El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, confirmó ayer que por la sequía, en Argentina se dejarán de cosechar 6,5 millones de hectáreas de soja, maíz, y trigo, un área similar a la mitad de la superficie de la provincia de Santa Fe. Frente a eso, le reclamó al Estado que “tome medidas urgentes que les permitan a los productores recuperarse de este impacto”. En cambio, impugnó el nuevo dólar agro que “sólo funciona como un parche cuando se necesitan divisas”.
Al apuntar contra la efectividad del nuevo Programa de Incentivo Exportador (PIE), Simioni recogió las críticas del sector primario que resonaron esta última semana en el Mercado Disponible de Rosario, donde los productores se mostraron reticentes a vender mercadería por los bajos precios que ofreció la exportación. “Ayer tuvimos una reunión con el gobierno y se nos informó que hasta el 31 de mayo no habrá cambios en la paridad cambiaria del dólar agro”, alertó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, para despejar esperanzas infundadas de aquellos que aguardan mejores precios.
Como la crónica de un discurso anunciado, Simioni enumeró los efectos devastadores de la sequía sobre el sector. Recordó que la entidad bursátil recortó entre marzo y abril de 27 a 23 millones de toneladas la producción de soja y de 35 a 32 millones la de maíz, lo que representan pérdidas de más del 50% respecto de lo que se esperaba al inicio de la siembra. También, que esto generará que el polo sojero “pierda su posición de líder mundial a manos de Nueva Orleans” y el país “su liderazgo como exportador de harina de soja en manos de Brasil”.
Y dijo que esto tendrá un correlato en el interior “donde la vida y la economía gira en torno a la actividad agropecuaria”.
Sus palabras abrieron el remate del primer lote de soja de la campaña 2022/23, un acto tradicional que da inicio formal de la oleaginosa. En esta oportunidad, se subastó una partida de 35.530 kilos, por la cual la firma Boero pagó $148 mil la tonelada, un valor que a tono con los tiempos que corren, fue apenas un 50% por encima del precio base del remate que arrancó en $101.000 emulando la pizarra de ayer. El lote provino de Potrero Norte (Formosa), fue producido por La Constancia Agro SA y se descargó en la terminal de Louis Dreyfus en Timbúes. Intervino como corredora la firma Enrique Zeni y como entregador Carlos Conti.
Como es habitual, los pasillos del primer piso de la Bolsa, donde funciona el recinto del mercado físico de granos, se pobló de operadores granarios, empresarios, políticos provinciales y locales. Participaron del acto el gobernador Omar Perotti, el secretario de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna y el intendente Pablo Javkin y por primera vez en estos cuatro años de la actual gestión de Alberto Fernández, no hubo representantes del gobierno nacional.
Las demandas del sector se concentraron en el “reconocimiento inmediato de los estados de emergencia o desastre agropecuario y asistencia financiera por parte de la banca pública y privada” y en particular “la derogación de la circular del Banco Central 7720 que encarece el financiamiento de productores con tenencia de soja”. Además, “un marco impositivo justo”, en especial la eliminación de las retenciones; “incremento del corte de naftas con biocombustibles” y “poner en valor la infraestructura básica de transporte de cargas que, salvo el ferrocarril, no ha tenido grandes avances en los últimos 20 años”, dijo Simioni.
Frente a las críticas, Perotti y Costamagna optaron por sumarse a la vereda de los cuestionamientos al gobierno nacional más que defender su propia gestión. “Ver al campo sólo como un generador de divisas, impide que puedan ser acertadas las políticas que se toman”, dijo el ministro de Producción y cuestionó la normativa 7720 del BCRA. “En la provincia lanzamos créditos subsidiados por $ 8.500 millones y nos duele que ningún productor pueda acceder por esta resolución”, dijo y señaló que de ese modo “se dilapidan todos los esfuerzos que se hacen”.
En tanto, el gobernador pidió “un cambio en las políticas impositivas para el sector”. Fiel a su posición al respecto, fue crítico sobre el esquema de retenciones. “Uno no desconoce lo que significan en la recaudación para creer que de la noche a la mañana pueden desaparecer, pero hay que hablar de una reducción gradual, para que mayores volúmenes de producción sean los que nos aporten más”, dijo y señaló: “No porque este sector tenga potencialidad hay que ponerle cada día una alícuota mayor pensando que aguanta, porque hoy no hay más margen”. Un capítulo menor le dedicó a destacar las obras de infraestructura ferroviaria, especialmente las obras del Belgrano Cargas donde la Nación hizo un fuerte desembolso y hoy permite que el tren llegue a las terminales portuarias.
En cambio, el mandatario provincial recordó que su gobierno arrancó con la pandemia y termina con la sequía y por eso se enfocó en contabilizar las pérdidas. Confirmó que “la sequía le recortó 2 puntos al Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe en 2022” y el impacto será aún mayor por la pérdida de recaudación de tributos vinculados a la actividad, como el inmobiliario rural. “El sector representa 20 puntos del PBG y se perdió la mitad, con lo cual las pérdidas que se están contabilizando en el primer trimestre de este año son mucho mayores”, agregó.
Así también lo expresó Costamagna, quien aseguró que “el problema climático muestra lo que está ocurriendo en las localidades, el comercio”, pero también alertó que esto será lo que se verá en forma más acentuada en el segundo semestre “con los transportistas, la construcción y los puestos de trabajo”.