Las políticas con perspectiva de género ganan peso en el presupuesto nacional

Las políticas con perspectiva de género se materializan cuando se pasa del discurso al acto, y en la administración pública, esto representa dejar el ágora y afinar el lápiz para asignar recursos que permitan reducir las brechas de desigualdad.

Este año, el gobierno nacional ejecutó $832.257,2 millones en políticas con perspectivas de género (PPG) a mitad de noviembre de este año, lo que representa un 14,6% del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN). Sobre ese monto, más del 99% corresponde a iniciativas focalizadas en los ingresos, que buscan reforzar la autonomía económica de las mujeres mediante transferencias monetarias directas, como la moratoria previsional, las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas, razón por la cual la Ansés concentró prácticamente la totalidad de ese gasto.

Así se desprende del último informe de ejecución presupuestaria presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el cual muestra que el gasto etiquetado de PPG, es decir la suma de actividades presupuestarias que el Ejecutivo define como tales para asignar recursos, va tomando cada vez más protagonismo: pasó de 3,7% del gasto total en 2019 al 14,6% en 2020 y se proyecta llegar al 19% en 2021.

El análisis de la OPC es una foto detallada de las asignaciones presupuestarias _que miden la verdadera intención de la política sobre un determinado tema_ pero también el gasto ejecutado, donde se observan no sólo la eficiencia de la gestión sino además, este año, el impacto de la pandemia sobre la estructura operativa del Estado.

Durante 2020, el crédito para la APN aumentó en un 56,5%, en tanto las políticas de género aumentaron en un 37,7%.

Si se lo analiza en número de actividades etiquetadas como PPG, se pasó de 26 en el 2019 a 35 en 2020, donde se incluyeron cuatro actividades que ya tenían presupuesto el año pasado pero no etiqueta, como la moratoria previsional y acciones de perinatología y otras nuevas como la reestructuración del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En el presupuesto 2021 se contemplaron 53 actividades etiquetadas con PPG, donde se incluyeron acciones que tenían asignados recursos como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, y otras 14 líneas nuevas entre las que se destacan los programas “Acompañar”, “Generar”, y políticas existentes como la ley Brisa o la evaluación de políticas de igualdad y género en el Ministerio de Economía.

“Una mayor cantidad de etiquetas, ya sea a través de nuevos programas o de etiquetamiento de programas existentes, genera un aumento de la participación del gasto con perspectiva de género sobre el gasto total”, explicó la titular de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación de la OPC, María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, quien presentó los resultados del informe.

Además, detalló que “en comparación con el crédito asignado, el gasto PPG devengado hasta el 13 de noviembre de este ejercicio se ejecutó en un 80,7%, mientras que el del gasto total a esa fecha fue del 75,2% del crédito vigente”.

El universo analizado

En términos financieros, la OPC realiza el análisis comparando la asignación de crédito a las actividades etiquetadas y el gasto devengado y las agrupa en cuatro dimensiones de análisis: ingresos, salud sexual y reproductiva, violencia de género y sensibilización, visibilización y capacitación en cuestiones de género.

"El gasto etiquetado como PPG sobre el gasto total pasó del 3,7% en 2019 al 14,6% en 2020 y se proyecta llegar al 19% en 2021. "El gasto etiquetado como PPG sobre el gasto total pasó del 3,7% en 2019 al 14,6% en 2020 y se proyecta llegar al 19% en 2021.

Con ese recorte, se observó este año que las actividades agrupadas bajo la dimensión ingresos tuvieron la ejecución más alta con el 80,8%, seguidas por las acciones para promover el acceso a la salud integral, sexual y reproductiva (77,7%) y las iniciativas de sensibilización, visibilización, y capacitación en género (56,9%). Por su parte, las orientadas a la prevención de todas las formas de violencia de género alcanzaron el menor nivel de ejecución respecto al crédito vigente (46,1%), que se explica porque crecieron los recursos asignados a esa área, año contra año.

Transversalidad

El trabajo de la OPC aporta una mirada interesante a la hora de analizar las políticas de género, ya que muestra cómo muchas acciones del Estado no fueron pensadas inicialmente para reducir la brecha, pero al aplicarlas contribuyeron notablemente a lograr más equidad.

