El gobierno intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López informó que se abrió un sumario a la firma.
El gobierno intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan.
“Le estamos mandando la intimación a Cablevisión, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no sólo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.
Además informó que desde el Enacom se abrió “un sumario para aplicar las sanciones que correspondan”, porque sostuvo que lo que hizo Cablevisión “es un abuso ilegal”.
Desde Cablevisión indicaron que “el aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron que “la cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”.
“Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”, indicaron las fuentes de la empresa.
Por su parte, López remarcó que “hay un DNU, el 690/2020, aprobado por el Congreso que establece que estos servicios son públicos y esenciales, y determina que hay una Prestación Básica Universal (PBU)”, y subrayó que “a partir de ese momento es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”.
Además, puso de relieve que “hay un fallo de la Justicia de la ciudad de Mar del Plata que ya le indica a Cablevisión el mes pasado que tenía que devolver el dinero”, y señaló que “sin embargo, como si fueran los dueños de la Argentina, no solo no lo hacen, sino que desafían la ley, la autoridad y al fallo del Poder Judicial cobrando un aumento”.
El vicepresidente del Enacom insistió con que el cobro por encima del 5% “es ilegal”, y denunció que “lo que están haciendo está por fuera de la ley”.
En este marco, aseguró que “se aplicarán las sanciones más duras que se puedan aplicar”, y precisó que éstas “son monetarias”.
Subrayó que “habrá nuevas sanciones para quienes no habiliten la PBU”, y puntualizó que “parece que hay un grupo de empresas que está por encima del Estado, de la ley, de los ciudadanos, de la Constitución y que cree que son ellas las que fijan las reglas”.
“Es el Estado el que fija las reglas a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El decreto 690 fue ratificado por el Congreso y también por el Poder Judicial”, señaló el funcionario.
A mediados de diciembre último, el gobierno anunció la puesta en vigencia desde el 1 de enero de una PBU para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos. En esa oportunidad también precisó que los incrementos autorizados serían entre 5% y 8% para las tarifas de estos servicios a partir del primer mes de 2021.
Estos anuncios se plasmaron en las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Enacom publicadas el 21 de diciembre.
En la resolución que autorizó el aumento, se precisó que para las empresas de estos servicios públicos en general, sería de hasta 5% para enero próximo. Pero para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020, podrían hacerlo hasta un 8%.
Para establecer los porcentajes aprobados, se deberían tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio 2020.
Por Gustavo Orellano