Los operativos fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja
Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.
La Gendarmería Nacional lleva adelante desde el mediodía de este viernes una serie de allanamientos vinculados a la causa contra los exdirectivos de la empresa Vicentin. Los operativos se realizan en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.
Según adelantaron fuentes del caso, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional, solicitaron los procedimientos que se llevan a cabo en simultáneo en distintos domicilios. Están vinculados a una investigación iniciada en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados a la empresa.
Los allanamientos son al menos 20 y se llevan a cabo en domicilios de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe. También hubo operativos en Adrogué y en la ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició en 2020 y ya hay un requerimiento de elevación a juicio. La Fiscalía considera que la caída de Vicentin en 2019 fue confeccionada de manera fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo.
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En el transcurso de tres años de investigación, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja construyeron una acusación contra los exdirectivos de Vicentin, que se fue anticipando en sucesivas audiencias imputativas. La conclusión principal del trabajo es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro.
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Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Algunos de los puntos que se señalan dentro de las 500 páginas del escrito presentado el viernes.
La Fiscalía acusa a los ex directivos de Vicentin de “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa” para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También los acusa de confeccionar y presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de “ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los u$s 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.
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