Milei, a los empujones contra sus críticos en nombre de la libertad

Los anabólicos que le inyectaron las elecciones porteñas todavía actúan en el organismo de Javier Milei. Tras el triunfo sobre el PRO en su bastión, el presidente se siente con más fuerza que nunca para decir quién está dentro y quién está fuera. No solo de su propia fuerza o de una alianza electoral, sino también de la esfera pública.

Después de aplastar al macrismo, Milei cruza la General Paz y amenaza ahora al viejo kirchnerismo de Cristina, al neokirchnerismo de Axel Kicillof y a un Sergio Massa que no encuentra su oportunidad para volver a escena. El Frankenstein libertario ataca a quienes lo alimentaron.

Aun en su voracidad y su rigidez, Milei es más flexible de lo que sus críticos suelen ver y él está dispuesto a admitir. En las provinciales de septiembre usará la fórmula made in Chaco de un frente LLA + PRO y en las nacionales de octubre irá con la camiseta violeta, con cupo de extranjeros. Los libertarios confían en su marca, pero también son conscientes de que para las elecciones locales su armado es minúsculo ante la inmensidad de la geografía bonaerense.

En ese mundo de tribus con intereses contrapuestos y que suelen ventilar sus diferencias en las redes sociales Milei actúa como un césar libertario: deja que se peleen y al final sube o baja el pulgar según quiénes sean los protagonistas y su estado de humor.

El pacto asimétrico entre La Libertad Avanza y el PRO les sirve al menos a los amarillos para atenuar la estampida de dirigentes hacia el mileísmo. De todos modos, las sonrisas para las fotos no tapan que no se trata de un acuerdo sino una capitulación, en la que Cristian Ritondo trata de arrancarle a los Milei algunas concesiones.

Sin embargo, en lugar de aprovechar el envión político del triunfo en la casa matriz del PRO, la inflación que parece volver a una trayectoria descendente y la relativa estabilidad del dólar los libertarios se meten en peleas con ganancias dudosas y reglamentaciones al filo de la legalidad, como si no pudieran relajarse y creer en su propia fortaleza. Un gobierno con el síndrome del impostor.

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Las restricciones al trabajo de la prensa en Casa Rosada son un ejemplo. Más que la opinión de periodistas a los que luego pueda tildar de ensobrados o conspiradores, al gobierno le preocupa que se filtre otra información que manche la reputación de Milei. El caso $Libra, que sigue su curso tanto en Nueva York como en Comodoro Py, mostró que la prolijidad en el manejo de sus relaciones con el mundo exterior (sobre todo el de los negocios) no son un fuerte de los Milei, que en vez de ordenar la casa polarizan los vidrios.

A eso se suman hechos más inquietantes. El periodista Hugo Alconada Mon denunció que intentaron hackear su celular después de que publicara que el plan de inteligencia podría poner en el radar de la Side a periodistas, economistas y cualquier individuo que intente “manipular la opinión pública” o “erosionar” la confianza de los funcionarios. Con esos parámetros tan amplios e inquietantes, el derecho a la libre expresión y a la información podrían convertirse en amenazas al orden público y el interés nacional. Liberales con miedo a la libertad.

Artistas y líderes de opinión, en la mira

La ofensiva contra Ricardo Darín también luce desproporcionada. En una pelea desigual, al protagonista de El Eternauta le tiraron el Estado encima porque usó el precio de las empanadas para relativizar el relato triunfalista del gobierno. El actor incomodó al gobierno por tres motivos: es una figura internacional, no es precisamente un simpatizante del kirchnerismo y, sobre todo, puso en cuestión la narrativa del oficialismo sobre la inflación, su principal activo político.

Al presidente que surgió de los estudios de televisión y las redes sociales le generan más daño las declaraciones de artistas y líderes de opinión que los exponentes de la vieja dirigencia política, dividida entre los que hacen fila para rendirse a los pies del libertario y los que todavía no encuentran la forma de oponerse. Sentado en el Sillón de Rivadavia, Milei pega como presidente y se defiende como tuitero.

Como ocurre con el abordaje mucho más duro de la protesta social y, de manera más reciente, con la limitación por decreto del derecho a huelga para un amplio espectro de actividades, los libertarios buscan subir el costo individual de la disidencia, en términos reputacionales, penales o incluso físicos.

