Creará un Régimen de Reparación Federal para “netear” reclamos entre las jurisdicciones y saldarlos con activos públicos o nuevos negocios
Foto: Archivo / La Capital.
"Si somos serios, hay que cambiar el sistema", aseveró Guillermo Francos.
El gobierno nacional creará un Régimen de Reparación Federal para discutir con las provincias un sistema de compensación de deudas y acreencias con la Nación, sin poner plata. La idea es que estos compromisos se salden con la transferencia de terrenos fiscales, activos en empresas públicas, rutas para concesionar o el resultado de privatizaciones de compañías públicas.
El vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicó que el objetivo es “caminar juntos con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, ordenando las cuentas de Nación y de las provincias para hacer un “borrón y cuenta nueva” en los compromisos cruzados.
El segundo de Guillermo Francos explicó que la primera medida será “clarificar” las compensaciones, para luego “netear” las deudas entre ambas jurisdicciones y establecer “vías alternativas para saldar deudas” sin tener que pagar con plata.
En la mesa de negociación se evaluará el pago de deudas de la Nación con herramientas como las transferencias de empresas nacionales cuya actividad se desarrolla en la provincia; acciones de empresas nacionales; terrenos fiscales, o rutas nacionales que luego “sirven a las provincias para concesionar y mejorar su infraestructura”, explicó.
“No estamos cerrados a ninguna herramienta que puedan proponer las provincias, nuestro objetivo es que este régimen sea una mesa de diálogo donde nos podamos escuchar y llegar a acuerdos consensuados para beneficio de las dos partes”, agregó.
El funcionario aclaró que la propuesta es voluntaria y habrá 30 días hábiles administrativos para notificarlo. Luego se abrirá un período de 60 días para lograr la conciliación de los pasivos.
Las provincias que son acreedoras netas, como Santa Fe, son las mejor posicionadas en una negociación de estas características, aunque la duda está en la calidad de los activos que la Nación pone sobre la mesa. Muchas de las disputas están judicializadas. El Estado santafesino reclama en la Corte Suprema unos $ 800 mil millones que el Estado central debe en concepto de transferencias para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Otros distritos han judicializado los recortes del Fonid, reclamos por coparticipación o incumplimientos en materia de obra pública.
Junto con los jubilados, las provincias figuran entre las principales “aportantes” al ajuste que permitió al gobierno de Javier Milei exhibir superávit fiscal. Según estimó la consultora Politikon Chaco, entre enero y octubre de 2024 los envíos automáticos de Nación a los distritos del interior, por $ 33,6 billones, cayeron 11,9% interanual a valores constantes.
En octubre, el conjunto de provincias perdió unos $ 235.000 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La variación porcentual contra el año anterior fue del 5,4% en términos reales. Según el centro de estudios, los ingresos obtenidos por el blanqueo “habrían posibilitado esta menor caída en la coparticipación neta (7,2% versus 8,9%)”.
Esto se debe a que el Impuesto Especial que pagan todos los que blanquean arriba de u$s 100.000 se comparte con los gobiernos provinciales. La baja de la coparticipación neta de octubre estaría explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-20,7% real interanual).
Si bien los gremios ATE y UPCN aceptaron la propuesta de aumento salarial, el sindicato que agrupa a docentes de escuelas de gestión privada la consideró insuficiente
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