Opinión: El tributo a los carteles es una imposición arbitraria y anticonstitucional

La reciente resolución del Concejo del municipio de Villa Constitución, a efectos de cobrar el implementado "derecho a publicidad y propaganda" resultará en una imposición absolutamente inconstitucional, ilegítima y arbitraria.

  Los códigos tributarios municipales deben adecuarse a la ley provincial 8.173, llamada Código Tributario Municipal, el cual no contempla la posibilidad de exigir este derecho.

  El mismo hace referencia solamente a los derechos de cementerio, de nichos, de acceso a diversiones y espectáculos públicos, de abasto, matadero e inspección veterinaria y de ocupación del dominio público.

Leyes y códigos

  Las ordenanzas municipales (demás esta decir no son leyes, aunque sean de cumplimiento obligatorio) deben adecuarse a aquella ley provincial y desenvolverse dentro de sus términos. El Título II de la ley establece todos los impuestos que pueden percibir las municipalidades y comunas, así como también las tasas, derechos y contribuciones de mejoras.

  Por lo expresado, toda ordenanza municipal que no contemple y se adecue a aquellas normas sería absolutamente inconstitucional y así será declarada por los jueces naturales. Las municipalidades y comunas tuvieron tiempo suficiente l para adecuar sus normas de carácter tributario al Código Tributario.

Legalidad tributaria

  Naturalmente que, de avanzar en esta imposición, se estaría contrariando el principio de legalidad tributaria de raigambre constitucional, que dispone que no hay impuesto sin ley que lo instituya.

  Además de ello, la normativa que imponga este derecho o arancel sería absolutamente irrazonable y, por tal circunstancia, bien se puede decir que también sería inconstitucional como toda ley contraria al más elemental razonamiento.

  Por otra parte, la publicidad es y resulta el único medio que tiene la población como consumidora para informarse debidamente de los productos y servicios que se le ofrecen al público consumidor por lo cual será un contrasentido que una comuna grave un servicio útil para los vecinos de ella.

  Quizás los Concejales no han reparado en que elevando la presión tributaria se perjudican siempre primordialmente las personas de menores ingresos y asalariados, pues las demás trasladan sus impuestos.

  La distribución que se realice de lo recaudado será lo de menos pues el perjuicio para la población será mucho mayor.

La fiscalización

  Por otra parte, la fiscalización de la misma resultará absolutamente imposible y el trámite necesario de la determinación del impuesto tanto o más, precisamente por aquella circunstancia.

  No variará mucho esta situación por el hecho de que se contrate a una empresa privada para que la realice, aún con toda voluntad.

El caso de Rosario

  En el Código Tributario Municipal de la ciudad de Rosario no existe la posibilidad de este arbitrario derecho que se intenta cobrar por el municipio de Villa Constitución, y sin embargo ya se lo hace por otros, pues el Derecho de Registro de Inspección contempla que se tributará un adicional al que se establezca por ordenanza impositiva, correspondiente a todos y cada uno de los locales inscriptos del anunciante beneficiario.

  Precisamente, de aquí se desprende que quien debe afrontar el pago de tal derecho es el anunciante beneficiario, es decir el comerciante que utiliza tal publicidad para beneficiar su negocio.

  La Municipalidad de Rosario ha manejado el tema con prudencia, limitándose a gravar los permisos necesarios para la colocación de carteles que puedan implicar publicidad directa o indirecta.

  Resultará una arbitrariedad todavía mayor si se intenta percibir este derecho de parte de los propietarios de las marcas que se ofrecen, pues las empresas lo que hacen es ceder determinada cartelería a sus clientes y, en definitiva, son estos últimos los que disponen de ellos, quienes tienen el control de los mismos y son directos beneficiarios.

(*)Abogado