En Santa Fe, los propietarios de colegios privados y el gremio docente ven de imposible aplicación provincial el esquema de precios justos con tope de aumento en las cuotas que anunció el gobierno nacional. El Ministerio de Economía fijó un incremento del 16,38% para marzo y desde abril a junio una suba del 3,35% mensual. En territorio santafesino el tema está regulado desde hace 20 años por una norma que tiene en cuenta el salario inicial de un maestro y el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución. Y cualquier acuerdo federal en principio se superpone con la normativa vigente y exigirá cambios estructurales.
“El anuncio que hizo el gobierno nacional es populismo educativo. Es peligroso porque desfinanciaría la educación privada del interior, es de imposible cumplimiento actual y es una puesta en escena política para que la inflación de marzo no sea alta”, dijeron a La Capital fuentes cercanas a las instituciones educativas del sector.
“El planteo que hizo la Nación es extraño para Santa Fe donde el tema está regulado hace 20 años y funciona correctamente, con previsibilidad para los padres y las instituciones con un tope claro respecto a los subsidios y los incrementos salariales. No lo vemos de fácil implementación para la provincia”, advirtió Martin Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) delegación Rosario.
El martes, el Ministerio de Economía de la Nación anunció un acuerdo con los colegios privados para sumarlos al programa Precios Justos. Y definió una pauta hasta junio de aumentos en el valor de las cuotas que deberán pagar los padres durante el ciclo lectivo 2023: 16,38% en marzo y luego un 3,35 desde abril a junio.
Desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de Santa Fe confiaron a este diario que aún no se adhirió a ese convenio marco. Y no precisaron si finalmente se hará efectivo, los plazos y los términos.
En Santa Fe hay unas 850 escuelas de gestión privada donde estudian unos 250 mil alumnos. Desde el año 2003 las cuotas de los colegios privados están reguladas por una disposición ministerial (018) que establece topes en los montos de los aranceles en base al salario inicial docente y el porcentaje de subsidios estatales que recibe cada institución.
En base a la última actualización salarial docente se toma como referencia una remuneración inicial de grado de $166.000. Y los aranceles, de acuerdo al porcentaje de subsidio recibido, van de los $8.332 hasta los $37.493.
Se calcula que de las 850 escuelas de gestión privada que funcionan en Santa Fe, el 80% percibe ciento por ciento de subsidio provincial para su funcionamiento. Y allí operaría el tope actual de $8.332 que además es de carácter voluntario y no obligatorio para los padres.
Otras cien reciben 80 por ciento de subsidio y tendrían un tope actual de casi 15 mil pesos y “son contadas” las instituciones que reciben 40 por ciento de subsidio y tienen tope de algo más de 37 mil. Las que no reciben aporte estatal no tienen techo para cobrar aranceles.
“Estamos a la espera de lo que resuelva el gobierno de Santa fe sobre si adhiere o no a este acuerdo marco, que como tal no es una norma jurídica que las escuelas deban cumplir. Por mandato constitucional la responsabilidad educativa está en manos de las provincias y no de la Nación”, apuntaron desde el sector de las instituciones educativas de gestión privadas.
“Esto es claramente populismo educativo. Es muy peligroso porque implicaría desfinanciar a las escuelas que no pueden decir no tenemos tal producto de precios justos sino que deben abrir sus puertas todos los días. Y el componente salarial representa en algunos casos hasta el 90 por ciento de la estructura de costos de un colegio”, agregaron.
Lucero coincidió en la inviabilidad de aplicar en Santa Fe el esquema nacional. “Parece un acuerdo pensado más para Capital Federal y Gran Buenos Aires que para el interior que ya tiene el tema regulado. Pero además presiona el escenario de las paritarias porque le pone un tope inicial del 16% en marzo y menos del 4 mensual en adelante cuando la expectativa inflacionaria está por encima de esos valores”, fundamentó.
“Lo vemos de muy difícil traslado, es un esquema extraño para una provincia como Santa Fe que hace dos décadas tiene el tema resuelto sin mayores conflictividades”, cerró.
Córdoba no adhiere
El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, se reunió esta semana con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de esa provincia para analizar la situación planteada luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de implementar el programa “Precios Justos”, con topes en aranceles de cuotas de este tipo de instituciones.
Tras el encuentro, Grahovac confirmó: “Córdoba no va a adherir al acta que propone Nación, va a mantener su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad. No es sensato poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas, lo que además lleva intranquilidad a las familias en la continuidad de la escolaridad de sus hijos en estas escuelas”.
En relación a los topes arancelarios, Grahovac afirmó que “siempre se actuó con responsabilidad social, al punto de que los aumentos siempre estuvieron por debajo de la inflación. Por otra parte, no hay un aumento común para todas las escuelas, sino que se autorizan una a una de acuerdo a parámetros de porcentaje de aportes estatales que recibe, cantidad de estudiantes, proyecto institucional, entre otros valores de menor peso en el cálculo”.
