El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que el exministro de Planificación Federal,
Julio De Vido, vaya a juicio oral y público por la compra de trenes a España y Portugal en la cual se sospecha que se pagaron sobreprecios millonarios.
Ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que el actual diputado nacional vaya a juicio por "defraudación a la administración pública" en una causa en la que ya está acusado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Concretamente, el fiscal acusó a De Vido de haber firmado contratos con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España en 2010 por la compra de vagones y repuestos ferroviarios, en los que se habrían pagado sobreprecios.
Por esa misma causa, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime está detenido desde hace más de un año por orden de Ercolini y camino a juicio oral y público; y en la misma situación está su exasesor Manuel Vázquez, a quien se acusa a través de CAESA de cobrar millonarias comisiones.
"En esta oportunidad vamos a solicitar que se enjuicie a los imputados por su participación en el diseño e implementación de dicha política pública. No por la política pública en sí misma, sino porque ella envuelve comportamientos delictivos", sostuvo Delgado en el dictamen.
Para Delgado los contratos con España y Portugal "se desplegaba bajo la dirección del Ministro de Planificación" a cargo de De Vido. Además, recordó que hay tres contratos que llevan la firma de De Vido: uno del año 2004 con Caminhos de Ferro Portugueses por la compra de 17 unidades por 3.832.696 de euros; otro con la misma empresa en 2006 por la cual se pagaron 20.221.500 de euros por 25 unidades; y finalmente uno firmado el 16 de julio de 2010 con el Ministerio de Fomento del Reino de España de 76 millones de euros por más de 1.000 unidades.
El fiscal evaluó que si bien De Vido descarga la responsabilidad en sus entonces subordinados, él tenía "el poder de gobierno de los sucesos" y lo que le permitió "controlar cada paso de la maniobra y formalmente aparecer en la escena lo menos posible".
"La instrumentalización de la ley y de la jerarquía administrativa de la burocracia fue el medio para alejarse formalmente pero acercarse al máximo a los acontecimientos", añadió. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, por el contrato que preveía pagos de 200 millones de euros por parte del Estado Nacional, del cual se pagaron la mitad, hubieron al menos 171 por ciento en pago de sobreprecios. Además, se constató que gran parte del material rodante comprado en ambos países era inutilizable por el mal estado en el que estaban las formaciones.
