El juez federal Julián Ercolini dispuso ayer la inhibición general de bienes de Cristóbal López, Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo, propietario de C5N, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de más de 8.000 millones de pesos.
La medida dispuesta por Ercolini en una resolución de 10 páginas impedirá a los empresarios vender o hipotecar sus propiedades muebles e inmuebles registrables pero no les impide administrarlas o disponer de su dinero bancarizado.
El juez tomó la decisión de inhibir los bienes de López, De Souza y las firmas del Grupo Indalo en el marco de una causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago del impuesto a los combustible durante el 2011 y con ese dinero financiar al conglomerado de empresas.
Además de empresas de combustibles, agroganaderas y constructoras, el Grupo Indalo es propietario de diversas empresas de medios que incluyen a Telepiú (C5N), Ideas del Sur y Radio Productora 2000.
La medida refiere al patrimonio del grupo pero no a la operación de las cuentas bancarias de modo que no afectan a los créditos de los empleados del grupo.
El magistrado sostuvo que la "maniobra defraudatoria" fue "presuntamente desplegada por la empresa Oil Combustibles SA —de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa—, perteneciente al holding empresario Grupo Indalo y empleados y funcionarios de la Afip".
La maniobra habría abarcado "concretamente un monto no menor de $7.665.771.438,63, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles SA", escribió el juez.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles percibía pero no descargaba luego en la Afip.
La deuda originada entre 2011 y 2012 quedó impago durante 2013, 2014 y 2015 y, tras asumir, la nueva administración de la Afip presentó una denuncia penal ante el fuero penal económico con el objetivo, de máxima, de recuperar el total del dinero adeudado.
En su resolución, el juez aludió a la trascendencia mediática que tuvieron presuntas negociaciones que estaría llevando a cabo Cristóbal López para la venta del Banco Finasur con dos grupos, uno estadounidense y otro argentino.
También mencionó la medidas cautelares pedidas por el denunciante, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, para "resguardar el millonario crédito fiscal" y asegurar una futura exigencia patrimonial.
El juez Ercolini había reclamando en mayo que la Justicia penal económica le remitiera la causa en la que se investiga la maniobra impositiva del Grupo Indalo para sumarla a otra en la que se investigan los vínculos de los empresarios con el poder político.
Uno de cada cuatro endeudados de la ciudad tiene pagos atrasados. La deuda total supera los $2,1 billones y los mayores niveles de incumplimiento aparecen entre los menores de 30 años y quienes recurren a créditos no bancarios.
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