La pandemia coronó una larga agonía de la economía argentina que lleva dos años en crisis desde la corrida cambiaria que detonó el programa de sobreendeudamiento de la gestión Macri, allá por mayo de 2018.

Economía popular. Redes solidarias para la reactivación.
La pandemia coronó una larga agonía de la economía argentina que lleva dos años en crisis desde la corrida cambiaria que detonó el programa de sobreendeudamiento de la gestión Macri, allá por mayo de 2018.
Los números de abril, con caídas de la actividad que rozan la ciencia ficción, van a dejar una profunda huella de empresas cerradas y puestos de trabajos perdidos que perdurará más allá de la pandemia. El esfuerzo estatal por sostener los ingresos, se diluye ante la reducción de los multiplicadores de la política fiscal que genera la pandemia (por la parálisis de los sectores no esenciales y los cambios que impone en los hábitos de consumo), pero no así el rojo de las cuentas públicas ni las presiones cambiarias alimentas por la inyección de liquidez que lo acompaña.
El cambio de composición de la demanda hacia bienes esenciales implícito en la política de cuarentena, hace que el multiplicador de las políticas fiscales se reduzca bruscamente. Las transferencias de ingresos del Estado hacia la población (bonos, IFE, ATP, etc.) se vuelcan a demandas de bienes esenciales (alimentos y bebidas especialmente), sin derramar luego hacia las demás actividades.
El bajo multiplicador de la actividad tiene como contraparte una mayor concentración de los ingresos y un incremento en la proporción media al ahorro. De ahí que, aun cuando el Estado amplíe fuertemente su déficit público, no pueda detener la brutal caída de la actividad generada por la baja de la demanda privada externa e interna provocada por la pandemia y la obligada parálisis de amplios sectores productivos que impone la cuarentena.
La necesidad de ampliar el gasto público para moderar el impacto económico de la pandemia, no sólo tiene reducidos efectos multiplicadores, sino que se traduce en una amplia inyección de liquidez que termina alimentando la dolarización de los ahorros de los sectores que mantienen ingresos, pero ven fuertemente reducidos sus gastos e inversiones tanto productivas como inmobiliarias. La consecuencia es una fuerte presión cambiaria.
En los inicios de la pandemia los economistas debatían si la crisis era provocada por un shock de demanda o como un shock de oferta. La dinámica posterior no deja dudas de que se trata de un golpe en ambos lados de la ecuación macroeconómica básica.
De estos shocks, el que más pronto está en condiciones de normalizarse es el primero si se logra dejar atrás la necesidad de la cuarentena. Para estimular la demanda, la amplia crisis de las finanzas públicas parece dejar poco margen para grandes estímulos económicos de tipo “keynesiano”, sin agravar algunos desequilibrios como las presiones sobre el mercado cambiario. Pero aún si se lo lograra, no está claro que la economía pueda reactivarse fácilmente luego de los cambios estructurales generados por la pandemia y la así llamada nueva normalidad.
La realidad que se aproxima parece venir de la mano de grandes cambios culturales con impactos en las formas de trabajo y de demanda. Avances en el teletrabajo, comercio electrónico, disfuncionalidad de los espacios de concentración masiva (hoteles, restaurantes, shoppings, recitales, hipermercados, centros educativos, etc.), cambios en los hábitos de consumo, fin del turismo tal como lo conocimos, son algunos de los posibles cambios que llegaron para quedarse.
La posibilidad de readaptarse a las nuevas condiciones será compleja, especialmente para las empresas de menor tamaño duramente golpeadas por la larga crisis de la gestión Macri y la reciente pandemia.
La necesidad de realizar modificaciones en la forma de producción y distribución, requieren gastos de capital que difícilmente puedan realizar empresas que hoy no cuentan con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones corrientes. Aún con una fuerte ayuda estatal para su reconversión, el escenario más probable es que muchas empresas queden en el camino. A ello se suma la probable reducción del tamaño de sectores económicos enteros (turismo, por ejemplo), que implicará la necesidad de buscar alternativas viables de localización de capitales y, esencialmente, de población trabajadora.
También debe considerarse que muchas de las nuevas tecnologías que tendrán un crecimiento acelerado luego de la pandemia (comercio electrónico, educación virtual, teletrabajo, administración online, etc.) tienen implícita una fuerte reducción de los requerimientos de empleo por unidad de producto, tanto directo como indirecto (especialmente por el menor gasto de infraestructura de oficinas).
De esa manera, la crisis actual acelera mucha de las problemáticas laborales largamente debatidas en los ámbitos académicos de los últimos años, vinculadas a la creciente reducción del empleo formal y la ampliación de la población trabajadora sobrante.
Semejantes desafíos hacen que todas las proyecciones, herramientas e instrumentos con los que se pretendía finalizar un período de recesión de casi dos años tengan que ser reformulados enteramente. El plan económico original de Alberto Fernández, donde una resolución rápida de la deuda en el marco de una política de acuerdo social, creaba un entorno estable que atraería inversiones permitiendo un crecimiento sostenido, ya no existe.
La negociación de la deuda probablemente se extienda en el tiempo, la conflictividad social crecerá al calor de la destrucción económica generada por la pandemia, la inversión privada externa será reducida y la interna deberá ser inducida por políticas activas. Lo más probable es que el comercio internacional se veo por un tiempo reducido, por lo que la dinámica exportadora no podrá ser el motor del crecimiento.
El desafío pasa ahora por diseñar un programa que movilice los recursos internos siendo capaz de readaptar y reconvertir una cantidad importante de puestos de trabajo y en algunos casos, sectores productivos por completo, en un contexto de finanzas públicas detonadas y fuertes presiones cambiarias. Algunas ideas poco habituales que tiempo atrás podían considerarse extremas, deberán empezar a ser escuchadas por el oficialismo, si no quiere ingresar en un proceso de descomposición política a poco de comenzar su mandato.
El “plan Marshall criollo” presentado por los movimientos sociales es un ejemplo la posibilidad de movilizar amplios sectores de la población, en pos de una reconversión productiva drástica. Esas ideas retoman el programa de reactivación que conformaba el “plan Hornero” elaborado desde el Ceso, donde se proponía la generación de 500.000 puestos de trabajos anuales en sectores vitales para el desarrollo, con amplios multiplicadores del empleo y bajo derrame a importaciones: vivienda, educación, deportes, cultura. Esas ideas deberían readaptarse a la nueva normalidad, contribuyendo a una descentralización geográfica de la población y al relativo autoabastecimiento en bienes esenciales de las diversas regiones del país.
La crisis de las finanzas públicas impone la necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento del programa de reactivación post-pandemia. Como señalamos en el “plan Hornero”, se vuelve crucial utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero interno, reorientándolo desde la especulación hacia el desarrollo socio-productivo. Una forma de lograrlo, es induciendo a que parte de esa liquidez se vuelque a financiar fideicomisos específicos para el sostenimiento del amplio programa de obras que requiere la reactivación.
Una normativa que condicione el acceso a letras del BCRA, a una cierta composición de la cartera de activos de los bancos que incluya dichos fideicomisos en un determinado porcentaje, es una forma práctica y sin grandes dificultades políticas de avanzar en ese sentido.

