La sala IV de la Cámara Penal de Rosario apartó, en voto dividido, al juez Javier Beltramone de la causa donde se investigan las responsabilidades penales en el accidente de Salta 2141. Familiares de las 22 víctimas y damnificados habían valorado el compromiso del magistrado para llegar a la verdad, pero el Tribunal de Alzada hizo lugar al planteo de recusación de Litoral Gas y los abogados defensores de los administradores del edificio, quienes aludieron que estaba en juego la imparcialidad del juez tras haber "preopinado y prejuzgado acerca de la situación procesal de inspectores de la compañía que actuaron previo al accidente. La titular del juzgado de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, ahora será la encargada de dirigir la pesquisa de la tragedia.
Desde que el 16 de agosto Beltramone asumió la investigación del caso, su rol de juez instructor tomó notoriedad. Pero los abogados de Litoral Gas entendieron que preopinó en notas periodísticas al referirse a inspectores de la empresa (llamados a declaración indagatoria, pero cuyo trámite está pendiente) que hicieron constataciones previas en el edificio siniestrado el 6 de agosto.
Así, la empresa y los abogados de dos de los titulares de la administración que fueron indagados, directamente recusaron al juez, a quien le pidieron que se apartara porque estaba en juego su imparcialidad. Esa solicitud fue rechazada y el incidente quedó a resolución de la sala IV de la Cámara Penal, que ayer resolvió apartarlo.
El fallo fue dividido entre los integrantes de la sala. Mientras que Carlos Carbone se opuso, los jueces Daniel Acosta y Rubén Jukic avalaron la recusación del Beltramone y fundamentaron su decisión.
Entre las pruebas que los jueces ponderaron para separar a Beltramone, se analizó material con entrevistas y conferencias de prensa. Una del 23 de agosto donde, según la Cámara Penal, "se ve y se escucha claramente al juez emitiendo la manifestación: «La responsabilidad legal de Litoral Gas es clara, porque es una empresa que está operando por un servicio derivado de una privatización». Los magistrados expresaron que, inmediatamente, Beltramone agregó que no podía aportar mayores precisiones "ya que todo lo que signifique opinar sobre la responsabilidad sería preopinar".
Según los jueces, esa aclaración final fue una "evidente toma de conciencia de que lo anterior había sido un exceso". La resolución se apoyó además en otra declaración radial. "A esta desafortunada expresión —dice el Tribunal en referencia a lo anterior—, la parte recusante adjunta un archivo de audio donde en la entrevista en alusión a los responsables de la administración del consorcio, habla de una "anomalía grave" que amerita "el llamado a recibirle declaración indagatoria a inspectores que protagonizaron hechos anteriores y no inmediatos" al accidente. "Se advierte que lo que transmite el juez no es información relativa a la marcha de la investigación, sino juicios de valor que superan la franquicia de la sospecha necesaria para recibirle declaración indagatoria; pues son juicios definitivos formulados antes de escuchar a quien se lo vincula en sospecha relativa a las anunciadas inconsistencias normativas", analizaron los jueces Acosta y Jukic al inclinarse por aceptar el pedido de recusación.
La causa, donde se investiga la fuga de gas y posterior explosión y tiene hasta ahora como imputados al gasista Carlos García, su ayudante y a dos administradores del edificio, ahora pasará a manos de la jueza Patricia Bilotta, aunque seguirá bajo el impulso de la fiscal Nº 11, Graciela Argüelles.
