El cierre de la exportación de nafta y gasoil para abastecer el mercado interno y la orden de
retrotraer los precios internos a los vigentes al 31 de octubre pasado será controlado con la
colaboración de las provincias y municipios de todo el país, informaron desde diferentes
jurisdicciones.
La Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno le
propuso a los gobiernos provinciales y municipales que se encarguen de garantizar el abastecimiento
en su propio territorio y la invitación fue aceptada por la mayoría de las regiones. La idea del
gobierno nacional es que se controle que las bocas de expendio de las petroleras entreguen la
cantidad de combustible que las estaciones de servicio solicitan y también que se verifique si los
precios se ubican en los montos vigentes al 31 de octubre de 2007.
En Santa Fe todavía no se pusieron en marcha los operativos pero en
Buenos Aires ya se realizaron más de 80 controles en estaciones de servicio de la provincia. El
procedimiento fue desarrollado por el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba),
Santiago Montoya, quien calificó de “muy frecuentes” la aparición de anomalías en el
expendio de naftas y gasoil en el territorio bonaerense.
Montoya explicó que si se detecta una infracción se realizan las actas
de incumplimiento correspondiente y se envía copia a la secretaría de Comercio Interior, que está a
la espera de esta información con vistas a que en 24 ó 48 horas se normalice la situación.
“Este es un operativo conjunto con Nación. Todos los sectores tienen que entender que tienen
que ganar un poco menos para que ganemos juntos. Hay un Estado nacional decidido a proteger a la
sociedad frente a los sectores poderosos como es el sector petrolero”, sostuvo.
Provincias. El gobierno salteño informó que también se lanzará a verificar la
provisión de combustibles en las estaciones de servicio provinciales, en sintonía con la decisión
de la administración nacional.
El titular de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages
(Foeesyg), Carlos Acuña, manifestó el respaldo de su gremio a la decisión del gobierno que prohibe
exportar combustibles líquidos. Señaló al respecto que “la decisión del gobierno es una
medida justa y acertada, dado que a las grandes petroleras instaladas en la Argentina había que
ponerles límites, porque no están acompañando el crecimiento sostenido que vive el país”.
“La falta de combustible en gran parte del territorio nacional, no
solo provocó suspensiones en el sector, afectó a otras industrias que dependen del fluido para sus
actividades productivas, por lo que los trabajadores hemos resuelto permanecer en estado de alerta
y movilización en defensa de la industria nacional y el trabajo genuino”, alertó.
El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines
del Centro de la República, Raúl Castellano, consideró que la medida es “extrema”
aunque “acertada” y opinó que “hay que pensar en el mediano plazo en una
concertación entre las petroleras y el gobierno”.
Acierto. El dirigente, que además es vicepresidente de la cámara que agrupa a los
expendedores de combustibles de todo el país remarcó que el problema de los combustibles “no
es de precio sino de abastecimiento” y subrayó que “prohibir la exportación es una
medida extrema, pero debería contribuir a normalizar las entregas en lo inmediato en el mercado
local, cosa que absolutamente necesaria”.
En cuanto a la obligación de retrotraer los precios al pasado 31 de
octubre dijo desconocer cuál va a ser la reacción de las compañías petroleras; si realmente van a
retrotraer los precios a fines de octubre o no. “Eso lo veremos con el tiempo”, remató.
