El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acusó a una empresa de haber actuado de manera ilegal y anunció una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso.
Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y anticipó que se presentará ante la Comisión de Defensa de la Competencia para que se determine si hubo asociación ilícita. Apuntó contra una compañía belga que hizo denuncias y trató de frenar el proceso
Foto: Archivo / La Capital.
El Consejo de Control de Hidrovía ya camina
El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acusó a una empresa de haber actuado de manera ilegal y anunció una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso.
“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes” de la presentación de ofertas, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial, en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni destacó que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.
El vocero sostuvo que, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación “transparente y competitiva”. Asimismo, recordó que se estableció como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente. Según sus declaraciones, durante el procedimiento hubo “presiones” de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.
El Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, insistió Adorni que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y desistió antes de presentarse como único competidor.
Adorni también subrayó que, pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta. Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
El vocero aseguró que la investigación buscará “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude. Luego, cedió la palabra al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, para brindar detalles técnicos sobre la situación.
“El hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”, afirmó el titular de la agencia.
Y advirtió: “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparación de ofertas económicas en este procedimiento”.
“Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones”, consignó.
La empresa de origen belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única que este mediodía presentó una oferta concreta en la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. Como estaba previsto, a las 13 de este miércoles, el portal CONTRAT.AR cumplió con la previsión de confirmar el resultado del proceso.
Según informó el Gobierno, para la Concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) -como se conoce popularmente la Hidrovía- hubo al menos 11 compañías que se mostraron interesadas, pero finalmente solo una elevó una propuesta, cumpliendo con las condiciones que establecieron los pliegos.
Pero que haya sido DEME la única que se presentó, derivó en sospechas y acusaciones que derivaron en la conferencia que hoy dio Adorni y que planteó intentos para complicar la licitación.
Anoche, desde la Casa Rosada habían anticipado que el objetivo era avanzar sin demoras con la conclusión de la licitación. “Que gane el mejor”, habían manifestado, dando por hecho que se iba a producir una compulsa entre más de una empresa.
Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía está a cargo del Estado, que subcontrató a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En el sector sorprendió que la primera de estas empresas no se hubiera presentado para competir con DEME. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
La compañía oriental quedó al margen de esta nueva compulsa porque a fines de noviembre, el gobierno actual que puso en marcha un nuevo proceso licitatorio emitió una resolución que dejó fuera de carrera a todas las empresa estatales extranjeras. En su artículo 16° detallaron que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como la filial de la China Communications Construction Company (CCCC).
Después del lanzamiento de la concesión, varias empresas plantearon cuestionamientos y recursos ante la Justicia y de manera administrativa y el propio Mauricio Macri se quejó en varias entrevistas que el gobierno de Javier Milei no hubiera tomado los pliegos que él había preparado para hacer la licitación internacional.
Entre los que impulsaron más cuestionamientos estuvo DEME, que por pedido del gobierno de Javier Milei ahora será investigada.
La licitación se había convocado para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento. Estaba previsto que se sumaran bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de la renovación total de la señalización —generando una navegación más segura—, y medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
En ese momento, el gobierno informó que los pliegos fueron “el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía”, en la que se realizará una profundización a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, entre otras condiciones del contrato.
