El ministro de Economía santafesino analizó las cuentas públicas y trazó la hoja de ruta para los próximos meses. Qué esperar en materia de paritarias, impuestos, Caja de Jubilaciones y el Iapos. El futuro de la obra pública y los aportes para el crédito hipotecario
Por Alvaro Torriglia
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
Pablo Olivares describió el sendero de política económica fijado por el gobierno provincial.
“No compramos paz con gasto corriente”. La frase del ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, describe el sendero de política económica fijado por el gobierno provincial. Sin comprar totalmente la cruzada del ajuste que baja a nivel nacional, la consigna es “dar las discusiones necesarias para ganar márgenes de inversión, fundamentalmente en seguridad”, señala a La Capital el funcionario.
Eso lo lleva, en un contexto de restricción de recursos e inversión federal, a tomar protagonismo en pulseadas con cierto grado de aspereza, desde la salarial hasta el Iapos, pasando por el déficit de la Caja de Jubilaciones y las empresas públicas. Convencido de que “el ordenamiento que logremos en 2024 mejorará la posibilidad de acción el año próximo”, el titular de la cartera económica maneja una hoja de ruta que promete novedades en materia de financiamiento de obra pública y política fiscal y de crédito
El primer round del proyecto de ley Bases tuvo a las provincias como grandes protagonistas La iniciativa proponía subir retenciones y cambiar el régimen de actividades productivas, como el biodiesel, lo que despertó el activismo del gobernador Maximiliano Pullaro para defender a “los sectores productivos” de la provincia. En ese momento, el ministro de Economía santafesino había propuesto zanjar la discusión sobre el regreso del impuesto a las ganancias con la creación de un tributo a los altos ingresos. No prosperó. En esa cartera consideran que en el segundo round, la pelea por la ley fundamental que promueve el presidente Javier Milei “se desprovincializó”. Más allá de que si no se repone Ganancias, la provincia seguirá sin percibir 90.000 millones de pesos de recaudación por ese tributo coparticipable, en el mediano plazo las cuentas tienden a no estar mucho peor o mejor de como ya las ha golpeado el ajuste nacional.
Si el rechazo del Senado a aprobar los cambios en Bienes Personales se mantiene en Diputados, las provincias no podrán contar con el aumento de la coparticipación previsto por los pagos adelantados que debían hacerse para entrar en el régimen que les permitía a esos contribuyentes beneficiarse con una baja de la alícuota en los años subsiguientes. En ese caso, la contrapartida para los fiscos provinciales es que no sentirán esa merma en los próximos ejercicios.
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El análisis de Olivares es que el oficialismo pondrá más énfasis en dar vuelta la votación en la Cámara baja porque las modificaciones al impuesto eran un estímulo para entrar al amplio blanqueo de capitales que propone la ley Bases y que sí fue aprobado. Acerca del blanqueo, un capítulo de la ley Bases que en el gobierno santafesino fue objetado por su laxitud en materia de controles antilavado, desde la cartera Económica advierten que, para que opere plenamente, se necesita la adhesión de las provincias. Caso contrario, la API podría ir sobre los santafesinos que blanqueen para cobrar impuestos propios. Podría haber allí, también, una herramienta de negociación con el Estado central en momentos de tensión por los recursos.
El caso de la restitución de Ganancias sobre los salarios, que también fue rechazado en el Senado, es parte de una discusión más compleja con las provincias, sobre todo las que cuentan con mayor cantidad de electores que serían afectados. En ese punto, Olivares advirtió sobre un aspecto “en el que no se está focalizando mucho”. Se trata del peso que va creciendo el impuesto cedular sobre los ingresos que fue introducido en la reforma del impuesto que propició el ex ministro de Economía Sergio Massa. Es que la exclusión de gran parte de los contribuyentes de la cuarta categoría fue acompañada por la introducción de ese gravamen que aplica una alícuota de entre 27 y 35 por ciento sobre el salario bruto, sin deducciones, de los que cobren más de 15 salarios mínimos mensuales. “El salario mínimo, vital y móvil aumentó 50% este año contra una inflación de más de 80% y no parece ser política del gobierno nacional la suba de ese ingreso, de modo que ya está pasando y va a pasar más, que muchos trabajadores comiencen a pagar ese tributo cedular, que es bastante más duro que el de la cuarta categoría”, explicó.
En cualquiera de las versiones que salgan de la ley Bases y el paquete fiscal del Congreso, lo que parecen tener en claro en la provincia es que, en el corto plazo, Santa Fe no recuperará los 14.000 millones de pesos al mes que pierde por el corte de las transferencias nacionales en rubros como el Fonid, compensaciones al déficit de la Caja de Jubilaciones, asistencia social, gastos de capital y subsidios. Capítulos que impactan, además, en las transferencias provinciales. Por caso, el aporte del fisco santafesino por el Boleto Educativo Gratuito (BEG) hoy supera al del fondo compensador del transporte.
