El gobierno disolverá la Afip y la reemplazará por una nueva agencia

El gobierno nacional anunció que disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la reemplazará por un nuevo organismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que tendrá una “estructura simplificada”. En el medio, pondrá en disponibilidad a unos 3.150 empleados.

“A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones completamente inmorales”, chapuceó el vocero presidencial, Manuel Adorni, para quien “esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó”.

Más allá de la arenga, el organismo recaudador no desaparecerá sino que cambiará el nombre. La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) sí tendrá, según el vocero, “una estructura simplificada”, con menos cargos y empleados.

De hecho, el nuevo ente estatal quedará a cargo de Florencia Misrahi, quien hasta este lunes ocupaba el puesto de titular de la AfipP. Además, Andrés Gerardo Vázquez será el nuevo titular de la DGI (impuestos), mientras que José Andrés Velis hará lo propio con la DGA (aduana).

Por otro lado, los altos rangos dejarán de percibir la “cuenta de jerarquización”, por la cual la titular del organismo recibía un sueldo de $32 millones y los directivos de $17 millones por mes, y pasarán a cobrar sueldos de ministros, que rondan los cuatro millones de pesos.

A su vez, 3.155 empleados que entraron a la AFIP durante la pasada gestión serán reubicados y pasados a disponibilidad.

Según aseveró el portavoz, esta nueva estructura generaría un ahorro presupuestario de $ 6.400 millones anuales.

“La creación de Arca tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero”, aseguró el Poder Ejecutivo Nacional en un comunicado.

Negocios de medios

A la par del anuncio sobre la disolución de la Afip, el gobierno nacional se metió de lleno en el negocio de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación.

Por un lado, dispuso quitarle a la empresa estatal Arsat y al Enacom 150 Mhz de espectro para comunicaciones móviles, de modo de entregarlo al sector privado para prestar servicio de 5G. También relicitará el contrato de provisión de conectividad a escuelas públicas, por un monto de $ 60 mil millones. Al mismo tiempo, eliminará las del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales, y derogará la norma que obliga a las señales de cable a incluir canales informativos en sus grillas.

Los anuncios corrieron por cuenta del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien lo fundamentó en la necesidad de fomentar la competencia.

En el caso de las telecomunicaciones, todo parece indicar que los cambios apuntan a abrirle la puerta de ese negocio en Argentina a Starlink, la empresa del magnate Elon Musk al que el presidente Javier Milei le pide entrevistas cada vez que viaja a Estados Unidos.

De hecho, la empresa estatal creada en 2006, y que convirtió a la Argentina en uno de los ocho países en lanzar su propio satélite, viene siendo objeto de un plan de desguace.

Adorni dijo que los 100 Mhz de espectro reservado a Arsat y los 50 Mhz en manos del Enacom no se utilizaban. El vocero cuestionó, además, que Telecom y Telefónica deben $ 3 mil millones en inversión, luego de adjudicarse franjas de 5G en la licitación que realizó el año pasado el anterior gobierno nacional.

Respecto del cambio del régimen impositivo para publicaciones periodísticas, el gobierno anunció que se eliminarán las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales. Adorni estimó que la recaudación aumentará en $ 264.000 millones con la medida.

El plan privatizador

En medio de una dura crisis que ya golpea en las encuestas, el presidente Javier Milei decidió profundizar su plan y acelerar el proceso de privatización de las empresas estatales. En una primera etapa se identificaron 59 compañías que están bajo análisis en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher.

El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. En este contexto, las autoridades han planteado tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se estima que todo el proceso podría completarse en aproximadamente 6 a 8 meses.

Cada una de estas empresas es evaluada caso por caso, considerando aspectos como su viabilidad económica, oportunidades de negocio y los sectores de interés para potenciales inversores.

Por ejemplo, en el caso de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), el gobierno busca atraer a un operador fuerte que asuma la gestión de la empresa, con la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. Mientras que Arsata ya anunció que para 2025 buscará privatizar hasta el 49% de su capital accionario.

La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más delicados dentro de este plan. Aunque el gobierno considera inviable una privatización total en el corto plazo, ya se evalúan áreas específicas que podrían ser transferidas al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota.

Uno de los puntos que destaca el gobierno es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado.

A su vez, “la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios”, dicen.