Un informe oficial revela que el país llegó a 258 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, el nivel más alto jamás registrado. Santa Fe aparece entre las cinco provincias con mayor tasa y muestra el crecimiento carcelario más acelerado de la última década.
Foto: Archivo / La Capital.
La provincia de Santa Fe triplicó su población carcelaria en menos de diez años.
Argentina cerró 2024 con un dato que marca un punto de inflexión en su historia penal y penitenciaria: nunca antes hubo tantas personas privadas de la libertad en relación con la población total. Así lo señala el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026, que traza una radiografía detallada del encarcelamiento en el país y deja en evidencia fuertes diferencias entre las provincias, con Santa Fe en un lugar especialmente sensible.
Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario argentino alojaba a 121.443 personas privadas de la libertad (PPL). Esa cifra se traduce en una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia desde que existen registros consolidados. El documento no solo cuantifica el fenómeno, sino que analiza su evolución en el tiempo, el nivel de ocupación de las cárceles, las características judiciales y sociales de la población detenida y la situación de personas privadas de la libertad por razones de salud mental.
La tasa nacional se explica, en buena medida, por el peso de varias jurisdicciones que superan ampliamente el promedio argentino. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308) y la provincia de Buenos Aires (305). En ese listado aparece Santa Fe, con una tasa de 286, por encima de la media nacional, y luego Salta, con 267.
La ubicación de Santa Fe no es un dato aislado ni coyuntural. Forma parte de un proceso sostenido de crecimiento del encierro que, según el CNPT, se aceleró en los últimos años y la colocó entre las provincias con mayor presión sobre su sistema penitenciario.
El informe reconstruye la evolución del encarcelamiento en los últimos 25 años y muestra una tendencia clara: la población carcelaria creció a un promedio anual del 6 %, con una única excepción en 2020, cuando la pandemia provocó un descenso transitorio. Lejos de moderarse, en 2024 el aumento fue todavía mayor y alcanzó el 7,1 % interanual.
Ese crecimiento se dio incluso en un contexto de ampliación de plazas carcelarias. Durante el último año, varias provincias —entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán— incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario. Sin embargo, esa expansión no logró revertir los niveles de sobrepoblación.
Desde el CNPT advierten que, a escala nacional, los sistemas penitenciarios funcionan al 130,2 % de su capacidad. En términos concretos, hay 130 personas alojadas en espacios pensados para 100, un indicador que refleja la persistencia del hacinamiento como problema estructural.
Uno de los datos más contundentes del informe aparece al observar la evolución por jurisdicción entre 2015 y 2024. En ese período, la cantidad de personas alojadas en cárceles del país creció un 67,7 %, pero el comportamiento fue muy dispar según la provincia.
Santa Fe registró el incremento más pronunciado de todo el país: 244,8 %. Es decir, prácticamente triplicó su población carcelaria en menos de diez años. Detrás aparecen Santiago del Estero, con un aumento del 138,2 %, y Córdoba, con el 116,6 %. Las tres jurisdicciones más que duplicaron la cantidad de personas privadas de la libertad en ese lapso.
El informe señala que buena parte de las nuevas plazas penitenciarias se utilizaron para trasladar detenidos que estaban alojados en comisarías. Ese proceso, si bien alivió parcialmente la situación en dependencias policiales, no redujo de manera significativa la cantidad total de personas detenidas en ese ámbito, que apenas se estabilizó.
El documento también pone el foco en la situación procesal de la población carcelaria. A nivel nacional, el 62 % de las personas privadas de la libertad se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin una sentencia firme.
Detrás de ese promedio se esconden diferencias muy marcadas. Neuquén registra el porcentaje más alto de personas condenadas, con el 99,6 %, y Chaco, Chubut y San Juan también superan el 90 %. En el otro extremo, hay provincias donde el peso de la prisión preventiva es mayor que la media nacional: Formosa tiene un 51 % de personas encarceladas sin condena, seguida por Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39 %).
Qué delitos explican la mayor parte del encierro
En cuanto a los tipos de delitos, el informe del CNPT muestra una estructura relativamente estable. Los delitos contra la propiedad concentran la mayor proporción de personas encarceladas, con el 36,4 % del total, es decir, casi cuatro de cada diez detenidos. Les siguen los delitos contra las personas, que representan el 21,7 %, y los delitos contra la integridad sexual, con el 20,5 %.
Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.
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