“Peleamos por la restitución de esos recursos federales que no son discrecionales sino regulados por leyes y acuerdos, como los 700.000 millones de pesos que reclamamos como deuda por los fondos no transferidos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones”, señaló Olivares. Pero aclaró: “No nos podemos quedar llorando por eso y tenemos que gestionar”.
En ese escenario, que presenta en los primeros meses del año una recaudación por impuestos federales y provinciales creciendo 25 y 15 puntos por debajo de la inflación, respectivamente, el criterio de la cartera económica es “dar la discusión” en los distintos frentes relevantes para mantener las cuentas fiscales a raya.
El más áspero es el de las paritarias con los trabajadores del sector público, que tendrán un nuevo capítulo en julio. Olivares defiende los acuerdos salariales alcanzados, que permitieron que en los últimos tres meses los aumentos hayan sido superiores a la inflación.
Otro frente es el de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit de algo más de 20.000 millones de pesos y sin las compensaciones nacionales, “es pagado en un 25 por ciento por 4 millones de santafesinos, cuando los beneficiarios son 100 mil”, dijo el ministro. Luego destacó el alineamiento del Ejecutivo con el proyecto que surja de la comisión creada por la Legislatura y subrayó que “no se acote a una discusión paritaria”.
En su análisis, el origen del rojo previsional “no está en Santa Fe en la evasión ni en los gastos superfluos porque fue bien administrada”. Es, ni más ni menos, “un problema de aportes versus beneficios que tiene que ver con la demografía, los regímenes especiales y el dumping previsional a través de la compra de años en la Ansés para beneficiarse con las jubilaciones de la Caja”. Los ejes políticos de la discusión por la reforma partirían del “respeto a los derechos adquiridos y la garantía de que el haber promedio seguirá siendo superior a la nacional”.
El déficit de Aguas Santafesinas (Assa) es otro rubro que forma parte de las preocupaciones fiscales. Para Economía, el punto ahí es aumentar sus ingresos a través de un cambio legislativo que permita una mayor segmentación de tarifas. Pero también considera como una distorsión relevante que “hoy los mayores subsidiados son las cooperativas y los municipios y comunas ubicados en la línea de los acueductos”. No deja de observar, tampoco, lo que considera como un abultado staff gerencial en la empresa.
Sin embargo, la pulseada más picante que involucra a Economía es la del Iapos con los prestadores de salud. La cartera asumió una virtual intervención de la obra social de la provincia, con criterios de orden administrativo (del rojo de 8.000 millones de pesos en abril se pasó al equilibrio en junio), para enfrentar lo que el ministro entiende que fue un intento de “medir fuerzas” por parte de las empresas del sector, que plantearon el recorte de servicios en reclamo de un aumento de los pagos. Olivares se plantó recordándoles el incremento obtenido durante la gestión anterior, hubo duros cruces y, finalmente, un acuerdo intermedio.
Pero la tensión no se disipó del todo y, en paralelo al “reordenamiento” del valor de las órdenes y los bonos, el ministro quiere ir contra el cobro de plus a los afiliados al Iapos. “Además de incorrecto, entendemos también que es una infracción fiscal. En la mayoría de los casos, no entregan factura”, señaló, adelantando una estrategia de control que apunta a elevar el riesgo fiscal de esa práctica. Desde agosto, señaló, se avanzará en la implementación de una orden digital que “incluirá una opción de denuncia por parte del afiliado”, que podría ser incentivada con algún tipo de compensación.
En tren de avanzar en la digitalización, la provincia dejará de emitir a partir de agosto las boletas del impuesto inmobiliario. Coincidirá con la entrada en vigencia para el segundo semestre de un aumento acordado en el marco de la ley tributaria votada a principios de año. El plan se complementa con la intención de potenciar la Identificación Ciudadana, el sistema de ID de la provincia para el acceso a servicios digitales.
En un contexto de caída de la actividad económica que impacta en la recaudación, Economía saca cuentas para contribuir al desarrollo de políticas que alivien ese proceso, dentro del margen que le queda a un Estado subnacional.
Una prioridad es mantener la obra pública y compensar en parte el default nacional en la materia. Uno de los proyectos estrella del gobierno es el de las obras de acceso a los puertos exportadores, en proceso de licitación o recién comenzadas, que se pretenden financiar con la emisión de títulos públicos por 50.000 millones de pesos a través del mercado de capitales local. Un mecanismo articulado con la Bolsa de Comercio que podría contar con el aporte de los propios principales interesados, las cerealeras, y que tendría su debut en agosto.
En sintonía aparece el fondeo que prevé realizar al Banco Municipal de Rosario, a través de la capitalización de la entidad, para que ofrezca créditos hipotecarios en toda la provincia. El apalancamiento sería de unos 8.000 millones de pesos.
La idea de Economía es que también el Banco de Santa Fe avance con créditos para la vivienda, objeto que forma parte del contrato de concesión como agente financiero. Un contrato que vence en noviembre, pero que es prorrogable por cinco años, a través de una actualización del canon. En esas conversaciones están por estos días el Ejecutivo provincial y el agente financiero.
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