“La ciudad no es un problema, sino una solución”.
La frase del urbanista Jaime Lerner resume una verdad: en un siglo atravesado por la crisis climática, la transición energética y la competencia global por inversiones y talento, las ciudades se han convertido en actores centrales del desarrollo, en articulación permanente con los sistemas productivos, energéticos y territoriales que las rodean.
Sin embargo, en Argentina la discusión climática está atrapada entre consignas, negacionismos y falsas antinomias. Mientras tanto, el cambio climático ya impacta sobre nuestra vida cotidiana: inundaciones más frecuentes, olas de calor más intensas y presión sobre la infraestructura.
La agenda climática dejó de ser exclusivamente ambiental. Hoy es una discusión económica, geopolítica y de competitividad. A la vez que el mundo se reorganiza alrededor de la transición energética y las nuevas tecnologías, Argentina todavía no presentó su NDC 3.0, el instrumento mediante el cual los países actualizan sus compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. No se trata de un trámite burocrático, sino de la hoja de ruta que define cómo un país piensa su desarrollo futuro.
Durante años, Argentina eligió subsidiar consumo en lugar de enfocarse en la eficiencia. Gastamos miles de millones para sostener tarifas, cuando podríamos haber utilizado parte de esos recursos para transformar viviendas, reducir pérdidas energéticas y bajar estructuralmente el gasto de las familias.
Por eso es fundamental avanzar en políticas como el etiquetado de eficiencia energética en viviendas. Así como hoy conocemos el consumo de un electrodoméstico, también deberíamos saber cuánta energía consume un hogar. Esto mejora la transparencia del mercado inmobiliario, impulsa una construcción más eficiente, reduce emisiones y estabiliza la balanza energética.
Las ciudades tienen un rol central en esta transformación. La urbanista y escritora Jane Jacobs sostenía que la vitalidad urbana depende de la densidad, la mezcla de usos y la intensidad de la vida en común. Hoy esa lógica también se volvió una cuestión ambiental: ciudades más compactas reducen distancias, optimizan infraestructura y hacen más eficiente el uso de energía y servicios.
La movilidad urbana es otro ejemplo de cómo la acción climática y el desarrollo pueden ir de la mano. La inversión en transporte público no es una discusión anacrónica. Cuando observamos sistemas como el Metro de Santiago de Chile, entendemos que su calidad no es casualidad, sino el resultado de décadas de planificación, inversión sostenida e integración del sistema de transporte.
Argentina necesita volver a pensar la movilidad urbana como política de Estado. Eso implica ampliar y modernizar redes ferroviarias, metros, tranvías y corredores eléctricos de alta capacidad. También implica apostar por la electrificación del transporte y por sistemas urbanos integrados que reduzcan tiempos, emisiones y costos. Ciudades como Buenos Aires o Rosario tienen enormes oportunidades para avanzar en esa dirección y convertirse en laboratorios de innovación urbana, movilidad sostenible e infraestructura inteligente.
Al mismo tiempo, debemos prepararnos para impactos climáticos que ya son inevitables. Se estima que más de 570 ciudades costeras podrían quedar expuestas a inundaciones recurrentes hacia 2050 como consecuencia del aumento del nivel del mar. Las obras hidráulicas, la infraestructura resiliente y la planificación urbana inteligente van a definir qué ciudades estarán preparadas para el futuro. La tecnología puede ayudar: desde inteligencia artificial aplicada al tránsito hasta mapas de sombra urbana para reducir temperatura mediante arbolado y soluciones arquitectónicas.
La transición climática ya no es una discusión teórica. Es una oportunidad concreta para modernizar la Argentina y mejorar la vida cotidiana de millones de personas.
Por Patricia Martino
