Indec en tensión: los números de la discordia

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), donde fuera nombrado por el expresidente Fernández, ha reavivado el debate social en torno a la cuestión estadística. Este tema resurge cíclicamente, cada vez que la política roza el costado técnico de los números.

Lo vivimos con la privatización de la EPH durante el gobierno de Menem, los artículos obsoletos del IPC en tiempos de Martínez de Hoz, la invasión del Indec en 2007 y la consecuente manipulación del índice, los vaivenes de una nueva ley de estadística durante la gestión del presidente Macri y, en la secuencia histórica que nos toca, hoy asistimos a los reclamos por la postergación en la actualización de una medición que refleja una imagen social con más de dos décadas de atraso.

Su reemplazo por datos de 2017/2018 sigue siendo insuficiente para reflejar las condiciones contemporáneas. Estos son los trazos gruesos del cuadro: un proyecto tecnocrático se promociona como una mejora necesaria para un indicador económico crucial en el debate político, pero las autoridades deciden postergar su aplicación.

Múltiples voces toman partido, acusándose mutuamente de oscuras intenciones para manipular la “verdad estadística” de la inflación. Se derramará mucha tinta en discusiones dialécticas y algebraicas, pero si no queremos repetir críticas estériles que solo consolidan la inmovilidad y el peor de los status quo, debemos buscar una salida.

Los datos con los que se calcula el IPC provienen, esencialmente, de dos fuentes: una canasta de productos y servicios consumidos en los hogares —el conjunto de bienes y sus gastos asociados en un período determinado— y el relevamiento de precios de esos productos en una muestra de negocios e instituciones. La canasta actual se basa en el período 2004-2005, y se pretende actualizarla con datos de 2017-2018. Sin embargo, este procedimiento de relevamiento ya fue intervenido en 2007, lo que vació al índice de relevancia y credibilidad.

El consumo no es estático: varía entre grupos socioeconómicos y evoluciona con el tiempo debido a cambios culturales, sociales y económicos. La estructura del gasto es un río que nunca pasa dos veces por el mismo lugar. ¿Es posible, entonces, diseñar un sistema de observación y medición continua de esa corriente cambiante? Antes de responder, repasemos lo hecho hasta ahora.

¿Cada cuánto se mide el consumo en Argentina? En lo que va del siglo, solo se han realizado tres relevamientos: 2004-2005 (vigente hasta ahora), 2012-2013 (un fracaso por altas tasas de no respuesta) y 2017-2018 (en el centro de la polémica actual).

¿Por qué solo tres? ¿Por qué en esos años? Las respuestas —técnicas y políticas— nos ayudarían a entender la crisis permanente de las estadísticas en Argentina. ¿Qué pasa en otros países? En Estados Unidos, las actualizaciones se realizan cada dos años y se implementan con regularidad. Por ejemplo, los datos de 2020/21 se aplican en 2023/24. En cambio, Argentina tiene una larga historia de improvisación, sorpresas y fallas técnicas.

El IPC no es el único caso. El Censo de Población, ordenado por la Constitución Nacional cada diez años, ha sido violado tres veces en las últimas cuatro décadas: el de 1990 se hizo en 1991, el de 2010 se adelantó respecto al de 2001 y el de 2022 se realizó con dos años de retraso.

¿Omisión inconstitucional?

Un dato histórico: entre 1914 y 1947, el Senado vetó todo proyecto de censo porque algunas provincias perdían representación. Ninguno de los 4 últimos censos se aplicó para su fin constitucional: calcular los diputados por provincia, de acuerdo con la población de cada una. La Cámara de diputados todavía refleja el país de 1980, con las deformaciones de la ley Bignone.

La estadística, desde el majestuoso censo hasta el ruidoso IPC, vive un tira y afloja permanente con la política. Algunos ven en los números una limitación a la libertad; otros los domestican para que sirvan a sus intereses. En Argentina, el sistema estadístico está invisibilizado en un tercer escalón del Ministerio de Economía.

Y así ocurre lo previsible: los técnicos creen en la independencia y la objetividad, pero cuando el poder habla, los fusibles saltan. Las fórmulas no pueden contra el poder, a menos que reconozcan su existencia y su propósito.

El fin de la estadística

Para que la articulación entre estadística y política sea fructífera, es clave definir la identidad de la primera. Si la estadística se limita a calcular promedios, varianzas y correlaciones, sin anclarlos en un razonamiento sustancial, nunca llegará al corazón de la política. La política republicana es debate, retórica, argumentación. La estadística, en su madurez, puede sumar a esa retórica la capacidad de interpretar evidencias parciales, incompletas, imperfectas. Esgrime argumentos y acepta el debate.

Siguiendo a Latour, las estadísticas son el pegamento que permite a la política gestionar la naturaleza. Son la prueba de que “nunca fuimos modernos”, porque gobernar exige mezclar constantemente hechos científicos con valores sociales. Un político dirá: “los datos nos obligan”, tratándolos como pura naturaleza, pero el Estado diseña las encuestas para obtener esos mismos datos, actuando desde la cultura. Esta es la paradoja moderna.

La salida del laberinto está en asumir plenamente la naturaleza híbrida de la estadística: ni pura técnica ni mero instrumento político, sino un puente entre ambos mundos.

El primer atributo de una estadística es la relevancia—señala su importancia en un contexto dado, su valor—, un concepto sustancial, netamente político. Luego vienen la oportunidad, la confiabilidad y la accesibilidad. Juntas forman el acrónimo roca, que simboliza solidez, robustez y tolerancia a los cambios del contexto.

Este criterio debe seguir los pasos de la toma de decisiones en una república: el Parlamento sanciona, el Ejecutivo aplica, la Justicia vigila. Si sustituimos “leyes” por “estadísticas”, obtenemos la simetría perfecta para una decisión inteligente. Del número a la argumentación La estadística culmina su labor cuando interviene en el debate público, traduciendo la realidad material a un formato que el poder puede manejar. No es un fin en sí mismo, sino una herramienta de argumentación sustentada en hechos. En un mundo híbrido y contingente, los números de la discordia pueden convertirse en números del diálogo, si aceptamos que son tanto un producto técnico como un acto político.