Con sorpresa he leído que la intendenta propone cobrar multas de hasta 10.000 pesos a quien cruce semáforos en rojo con el fin de subsidiar el transporte público, reduciendo así el precio del viaje. No me opongo a endurecer las penas frente a una actitud peligrosa como ignorar el semáforo ni a reducir el precio del transporte. Lo que no encaja es que lo primero tenga por objeto lo segundo. La multa debería estar destinada a financiar un sistema disuasorio de la conducta que motiva las faltas, no a un fin recaudatorio en sí. Por otra parte, la multa es una autorización a violar la ley para quien tiene mucho dinero, estableciendo una enojosa discriminación. Si en lugar de ello se quitara el carné de conducir por un mes y se obligara a asistir a un taller a través del cual los infractores fueran persuadidos de lo inconveniente de su actitud, o bien se requiriera la realización de servicios comunitarios orientados a reconocer el error y modificar la actitud futura, el impacto sería, a mi juicio, muy superior. La reducción de los accidentes podría suponer una reducción de los gastos en salud pública motivados por la atención primaria de gran número de accidentados, ahorro que podría destinarse el transporte. También se podría operar un incremento en la patente o incluso agregar una tasa por litro de combustible consumido orientado a subsidiar solidariamente al transporte público. Esta tasa tendría, además, un efecto disuasorio sobre el uso del automóvil particular.