Por caso, “la Ansés concentró 99,64% de este gasto dado que bajo su órbita se realiza la gestión y liquidación de las políticas de ingresos que incorporan la perspectiva de género”, indicó el informe de OPC. En tanto, las efectuadas en el ámbito del Ministerio de Salud y del Ministerio de las Mujeres representaron 0,23% y 0,06% del gasto etiquetado, respectivamente.

Justamente esto ayuda a salir de una lectura lineal sobre lo que representa un presupuesto con perspectiva de género, que está muy lejos de ser aquel que destina más recursos al área específica, en este caso el Ministerio de las Mujeres y Género. En cambio, se trata de políticas (y recursos) transversales que recorren el arco ministerial y que, desde su especificidad, permiten achicar las brechas.

Pierrepont dijo que “entre los organismos que presentaron mayor porcentaje de ejecución de las actividades PPG se encuentran la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), con 92%; el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con 85,3% (vinculado con el Registro de Casos de Violencia de Género) y el Ministerio de Educación, con una ejecución de 84,4%”.

En tanto, se observaron partidas que tienen un menor nivel de ejecución relativa, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que a noviembre tiene ejecutado el 45% del crédito, o el Ministerio de las Mujeres que tiene ejecutado el 46%. Sobre este último, Pierrepont atribuyó el bajo nivel de ejecución a un aumento de su crédito de 290% y a la puesta a punto de un nuevo Ministerio.

Dimensiones

La dimensión “Ingresos” concentra casi la totalidad del gasto PPG (99,6%) ya reúne a políticas orientadas a reforzar la autonomía económica mediante transferencias monetarias directas, como las jubilaciones en el marco de las moratorias previsionales, la Asignación Universal para Protección Social y las pensiones no contributivas a madres de siete o más hijos e hijas.

El gasto devengado por moratoria previsional alcanzó este año $616.918,6 millones al 13 de noviembre, 79% de su crédito vigente. En segundo lugar, la AUH y por Embarazo (AUE) sumó erogaciones por $153.694,6 millones, con 78,1% de ejecución. Finalmente, la pensión no contributiva presentó un gasto por encima del crédito asignado, con una ejecución de 129,6%.

Por el lado de la dimensión “Salud sexual y reproductiva” este año tuvo recursos por $2.530,6 millones y un nivel de ejecución del 77,7%. Allí se destacan tres actividades en el ámbito del Ministerio de Salud: desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable; acciones de perinatología; y prevención del embarazo adolescente, las cuales tuvieron un gasto devengado que fue del 60,6%; del 125,3% y del 96,0% respectivamente.

Pero también la OPC analiza la ejecución física de los programas con PPG además de la financiera. En este punto, y teniendo en cuenta el apartado de salud sexual y reproductiva, señaló, por caso, que “el programa presupuestario Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que prevé la entrega de tratamientos y métodos anticonceptivos, presentó al tercer trimestre de 2020, un porcentaje de ejecución de 60,6% respecto a su programación vigente para todo el año” y según lo informado por el organismo responsable a la Secretaría de Hacienda el porcentaje alcanzado se encuentra incidido por los retrasos en los procesos licitatorios para la compra de los bienes involucrados.

“Otra meta física del programa consiste en la distribución de preservativos, que presenta un bajo porcentaje de ejecución respecto a la programación anual (24,7%) y de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Salud obedece a retrasos en los procesos de licitación pública y al hecho que lotes adquiridos al Fondo de Población de las Naciones Unidas se encuentran bajo análisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).

Finalmente, la dimensión “Violencia de género” cuenta con un crédito de $786,9 millones y un nivel de ejecución del 46,1%. Allí la actividad de mayor relevancia fue “Protección de víctimas de violencia” que ejecutó menos de la mitad de su presupuesto: el 41,7%, unos a $187,1 millones. El programa funciona dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la OPC atribuye la baja ejecución al aumento del crédito. Como contracara, el Plan nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, “se destaca por ser la acción que presenta mayor porcentaje de ejecución (150,2%)”, indicó el informe.

Por último, la dimensión “sensibilización, visibilización y capacitación en género cuenta con un nivel de ejecución del 56,9% sobre $1.057,4 millones asignados.