Piden penas de prisión de hasta 16 años para ex directivos de Vicentin

La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que conduce Miguel Moreno, acusó formalmente este viernes de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019.

En la presentación que se realizó ante la Oficina de Gestión Judicial, se detallan y amplían las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023. Pide la apertura del juicio y reclama penas de prisión para la conducción que llevó al default de la empresa. Se trata de Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Además, pidió penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.

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En mayo pasado, la Fiscalía imputó a los directivos por asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.

En ese momento, el fiscal Moreno acusó a esta asociación de poner en marcha una “planificación” orientada a “simular” el bienestar financiero y contable de Vicentin, ocultando su pasivo para “conseguir líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”. Eso ocurrió al mismo tiempo que se comenzó a “administrar infielmente el capital” de la empresa, fugando recursos a través del entramado de empresas vinculadas. Y señaló que este entramado delictivo comenzó a operar en 2017, cuando la empresa empezó a manifestar problemas económicos que no se exteriorizaron a proveedores y prestamistas. Los delitos que se le imputaron son los siguientes:

• Seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, contra los bancos internacionales, con un perjuicio de u$s 500 millones.
• 37 hechos de estafa contra productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores. La Fiscalía denunció un plan para mostrar a Vicentin como empresa solvente y confiable, de modo de lograr que le entregaran granos con precio a fijar y en depósito sin contrato, “con el pleno conocimiento de los directores y síndicos sobre la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.
• Un hecho de estafa contra el Banco Macro, a través de la entrega de documentación con información contable falsa.

En lo que tiene que ver con administración fraudulenta, mencionó siete hechos:

• El 3 de diciembre de 2019, el órgano de dirección ordenó concluir la venta y transferencia a Renaico BV de las acciones que Vicentin Saic (Sucursal Uruguay) tenía sobre la empresa Renova, representativas del 16,67% de su capital social. Esta operación, que involucró a la joya del grupo, se gestionó a pocas horas de la declaración pública de estrés financiero y despojó a Vicentin de uno de sus activos más importantes. “La negociación se caracterizó por la falta de transparenciaa”, señaló el fiscal.
• La entrega a Roberto Gazze la suma de u$s 1.000.000 para que realice un aporte irrevocable en “El Liquidambar S.A.S.”, una sociedad que constituyó en 2019.
• 48 horas después de la comunicación de cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio aprobaron la venta de las acciones de Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor SA”, procurando “un lucro indebido en favor de esta última por u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores”.
• Aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor de Emulgrain.
• El 26 de octubre de 2018, el directorio aprobó el aporte irrevocable por la suma de u$s 786.793,25 “a cuenta de futuras emisiones de acciones” a favor de Playa Puerto.
• Al momento de presentar la nómina de acreedores de Vicentin en el proceso concursal, el directorio ordenó asumir una deuda ajena de u$s 12.900.366,40 (equivalente a 30.218.613 kilos de soja) que correspondía a Renova.
• Administración fraudulenta en perjuicio de Commodities, en virtud de las 55.608.090 kg. de soja, depositadas en las instalaciones de Renova entre el 31 de mayo y el 11 de noviembre de 2019.

La Fiscalía consideró a Daniel Buyatti, que era el presidente del directorio, y Macua, Gazze y Scarel como jefes de una asociación ilícita, de la que también fueron miembros los otros directivos. En sus roles, participaron en la aprobación de los estados contables de los ejercicios 2017 y 2018 y en las decisiones de Vicentin Saic. Sus aportes a los hechos delictivos tienen que ver con las intervención en resoluciones como aprobar balances que “ocultaban el verdadero pasivo de Vicentín”. De esta manera, lograron el otorgamiento de los créditos de bancos nacionales e internacionales, “como así también mantener una imagen de falsa credibilidad ante los productores agropecuarios quienes continuaron hasta el último momento confiando el cereal producido”.

En el caso de Scarel, si bien su cargo institucional no era de director sino de síndico, la Fiscalía considera que tenía gran influencia sobre el manejo de la empresa,y por eso fue considerado como jefe de la asociación ilícita. Por otro lado, Macua Miguel Vallazza, Javier y Roberto Gazze estaban a cargo de las finanzas de la empresa.

Por otra parte, los fiscales acusaron a Harnan, socio de KPMG, la consultora que auditaba los balances de Vicentin, como partícipe necesario en el delito de estafa. “Tuvo un rol preponderante al utilizar una firma con reconocimiento internacional para dar mayor credibilidad a los balances que contenían falsa información, incumpliendo con las normas y prácticas que le encomendaba su labor, permitiendo de esta manera la consolidación de los delitos de estafa”, señalaron.

Los síndicos concursales Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, en cambio, fueron acusados de encubrimiento. Es por incumplir "sus obligaciones de control y haber emitido dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin Saic, pese a las advertencias efectuadas por la Auditoría Forense en los informes presentados dentro del concurso preventivo, y las irregularidades denunciadas por distintos acreedores e integrantes del Comité de Control”. Según su hipótesis, sus dictámenes en el marco del proceso concursal estuvieron dirigidos a “engañar al juez y a perjudicar a los acreedores concursales”.

La investigación penal en los tribunales rosarinos es la que más avanzó dentro de un abanico de causas abiertas en la Justicia federal con sede en Comodoro Py, Santa Fe y Reconquista. “Más de 500 páginas, evidencias contundentes y tres años y medio de la investigación más ardua y pulcra en la historia de la justicia penal de la provincia”, señaló el abogado querellante Gustavo Feldman, quien presentó las primeras denuncias en 2020, como representante de acreedores afectados.

El letrado subrayó el "profesionalismo y de vocación de servicio público del fiscal Moreno y las personas que trabajan con él", al tiempo que anticipó que en febrero la querella que representa "seguirá los pasos de la Fiscalía" y concretará su acusación.