Un rosarino de 30 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación de la Justicia federal en la que está acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales.

Un rosarino fue imputado de explotar a chicas a quienes pagaba una vez por videos eróticos que monetizaba indefinidamente. Les decía que sólo se verían fuera del país
Captaba jóvenes por redes, filmaba encuentros sexuales y vendía el material. La investigación fue profundizada por la fiscalía federal de Rosario.
Un rosarino de 30 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación de la Justicia federal en la que está acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales.
Identificado por sus iniciales GGN, se le imputó haber captado jóvenes a través de redes sociales para concretar encuentros sexuales, filmarlos y comercializar el material en plataformas de alcance global.
La investigación del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Fiscalía federal de Rosario contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y derivó en la detención de GGN. El hombre quedó bajo la lupa sospechado de haber desplegado, al menos desde 2022, un esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes vulnerables a quienes les prometía que los contenidos sexuales se difundirían sólo en el extranjero.
En líneas generales el acusado se encargaba de todas las etapas de la maniobra: captaba mujeres jóvenes —en su mayoría de entre 18 y 20 años— de distintas provincias y sin experiencia laboral. Luego coordinaba encuentros en hoteles o departamentos temporarios donde hacía las filmaciones que luego editaba y subía a plataformas de comercialización. También se encargaba de la promoción de los contenidos para que rindieran más dinero.
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Fuentes de la fiscalía federal de Rosario indicaron que GGN estaba formalmente imputado desde julio pasado por los casos de tres víctimas pero últimamente se detectaron nuevos hechos con otras damnificadas que daba cuenta de que seguía operando. Por ello fue detenido el pasado 25 de marzo.
En ese marco la fiscalía pidió la prisión preventiva del sospechoso y el juez federal Carlos Vera Barros la dictó por el lapso de 90 días. GGN quedó imputado por ocho hechos de “trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, engaño y la consumación de la explotación”. Ese delito prevé una pena de entre ocho y doce años de prisión. En tanto, también se lo investiga en un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena.
La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 por un llamado anónimo a línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación que recibe denuncias de trata de personas. La presentación advertía que el imputado ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual, con la promesa de que el material sería difundido únicamente en el exterior.
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La Protex tomó la investigación preliminar detectó los perfiles utilizados como uno de Instagram denominado “Argentina Casting” o “AC”. Mediante líneas telefónicas e IPs coincidentes fueron vinculados técnicamente al imputado. Además se verificó la existencia de un grupo público de Telegram destinado a promocionar los videos.
Así, se constató que el contenido era comercializado en una una plataforma sin restricción territorial, lo que posibilitaba su visualización también en Argentina. De esa manera se estableció como falsa aquella promesa de que los videos podrían mirarse sólo en el extranjero.
La fiscalía de Rosario profundizó la pesquisa hasta corroborar que GGN reclutaba jóvenes a través de Instagram, viajaba a distintas provincias como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones para concretar los encuentros, “realizar con ellas videos de contenido sexual a cambio de dinero y luego gestionar la edición y comercialización del material en plataformas digitales”.
La evidencia que se colectó permitió imputar al sospechoso a fines de julio pasado por los casos de trata sexual que involucraban a tres víctimas. Entonces quedó en libertad bajo una caución de 20 millones de pesos.
Sin embargo, indicaron los fiscales, la investigación sobre sus acciones no impidió que siguiera operando. Un informe del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal (PFA) detectó que había cambiado de perfiles de Instagram y de plataforma para captar la voluntad de mujeres para seguir produciendo material de contenido sexual y venderlo.
Esa nueva pesquisa identificó a otras cinco víctimas. Algunas declararon en Cámara Gesell que habían sido engañadas a la hora de acceder a grabar los videos que, lejos de mirarse solo en el extranjero, se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones. Eso generó en las víctimas situaciones de angustia y problemas de salud psicológica cuando los materiales eran vistos por miembros de sus entornos sociales y familiares.
Esos nuevos casos obraron como justificación para que los fiscales pidieran la prisión preventiva efectiva del acusado. Además solicitaron que los 20 millones de pesos fijados en su momento como caución real no sean restituidos al imputado sino que queden embargados para garantizar una eventual reparación económica a las víctimas. Sin embargo, el juez accedió al pedido de la defensa de devolver ese dinero.
Al presentar el caso ante el juez, la fiscalía sostuvo que los hechos atribuidos a GGN no eran aislados sino que se enmarcaban en “un dispositivo organizado sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido, en el que el imputado captaba a las víctimas, producía el contenido y lo monetizaba de manera continua”.
Los fiscales destacaron que la modalidad implicaba un pago único a las jóvenes a pesar de que la difusión indefinida de los videos seguía arrojando dividendos al imputado. Por ello, para los acusadores, se configura el delito de “trata de personas adaptada a entornos digitales”.
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En ese sentido los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPR) explicaron que “la explotación no se agota en el encuentro sexual filmado, sino que se proyecta en el tiempo de manera potencialmente ilimitada, afectando de forma continua la dignidad, la intimidad, la identidad digital y la integridad sexual de las víctimas”.
En ese sentido destacaron que la promesa que les hacía respecto de la difusión limitada y el alcance del material constituían un elemento de “engaño relevante”, ya que eso incidía directamente en la decisión de las víctimas para participar de las filmaciones. Ese engaño llegaba incluso a mentirles a las jóvenes sobre su verdadero nombre —decía llamarse “Liam” o “Elion”— y en al menos tres casos de firma de contratos que las víctimas no pudieron leer.
Otro aspecto que los fiscales enfatizaron sobre las maniobras de GGN tiene que ver con la perspectiva de género, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas son menores de 20 años sin experiencia laboral, lo cual fue interpretado como “un patrón de selección orientado a mujeres en transición a la adultez, con mayor vulnerabilidad económica y simbólica”.
“Al apropiarse de su imagen y de su identidad digital en una versión sexualizada construida y comercializada por él, el imputado ejerció una forma particularmente grave de cosificación, en la que las víctimas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en un producto monetizable y disponible para el consumo anónimo y masivo”, indicaron.




