Acusados de divulgar contenido sexual de mujeres, publicar sus nombres y amedrentarlas

Seis hombres fueron imputados como miembros de una asociación ilícita dedicada a divulgar imágenes pornográficas de mujeres, algunas menores de edad, a través de la aplicación de mensajería Telegram. Las acusaciones fueron formuladas en una audiencia iniciada a fines de julio que pasó a cuarto intermedio y terminó el viernes, cuando la jueza María Trinidad Chiabrera aceptó las calificaciones propuestas por la fiscal Viviana O’Connell.

Entre los implicados está Mauro Scaloni, hermano del director técnico de la selección argentina de fútbol, pero hasta ahora no llegó a ser imputado ya que —según se indicó desde la Fiscalía Regional 2— no concurrió a la audiencia a raíz de un error de notificación por parte de la Oficina de Gestión Judicial, que deberá reprogramar la cita.

El accionar de la presunta organización descripta gira en torno a la creación de un grupo de Telegram cuyo requisito para ser admitido era enviar fotos o videos caseros con contenido sexual. Los interesados debían además exponer la identidad de las mujeres que aparecían en esos archivos. Si bien no se determinó la cantidad de víctimas, hubo al menos cuatro denuncias de mujeres que no sólo se habían enterado de que había imágenes suyas circulando por las redes sino que además fueron contactadas y amedrentadas.

Producción casera

Tomás Bruno M., Luis Miguel B., Matías Nahuel D., Tiago Joaquín T., Franco F. y Kevin P. —la mayoría de entre 20 y 30 años— están acusados de haber al menos participado de un grupo de Telegram a través del cual se difundían fotos y videos con contenido sexual. Según la investigación, el principal requisito de admisión era publicar fotos o videos caseros de mujeres “exhibiendo sus partes o teniendo relaciones sexuales” y publicar sus identidades. Así, en ese grupo se reproducían imágenes y videos no autorizados por sus propietarias que fueron expuestas a ser vistas por una gran cantidad de personas “con el sólo fin de satisfacer las pretensiones de los ofensores”.

La fiscalía detectó al menos cuatro casos denunciados. Es que más allá de la vulneración de la intimidad de las víctimas, a partir de la publicación de sus datos las mujeres que aparecían en las imágenes éstas comenzaron a ser hostigadas y amedrentadas. “Una vez que circulaban las imágenes sobre ellas algunas eran contactadas y las amenazaban para conseguir más material de ellas”, explicó O’Connell.

La imputación refiere al desarrollo de un plan delictivo durante un período no determinado que se presume entre mayo de 2020 y marzo de 2022. Sí les atribuyó a los imputados haber conformado una “comunidad de acción” mediante un grupo de Telegram “con el fin de atacar la libertad individual y vulnerar la integridad sexual de un número de mujeres indeterminado”.

En tal sentido la fiscal añadió que los hechos “fueron cometidos en una clara situación de violencia, dominio y sometimiento por su condición de mujeres, al hacer circular fotos y filmaciones de las víctimas contra su voluntad, tratándolas como objetos sexuales para el disfrute de los hombres, lo que implica un contexto claro de violencia de género”.

¿Cómo se obtenían los archivos que los miembros del grupo ponían en circulación? Según la investigación, en algunos casos se hacía por “medios ilícitos, como amenazas coactivas o hackeo de cuentas”. Para O’Connell, “la difusión indiscriminada de las imágenes obligó a esas mujeres a ser observadas contra su voluntad por desconocidos en actos de significación netamente sexual, importando por ese componente una mayor degradación para las víctimas”.

Acusaciones

En ese marco Luis B., Matías D., Tiago T., Franco F. y Kevin P. fueron imputados como miembros de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de publicación, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas donde se exhibe a menores de edad. Tomás M. fue imputado como jefe u organizador, sindicado como administrador de los grupos, a cargo de exigir los requisitos y admitir a los interesados.

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La imputación incluye “haber ofrecido y comercializado representaciones de menores de 18 años con actividades sexuales explícitas”. De estos casos se individualizó uno, de una chica que tenía 15 años en las filmaciones que se divulgaron sobre ella y que hasta estos días “continúa siendo hostigada y amenazada por redes sociales por diferentes perfiles que han recibido los mismos videos”.

Por ello a Kevin P. se le agregó una imputación por grooming y por tentativa de extorsión a raíz de un hecho de septiembre de 2020. Según la acusación, el joven se valió de un perfil de Instagram detrás del cual ocultaba su identidad para contactar a una adolescente y amenazarla con dar a conocer videos suyos si no le respondía los mensajes. También le pidió dinero para no difundirlos.

Tras admitir las imputaciones la jueza dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva como fijar domicilio y cumplir con una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con las víctimas, reglas que deberán cumplir por el plazo de ley de hasta dos años. Para Kevin P. la jueza agregó una firma semanal en sede judicial y la prohibición de salir no solo del país sino también de la provincia de Santa Fe.