Legisladores opositores venezolanos comenzarán mañana un proceso para remover a los magistrados Tribunal Supremo de Justicia que se atribuyeron competencias de la Asamblea Nacional y desataron un agudo conflicto de poderes. El sábado el propio tribunal, presionado por una ola de condenas internacionales sin precedentes, dio marcha atrás con esa medida y otra anterior, que quitaba los fueros a los diputados y los dejaba a merced de la justicia militar. A la vez, hoy la OEA volverá a reunirse para estudiar la grave situación de Venezuela. Los dirigentes opositores venezolanos advierten que, pese a la corrección de las dos sentencias, el gobierno chavista sigue actuando como una dictadura y el conflicto de poderes se mantiene.
"El proceso de remoción es necesario y va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional'', declaró el diputado Juan Miguel Matheus, argumentando que pese a que el Tribunal Supremo suprimió parte de las sentencias y revirtió la decisión que limitaba la inmunidad de los diputados, "eso no los exime de la falta cometida en desmedro de la Constitución''.
Sin embargo, puesto que la Defensoría del Pueblo y otras instancias del denominado "Poder Ciudadano" facultadas para obrar están totalmente bajo control chavista, la posibilidad de que los magistrados sean apartados de sus cargos es muy lejana.
Pero el frente externo de condenas y críticas al chavismo continúa abierto. La OEA convocó hoy a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar la crisis venezolana. "El gobierno quieren hacerle creer al mundo que dio marcha atrás y regresaron las competencias a la Asamblea. Esa es una farsa, el hecho es que los magistrados atentaron contra la independencia de poderes, violaron la Constitución y en Venezuela sigue persistiendo el golpe de Estado'', manifestó Matheus, al igual que muchos otros dirigentes opositores. Pese a la revisión' de las dos sentencias, en la práctica la Asamblea Nacional "sigue privada de sus funciones'' por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con amplia mayoría opositora en la era chavista. Al menos 56 sentencias emitió desde aquella fecha la Sala Constitucional del TSJ, todas contra las leyes aprobadas por la Asamblea. A su vez, luego de la amplia derrota electoral en diciembre de 2015 y antes de perder control del Legislativo, el chavismo se apresuró a forzar cambios en la Sala Constitucional con el obvio objetivo de lograr jueces incondicionales. Los opositores, incluidos juristas de prestigio, afirman que en ese trámite se violaron exigencias constitucionales para integrar la Sala.
Fortalecida por la crisis interna del chavismo, la oposición plantea que para superar la crisis son necesarias elecciones, que se designe un Tribunal Supremo independiente y se retiren las 56 sentencias del máximo tribunal contra la Asamblea Nacional. Desde la contundente derrota oficialista en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en Venezuela no hubo más comicios. En modo claramente irregular, se pospusieron para 2017 y sin fecha precisa las elecciones de gobernadores, que debían realizarse en 2016 y asimismo se archivó el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio de mandato contra Maduro que impulsaba la oposición. Ambas consultas parecían tener un destino claro: la derrota amplia del chavismo en las urnas.
La oposición, que se sabe hoy ampliamente mayoritaria, sostiene que se mantiene el "desconocimiento" del Congreso, puesto que los magistrados insistieron, al anunciar su revisión de los fallos cuestionados, en que la Asamblea está presuntamente "en desacato'' del TSJ. Además, seguirían vigentes los poderes plenos otorgados a Maduro por las dos sentencias.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos inició en diciembre de 2015 luego que la Sala Electoral de la Corte suspendiera por supuestas irregularidades en su elección a cuatro diputados —tres de ellos opositores.Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantiene a la Asamblea Nacional en presunto "desacato". En esta figura basó sus dos explosivas sentencias.
Los opositores afirman que el Congreso sigue sin poderes y que hay 56 fallos del TSJ que
deben derogarse
