos puedan aprovechar la información del otro. Hay que distinguir conceptos. Información criminal son las estadísticas criminales. La inteligencia criminal es el análisis de cómo funciona el delito y en qué zonas. Eso permite la comprensión de los fenómenos y lleva a mejorar actividades de prevención e investigación. El objetivo es que el gobernador tenga información actualizada y que pueda haber análisis de información e inteligencia criminal.
—Usted cree que el trabajo policial de comisarías o unidades de zona, como pasó durante la gestión de Arslanián en Buenos Aires, debe estar sujeto a metas?
—Absolutamente. Lo que vamos a hacer es definir planes y previsiones en las unidades territoriales policiales que se puedan ir corrigiendo en base a resultados. Y volcar los recursos, ampliarlos y distribuirlos mejor en base a objetivos claros. La planificación es fundamental y la palabra clave. Si no sabemos a dónde queremos ir no sabremos qué técnicas y qué recursos usar.
—En Argentina la inteligencia tiene mala prensa por la tradición autoritaria de quienes la hicieron y los usos extorsivos de la información. ¿Qué valor asigna a la inteligencia criminal?
—Desde 2001 tenemos en Argentina la ley 25.520 de Inteligencia Nacional que incluye el concepto de Inteligencia Criminal, circunscripta a determinadas actividades criminales, que tienen que ver con la afectación del sistema democrático, del ataque a la vida. La inteligencia criminal le sirve al poder civil para definir las prioridades de políticas públicas sobre delitos complejos. Sirve a la fuerza de seguridad para desarrollar de manera programada sus actividades. La actuación policial basada en inteligencia está definida y avalada por Naciones Unidas con el concepto de LED (Inteligence Led Policing). Es lógico que la vieja inteligencia esté cuestionada porque se hacía con fines políticos con espionajes aberrantes a ciertos sectores de la comunidad, como se advirtió al abrir el archivo de la memoria de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
—Qué rescataría de su experiencia del trabajo en la gestión de Arslanián?
—La visión de que la política puede convivir con eficacia con los jefes policiales en base a un objetivo posible. Eso me queda de las dos experiencias con Arslanian (1998/99 y 2004/2007) y del trabajo en el Instituto de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires con Marcelo Saín que permitió trabajar en aspectos profundos y en planificación de mediano plazo. Con Arslanian destaco dos cosas. Una es el trabajo planificado en base a información criminal idónea. La otra es la adopción de un muy sustentado sistema de controles diversos. El control de la corrupción fue muy fuerte. También los controles técnicos de los recursos policiales a partir de las estadísticas delictivas y de la operatividad policial con el sistema de GPS para determinar qué estaban haciendo. El control de gestión, que no es lo mismo que el control político, consiste en la verificación sobre las condiciones en que una dependencia trabaja: cómo cuida el armamento, como trata al ciudadano cuando se acerca para hacer denuncias. Y tener una adecuada especialización de las policías para que no todas las policías hagan todo. En la gestión de Arslanian hubo un criterio de especialización: policía de investigaciones, policía de comunicaciones, policía de inteligencias, policía de seguridad trabajando todas de manera coordinada. Eso permitió tener información y trabajo exitoso sobre las bandas. Lo que además reivindico de Arslanian es su fuerte convicción como conductor político. El pregonaba trabajar de manera honesta y al detalle. No quedarnos en La Plata mirando los sucesos sino ir a donde estaban los problemas, buscar las razones de esos problemas y resolverlos.
