El secretario general de la Procuración, Juan Patricio Murray, solicitó la urgente investigación del asesinato ocurrido en 1973
Por Miguel Pisano
Medio siglo de impunidad. El crimen del dirigente peronista Constantino Razzetti es el más antiguo cometido por la Triple A en Rosario
La pronta resolución de la causa judicial que investiga el crimen del dirigente peronista Constantino Razzetti, cometido por un grupo de sicarios vinculado a la Triple A en nuestra ciudad, el 14 de octubre de 1973, fue pedida por el secretario general de la Procuración, Juan Patricio Murray, a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, según el expediente al que accedió La Capital.
Murray, quien también es auxiliar fiscal de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad en Rosario, presentó un “recurso de queja por retardo de justicia” en el que solicita la “urgente resolución” de la causa del crimen del bioquímico y vicepresidente del Banco Municipal de Rosario.
El exfiscal Murray sostiene en su presentación que “vengo a poner en su conocimiento que, pese a haber presentado Dictamen número 593/2023 solicitándole a los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tengan a bien resolver las cuestiones pendientes allí desarrolladas, los mencionados procedieron a excusarse en relación a lo requerido arguyendo en su vasto caudal de trabajo y en la complejidad de la causa en trámite. Vengo por la presente a quejarme por la sostenida mora y a solicitar resuelva de manera urgente”.
El secretario Murray expone en su escrito que “los hechos investigados en la causa constituyen el homicidio calificado del que fuera víctima el doctor Constantino Ra-zzetti –un importante referente del Partido Justicialista– en Rosario, el 14 de octubre de 1973 y la tentativa de homicidio de la que fuera víctima en igual fecha y lugar la doctora Nélida Gitrón de Razzetti. Que los mismos, resultan hechos constitutivos de lesa humanidad no sólo por lo esgrimido por esta Unidad Fiscal a lo largo del trámite de la causa sino atento lo expresado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.
Murray abunda en su presentación que “por los hechos descriptos se pidió el llamado a declaración indagatoria de los imputados Eduardo Aguilera, José Echeverría y Carlos Garcilazo, como así también por el delito de asociación ilícita que habrían formado los recién mencionados y la pronunciación del juez de grado en relación a la responsabilidad que le cupo en los hechos a Luis Rubeo en virtud del derecho a la verdad, ya que el transcurso del tiempo que se dejó pasar significó la impunidad para aquel, que falleció el año pasado sin ser siquiera convocado a declarar como imputado. Este es el tercer pedido a indagatoria que se presenta en el marco de la causa principal, de los cuales no se hizo lugar a ninguno, pese a haberse agotado de manera exhaustiva todas las vías investigativas existentes. Esta tercera y última solicitud, no responde a una postura antojadiza de esta Unidad Fiscal o de la querella particular constituida en la causa sino a todos los nuevos elementos probatorios que fueron arrimados a la causa”.
El secretario de la Procuración destacó “el enorme caudal probatorio que obra en la causa, el que en gran medida fue aportado por el enorme esfuerzo realizado por parte de la querella particular constituida por el señor Carlos Jorge Razzetti (hijo de ambas victimas) en pos del avance del proceso. Pese a ello, ni siquiera se ha tomado a la fecha indagatoria alguna a aquellos señalados como presuntos responsables tanto por esta Unidad Fiscal como por la querella particular ocasionando un enorme perjuicio a la causa, atento que el paso del tiempo no sólo afecta a la posibilidad de avanzar en la investigación y juicio por fallecimiento de los testigos sino también se produce una impunidad de hecho, por el fallecimiento de los sindicados, tal como ocurrió ante el fallecimiento de Luis Rubeo”.
El pedido de Murray sostiene que “resulta necesario señalar que en el legajo de referencia se ha llevado a trámite la discusión incoada en relación a la resolución del Juzgado Federal Número 4 de Rosario del 17 de octubre de 2023, debiendo poner de resalto que el hecho investigado acaeció el 14 de octubre de 1973, configurando el más antiguo dentro de las causas de Lesa Humanidad investigadas en esta jurisdicción, y resultando ser uno de los eslabones iniciales en la trágica represión que desató el Terrorismo de Estado instaurado en nuestro país, debiendo resaltarse que su investigación comenzó a llevarse adelante hace 50 años, en un primer momento bajo la Justicia provincial en el marco del expediente número 913/1973 de trámite ante el Juzgado de Instrucción de la 6ª nominación de Rosario y luego, atento su materia, en la Justicia federal de Rosario. Radicados los autos en esa Cámara de Apelaciones, se celebró audiencia el 6 de diciembre de 2023 no existiendo, a la fecha, resolución alguna. Encuentra asidero la pretensión de esta parte, en tanto el artículo 455 del CPPN establece que, celebrada la audiencia contemplada por el artículo 454 se deberá resolver en la misma en los términos del artículo 396, determinando que en el caso de causas complejos –como la presente– se podrá dictar un intervalo de cinco días para continuar la deliberación y resolver. Plazo que, claramente, se encuentra ampliamente excedido”.
En otro párrafo, Murray asegura que “lo expuesto no hace más que exaltar la gravedad institucional y la deuda con la sociedad democrática que tiene nuestro sistema de justicia con el esclarecimiento, enjuiciamiento y condena de los responsables de estos hechos, como también la obligación irrenunciable del Ministerio Público Fiscal de investigarlo y superar aquellos obstáculos que obstruyan la posibilidad de avanzar hacia una sentencia final, toda vez que los hechos investigados ocurrieron hace más de 50 años, existiendo un derecho inalienable de las víctimas que buscan aún verdad y justicia. Sin perjuicio de lo expuesto, a más del derecho de las víctimas, se encuentra en juego el derecho de los imputados a quienes se debe garantizar que en el menor plazo posible se ponga certeza a su estado de inocencia o, por el contrario, se determine su culpabilidad. Obrar de ese modo permitirá terminar de una vez y para siempre con la incertidumbre que para toda persona significa verse compelido y afectado a un proceso judicial penal”
En esta línea, Murray concluye en su presentación que “por todo lo expuesto, solicito que primero tenga por interpuesta la queja por retardo de Justicia; y segundo, oportunamente se ordene a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, “Sala B”, Secretaría de Derechos Humanos, la resolución de inmediato de las cuestiones pendientes oportunamente planteadas señaladas en el presente escrito”.
Asimismo, el secretario general de la Procuración Juan Murray solicitó al juez federal Marcelo Bailaque que vuelva a citar a indagatoria al testigo Luis Rubén Scarazzini, a quien acusó de falso testimonio, sindicado como el encargado de invitar a Constantino Razzetti a la Cena de la Victoria, desarrollada en el Club Sarratea, del barrio Alberdi, la noche del viernes 13 de octubre de 1973, luego de la cual fue asesinado por un grupo vinculado al Sindicato de la Carne de Rosario.
Murray expone en su escrito que “vengo por el presente a solicitar se ordene el llamado a prestar declaración indagatoria a Luis Rubén Scarazzini por los hechos que seguidamente expondré, que encuadran en el delito de falso testimonio en virtud de las razones que a continuación expondré. Que, en fecha 6 de diciembre de 2023, en el marco de la presente causa, se le recibió declaración testimonial a Luis Rubén Scarazzini. Del análisis de su declaración surgieron contradicciones entre manifestaciones allí vertidas con otras realizadas por el mismo testigo en deposiciones anteriores, (en la causa tramitada primero en la Justicia provincial) como así también con hechos que se encuentran plasmados en prueba documental”.
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