Una magistrada del fuero laboral hizo lugar al amparo que presentó la CGT contra el decreto 340, que declaraba como servicios esenciales a la mayoría de las actividades económicas.
El gobierno nacional intentó dos veces suprimir por decreto el derecho de huelga.
La Justicia laboral suspendió los artículos centrales del decreto nacional 340 que firmó el gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 de la norma, al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.
La decisión representa un revés para el gobierno, que había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga, endureciendo las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance. Según la CGT, el decreto de necesidad y urgencia de Milei cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen rango constitucional.
El escrito presentado por la central obrera sostiene que “la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución nacional, requiere un debate parlamentario”, y advierte que el decreto avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. Además, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.
La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 de la norma será provisorio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida permite que, por ahora, siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina.
El fallo judicial ocurre en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones de distintos colectivos de trabajadores en reclamo de aumento de salarios, en rechazo a los despidos o en procura de mejores condiciones de vida. De hecho, este miércoles, cuando la Cámara de Diputados discuta los proyectos de ley de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional, convergerán con la habituar marcha de jubilados las protestas de trabajadores del Garrahan, los investigadores del Conicet y los afectados por los recortes en los programas de asistencia a discapacitados, entre otros.
La CGT celebró la decisión como “un triunfo de la democracia” y advirtió que continuará “en la calle y en la Justicia” para defender los derechos laborales.
El decreto 340 desregula los servicios de transporte fluvial y marítimo de cabotaje, y tiene como objetivo dar el golpe final a la marina
mercante argentina. Fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de mayo y llegó con la demolición del derecho de huelga bajo el poncho. El mecanismo elegido para limitar ese derecho constitucional fue declarar como servicio esencial a ese sector y obligarlo a garantizar
un mínimo de actividad cuando se toman medidas de fuerza, que en algunos casos llega al 75%. Pero en la misma norma incluyó una modificación a la ley 25.877, de régimen laboral, y que rige para todos los rubros del mundo del trabajo.
Así, la prohibición de llevar adelante medidas de fuerza que interrumpan más de un 25% de las tareas, se extendió a tareas tan diversas como los servicios de salud, la comercialización de agua y combustibles, el servicio de Internet, la aviación comercial, la actividad portuaria, los servicios de aduanas o la educación.
El decreto también incorporó la figura de “actividades de importancia trascendental”, a las que le impone mantener un mínimo de 50% de sus actividades. Ahí mencionó al transporte público, la radio y televisión, las actividades de la industria y la construcción, de reparación de aeronaves, la actividad minera, de frigoríficos, correos, venta de alimentos, los servicios hoteleros, gastronómicos, bancarios, entre muchos otros.
El Poder Ejecutivo ya había intentado avanzar contra el derecho de huelga cuando firmó el decreto 70/23 pero un fallo de agosto de 2024 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó por inconstitucionales los artículos que avanzaban en ese sentido. “La decisión de introducir una modificación deliberada de la ley 25.877 fue un atajo ilegal del gobierno, ya sabe que lo que hace es inconstitucional”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
El fallo de la jueza laboral frenó la nueva maniobra del gobierno, justo en el inicio de una semana que promete ser conflictiva en lo social. El epicentro será el miércoles en el Congreso, cuando confluyan movilizaciones de diversos actores sociales con una sesión especial en la Cámara de Diputados, que debatirá un aumento a las jubilaciones del 7,2 %, y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad.
Para cuando se debatan las iniciativas en la Cámara Baja, el presidente Javier Milei estará preparando las valijas para partir una vez más al exterior. Viajará el jueves en una gira que lo llevará al Vaticano, España, Francia e Israel.
Gremios locales celebraron la decisión de la Justicia que este lunes suspendió de forma provisoria el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 del gobierno nacional que limitó el derecho a huelga.
Mauricio Brizuela, secretario general del gremio de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de San Lorenzo (Soepu): “Es un fallo que se esperaba , porque ya la justicia se había expedido sobre el tema , pero bueno es una muestra más que este gobierno ataca a los trabajadores y sus organizaciones , y hoy más que nunca necesitan meter agenda porque el plan económico no le está funcionando y sin el salva vida del FMI el escenario sería totalmente distinto”, dijo y agregó: “Siguen endeudando al País y rompiendo la industria Nacional”.
Por su parte, Javier Ojeda, titular del gremio de la Sanidad Atsa Rosario indicó que, “este fallo nos parece bien y es un elemento que tenemos para frenar a este gobierno pero lo que consideramos importante es que la CGT este mas activa”.
Por el lado de los trabajadores cadetes, se expidió Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato en Rosario manifestando que, “es importante este fallo para poner un freno a este gobierno”.
Por Leandro Garbossa
