Agustina Cherri debería devolver 2,5 millones al Chaco por una serie

La actriz Agustina Cherri tendría que devolver el monto millonario del contrato que firmó con el gobierno del Chaco para producir contenidos televisivos, en el que se obviaron trámites legales obligatorios, según denunció el diputado radical Livio Gutiérrez.

Después de haber dejado un tendal de deudas millonarias con Rosstoc, la productora que armó "en un momento de consumo" de cocaína, Gastón Pauls, esposo de Cherri, volvió a dedicarse a producir envíos televisivos. Pero esta vez cambió de nombre: su nueva empresa se llama Taha, figura bajo control de Cherri y logró un contrato por 2,5 millones de pesos con el gobierno de Chaco, informó la revista Noticias. Ahora, esos millones están en la mira de la Legislatura.

Taha SA, creada por Cherri en La Rioja poco antes del quiebre de Rosstoc, produce la tira "Historias Sencillas" para la provincia de Chaco, gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich. Gracias al decreto 992, firmado el 16 de mayo de 2011, el Estado provincial decidió pagarle a la empresa unos 2.589.073 pesos, en nueve cuotas, por la realización de ocho episodios televisivos de 26 minutos cada uno.

A pesar del carácter público de los documentos estatales, la actriz "firmó un contrato de tipo confidencial con (el área de) Cultura de la provincia", cuyos detalles específicos se desconocen.

En relación a la denuncia de Gutiérrez, se comprobó que no existió la necesaria participación de Fiscalía de Estado en el trámite.

El fiscal de Estado debe participar en todo acto administrativo del que pueda surgir obligación del Estado de indemnizar o en el que exista interés patrimonial o fiscal comprometido.

La participación será necesaria y previa a la suscripción de contratos por montos superiores a 300 sueldos del salario mínimo de la administración pública provincial.

Por la posibilidad de delitos de acción pública, se remitió el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. De esta forma, Cherri y los funcionarios involucrados deberán devolver el dinero.

Efecto multiplicador. Al ser consultado por los fondos que el gobierno chaqueño destinó a la productora de Cherri, el gobernador Capitanich justificó el pago a productoras audiovisuales de Buenos Aires y la inversión en eventos deportivos de trascendencia asegurando que "eso puede generar un efecto multiplicador, puede generar construcción de imagen y puede atraer más inversiones". Así, el mandatario chaqueño respondió las críticas del diputado Gutiérrez. "¿Cuánto cree el diputado Gutiérrez que sale una película?", contestó Capitanich en declaraciones radiales, y subrayó que "la producción de contenidos audiovisuales tiene un valor, y ese valor es un valor transparente y de mercado".

El jefe de Estado chaqueño aclaró: "Me parece muy bien que sean rigurosos en las funciones de control porque es así, pero fundamentó que el sector público tiene múltiples procesos de asignación de recursos".

"Un partido de Boca y River permite que entre 50 y 100 países del mundo se mencione la palabra Chaco, un partido de Argentina y Brasil tiene un impacto similar. Todo eso tiende a garantizar condiciones en donde la provincia tiene una impronta distinta", concluyó Capitanich.

Verosimilitud. Gutiérrez recordó que "el señor fiscal de Estado ha informado a nuestro bloque mediante nota de fecha 20 de septiembre de 2012 que no ha intervenido en relación al decreto 992/12, el que en su artículo 1º ratifica en todos sus términos el contrato celebrado entre el Instituto de Cultura del Chaco y la Productora Taha S.A, el fiscal ha acreditado esa situación acompañando hoja de ruta del expediente de la actuación simple Nº E-34-2012-2606 al mencionado expediente por el cual se pagaron los 2.589.073,30 de pesos a la titular de la empresa audiovisual, la actriz Agustina Cherri". Los legisladores señalaron que "esto demuestra la verosimilitud de la presentación realizada por nuestro bloque entendiendo que se estaría violando la ley 6.808 por la cual el fiscal de Estado debe intervenir en todo proyecto de contrato, para su interpretación o para su rescisión o anulación que tenga por objeto bienes del Estado, cualquiera sea su clase y naturaleza jurídica, y en especial intervenir en toda cuestión sobre enajenación, transferencia, permuta, donación o concesión de bienes del Estado o de servicios públicos".

Delito de acción pública. "Asimismo el señor fiscal nos ha informado que debido a nuestra presentación como bloque se podría estar en presencia de un delito de acción pública debido a la violación de la ley 6.808 atribuyendo la conducta a funcionarios públicos de «inobservancia de los deberes de funcionario público», es así que considera el suscripto que previo a cualquier acción que pueda promoverse desde esa fiscalía, le da inmediata intervención además a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, razón por la cual corresponderá esperar se nos informen los resultados a los que la misma arribe" y aclararon que "queremos reiterar desde nuestro bloque que el decreto es nulo, ya que del propio precedente el señor fiscal nos ha informado que respecto al pago de 1.300.000 de pesos a la Productora Valga SRL cuyo titular es el actor Víctor Laplace, sí ha intervenido".

"El fiscal de Estado debe participar en todo acto administrativo del que pueda surgir obligación del Estado de indemnizar o en el que exista interés patrimonial o fiscal comprometido, en este caso el señor fiscal nos ha informado que no ha participado en los términos de la ley por lo cual entendemos que el contrato es nulo ya que se han omitido, a sabiendas del Ejecutivo Provincial, todos estos pasos previos y se ha abonado a Agustina Cherri sin cumplir con los requisitos legales, es por ello que oportunamente requeriremos al señor fiscal de Estado en virtud del artículo 174 de la Constitución provincial que reza que el señor fiscal de Estado tendrá la obligación de demandar la inconstitucionalidad o nulidad de leyes, decretos, resoluciones o actos públicos cuando fueren contrarios a las prescripciones de la Constitución o perjudiquen los derechos e intereses de la provincia".