Milei se arroga el derecho de admisión y permanencia en una esfera pública más reducida, en la que su voz y la de sus adeptos serían las únicas expresiones legítimas. Quienes plantean diferencias son llamados a callarse o empujados hacia la salida.

En ese marco, Milei y los suyos estiran las reglas como un chicle y las adaptan a su conveniencia. Si el presidente no saluda a Jorge Macri es un rasgo de autenticidad; si lo hace un fiscal de mesa es una burla a la autoridad presidencial. Cuando el nuevo Paka Paka transmite dibujos animados que presentan a Friedrich Hayek y Milton Friedman como héroes y a Karl Marx como villano “no es adoctrinamiento” sino “la verdad”, como dijo el Gordo Dan. Antes, los intelectuales orgánicos se esforzaban más.

El ajuste sin fin y los límites del relato

Aunque los libertarios coqueteen con la idea de un kirchnerismo de derecha, siguen el camino inverso al de Néstor y Cristina, que primero pusieron las bases materiales de su proyecto con años de crecimiento y consumo, ampliaron su coalición social y política y apelaron a la batalla cultural en el declive.

Milei se inclina por ese recurso al comienzo de su gobierno, con una estructura política en construcción y sin la espalda de un período de bonanza. Y, encima, la motosierra toca nervios sensibles del cuerpo social.

El conflicto en el Hospital Garrahan, la protesta por la emergencia en discapacidad y la reactivación del debate por el presupuesto universitario muestran que cuando el gobierno no puede presentar a su antagonista como parte de la casta el relato libertario cruje.

Milei ganó una batalla simbólica antes de asumir: la sociedad aceptó que el ajuste era necesario para dejar atrás una década de estancamiento económico y una inflación descontrolada. Sin embargo, lo que una mayoría acepta como una medicina amarga para Milei y funcionarios como Federico Sturzenegger es un cóctel que combina trabajo y placer.

La experiencia del macrismo sirve como antecedente. El gobierno del dueño de la franquicia devaluada del PRO encontró su fecha de vencimiento no sólo cuando se le incendió el frente financiero y llamó de urgencia al FMI, sino también cuando pasó en el imaginario de la modernización market friendly con contención social al neoliberalismo insensible.

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El estilo provocador típico de las redes sociales de Milei, Manuel Adorni y sus lugartenientes puede volver como un latigazo de parte de una sociedad cada vez más fragmentada, pero con una profunda matriz igualitarista y plebeya. Aunque cada vez adquiere rasgos más latinoamericanos —informalidad laboral creciente, una brecha de desigualdad mayor— no es seguro que los argentinos abracen el modelo peruano, al menos no voluntariamente.

El vínculo con Santa Fe

En ese juego de inclusiones y exclusiones, Guillermo Francos y Luis Caputo dejaron afuera a Maximiliano Pullaro de la reunión en la que les pidieron a los gobernadores que adhieran a la relajación de controles para mover los dólares y los pesos guardados en el colchón.

“Fue una reunión de los que quieren que la actividad económica se reactive preferiblemente con las operaciones de la gente decente. Pero tampoco se oponen a si los lavadores o narcos dan una mano. Esperaremos una reunión donde esto último no esté en la mesa”, dice un alto funcionario provincial.

Más que zanahorias, el gobierno muestra el palo: las provincias que no suscriban no recibirán información fiscal. Una amenaza, dicen en la Casa Gris, que tiene poco efecto. “Santa Fe es la única provincia que no recibe información de Arca desde 2017”, sostienen.

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Cerca del gobernador señalan que en el gobierno nacional convocaron a Santa Fe a tener una reunión bilateral. Es una relación compleja, en la que se superponen la cooperación (por ejemplo, en la apertura del aeropuerto de Rosario como salida a exportaciones) y el conflicto (como en la obra pública, especialmente la vial). Pese a los tironeos por la coparticipación, la idea de un nuevo IVA dividido salomónicamente entre la Nación y las provincias no desagrada a Santa Fe.

En la Casa Gris calculan que si el Estado central cobra 9% y la provincia el 12% restante, con sólo subir un punto porcentual se podría eliminar Ingresos Brutos, uno de los impuestos más distorsivos. Tendría un efecto fiscal casi neutro, pero para Pullaro y sus aliados sería un triunfo político en un momento que la discusión sobre cómo se financia el Estado y cuáles son sus funciones está en el centro del debate.