Las transferencias automáticas en concepto de coparticipación a las provincias desde marzo de 2002
a diciembre de 2007 estuvieron —en promedio— por debajo del 34% de lo recaudado por la
Nación, incluidos los recursos pertenecientes al Sistema Nacional de Seguridad Social, que la
Constitución establece como porcentaje mínimo que debe repartir entre los distritos.
Es por ello que, según indicó la consultora Economía & Regiones,
“durante buena parte del período de posconvertibilidad, no se ha dado cumplimiento a la
garantía establecida en el artículo 7º de la ley 23.548”.
Esto se debe a que la norma prevé que “las provincias deberían
recibir casi el 60% de los recursos coparticipables en la distribución primaria, computando los
recursos propios y los aportes del tesoro nacional”.
Por esta razón, la entidad expresó que “lejos de solucionarse, el
problema en la distribución de los recursos se agravaría durante el presente ejercicio, al pasar
las provincias a percibir una proporción aún menor de los recursos tributarios nacionales”.
“Esto se explicaría en gran medida por el fuerte crecimiento que
presentarían durante 2008 los tributos ligados al comercio exterior (con un alza del 64% anual),
los cuales son exclusivos del gobierno nacional”, indicó.
Así, el informe agregó que “el fuerte crecimiento de los recursos
de carácter no coparticipativo provocaría que la participación relativa de las provincias en la
recaudación nacional descendería al 31,5%”, unos 2,5 puntos porcentuales por debajo de lo
establecido por ley.
Bajo análisis. En este sentido, el ministro de Economía, Angel Sciara, había señalado a
La Capital un mes antes de asumir que evaluaba la posibilidad de reclamar justamente parte de
las retenciones mediante el cumplimiento del artículo 7 de la ley de coparticipación, que establece
una cláusula de seguridad por la cual ninguna provincia puede recibir menos del 34% de las rentas
coparticipables y no coparticipables.
Según los informes que manejan los equipos del socialismo, actualmente
las provincias reciben en promedio el 27% de la coparticipación de las rentas.
El pedido de cumplimiento de la ley 23.548 era una de las alternativas
que más viable veía el equipo económico de Hermes Binner para conseguir que vuelvan parte de las
retenciones frente a la opción de intentar reactivar el postergadísimo debate de un nuevo esquema
de federalismo fiscal. En ese entonces, estimaban que de cumplirse la normativa vigente deberían
retornar a Santa Fe unos 350 millones de dólares anuales (cifra que representa casi el 10% del
presupuesto provincial).
Sin embargo, el gobierno de Binner en el primer largo mes de gestión
optó por la variante de pedir que parte de las retenciones vuelvan vía obras de infraestructura,
como sucedió el viernes pasado frente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuando
le llevaron una larga lista de trabajos pendientes y otros clave para el desarrollo económico de la
provincia.
El camino elegido por el Ejecutivo provincial es más sinuoso, pero menos
confrontativo que la opción de reclamarle al gobierno de Cristina Fernández que cumpla con la ley.
Economía & Regiones señaló que en los primeros 15 días de enero
2008, las transferencias automáticas de los recursos nacionales a las provincias crecieron 42,5%,
con el envío de 1.878 millones de pesos. Una cifra que dista de los 599 millones adicionales
remitidos por la Nación a los distritos provinciales en igual período de 2006.
“Esta tasa de crecimiento se ubicó 30 puntos porcentuales por
arriba de la registrada en la primera quincena de diciembre de 2007”, consignaron los
especialistas de la consultora. La consultora refirió que se prevé que las transferencias totales
de enero de 2008 exhibirían un aumento interanual del 25%.
