En el despacho de Maximiliano Pullaro hay un sable bajo un vidrio. El que lo ve presume que es una réplica del arma de Estanislao López, pero el gobernador aclara, orgulloso, que se lo otorgó la Policía de Santa Fe cuando era ministro de Seguridad.
El gobernador insiste en un cambio de paradigma centrado en el respaldo político y judicial hacia la fuerza policial, y que no se la ensucie sin fundamentos. Un nuevo caso por el que pide "prudencia" para no afectar el plan de seguridad
Por Facundo Borrego
Foto: Gobierno Santa Fe.
El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías.
En el despacho de Maximiliano Pullaro hay un sable bajo un vidrio. El que lo ve presume que es una réplica del arma de Estanislao López, pero el gobernador aclara, orgulloso, que se lo otorgó la Policía de Santa Fe cuando era ministro de Seguridad.
Esa escena sirve para hacer foco en el sello que Pullaro llevó a la práctica desde que era ministro: empatizar con la fuerza policial, mostrarse un par por más que la conduzca. En otras cosas, implica defenderlos públicamente en algunos casos judiciales que considera injustos con el objetivo de romper con prejuicios que, entiende, dañan la política de seguridad.
Hay una batalla cultural que Pullaro vuelve a dar con el caso que derivó en seis policías imputados por supuesta tortura seguida de muerte con expectativa de pena de condena perpetua. Una calificación muy fuerte que el gobierno provincial no dejó de objetar, incluso en voz del propio Pullaro.
Sin opinar de modo directo sobre la calificación recuerda que hubo antecedentes que requieren mostrarse con “prudencia”.
"Le pedí al ministro (de Seguridad y Justicia) que esté encima del tema y que evalúe muy bien lo que ocurrió, con mucha prudencia", comentó Pullaro.
Y siguió: "No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de esas características en los que, posteriormente, la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías", manifestó.
Las palabras fueron detenidamente elegidas para no pisar el umbral de otro poder, en este caso el Judicial, que es lo que puede interpretarse en una primera lectura al ver que el gobernador y el ministro de Seguridad se manifiestan sobre el tema. “Para nada", sostienen. También, como un fuerte gesto, le aseguran los honorarios a la defensa de los acusados.
Cuando Pullaro sostiene que hubo hechos de características similares y que terminaron con los efectivos absueltos se refiere a los casos de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria de 46 años que, en 2017, ingresó a la comisaría 10ª de Rosario para denunciar un robo y murió luego de presunta violencia institucional. Pero, posteriormente, los efectivos resultaron absueltos.
También el de Franco Casco, un joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª, en 2014 y, días después fue encontrado en el río luego de presunta violencia física. Los policías fueron absueltos, pero la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo y debe haber otro pronunciamiento.
En el transcurso de aquellos casos hubo una fuerte narrativa contra la fuerza policial. Era un ciclo político en el que aún el progresismo conservaba cierta hegemonía a nivel nacional y luego se transformó en resistencia de la gestión de Mauricio Macri. Otros casos de repercusión nacional de abordaje similar fueron el caso Santiago Maldonado y el de Chocobar.
El pullarismo va al hueso en ese sentido y lo politiza. “Los progres son jarabe de pico, pero jamás fueron a fondo contra las bandas ni con los nichos de corrupción de la policía”. Resultado mata progresismo, dirán.
Ese es el fondo de la cuestión para el gobierno provincial: los casos mencionados en que se motorizaron por “prejuicios” pueden afectar la política de seguridad pública. Tienen una hipótesis que pueden tener su lógica, pero difícil de comprobar. “Si la policía siente que están todos apuntados bajan los brazos, se resienten”, señalan.
De paso, el respaldo se hace explícito para que la policía no desvíe la voluntad del plan que baja Pullaro ni haya ningún tipo de rebelión, como ocurrió en febrero de 2026 por un reclamo complejo, salarial y de otra índole, durante días que lograron contener.
El gobierno cree que hubo un cambio de asimilación de la seguridad en los últimos dos años y no lo quiere perder. Recuerdan, como ejemplo de ese dinamismo, que hace más de una década las cámaras de seguridad se pensaban como una invasión a la intimidad y ahora como inversión pública.
Luego dan como ejemplo a quienes se oponían a construir cárceles de alto perfil con regímenes duros. “Esos generaron un home office en las cárceles con las consecuencias que sabemos”, dicen. Y encienden una pastilla que será tema electoral.
Le suman un componente ideológico que complementa aquello del “jarabe de pico”. Y destacan: “Hasta 2023 dominaron la discusión pública los prejuicios de izquierda que nos llevaron a los 300 homicidios por año en Rosario”.
En el fondo, lo que hace el gobierno es sostener el pulso de la seguridad y tratar de que no haya retrocesos en la asimilación de la sociedad.
Hay un nudo que enlaza todo el discurso oficial, que tiende a ser una discusión jurídica pero deriva en un artilugio político: la crítica al garantismo. En apariencia se supone que es eficiente a la par de aquella caída de lo progresista. El 2027 será una buena prueba.
En limpio, ¿cuál es el cambio de paradigma que plantean que se logró y no debería volver atrás? Que a la policía no se la condena de antemano, como ocurría antes.
“No vamos a dejar que se monte un relato que ponga a la Policía de Santa Fe en un lugar donde no está”, afirman. Claro que, si hay hechos graves comprobables, afectan la imagen policial inexorablemente.
“Al policía se lo defiende siempre y cuando cumpla con su deber”, aclaran. Eso rima con el caso de Luciano Nocelli, que empuñó personalmente el gobernador y, al respecto, sí pidió revisión de la Justicia.
El oficial intervino en un violento robo en Rosario, donde efectuó disparos y abatió a dos delincuentes armados. La Justicia santafesina lo consideró culpable de doble homicidio calificado, imponiéndole una pena de 25 años de cárcel. Estuvo cinco años preso pero luego lo absolvieron, incluso un caso que llegó hasta la Corte Suprema.
El gobierno dice que no pasó por alto la situación en la que murió en Santa Fe Mauro Daniel González porque Asuntos Internos, en enero, realizó el primer informe de la causa del deceso en la comisaría 8ª y cuestionan que, a los tres meses, el fiscal sale con la acusación.
Ahora bien, se trata de una acusación gravísima que, se supone, el fiscal Ezequiel Hernández puede sostener. El gobierno machaca con "una mirada distinta (no prejuiciosa) porque un agente puede estar años en disponibilidad, perder su ascenso, su familia y su salud".
Y aclaran que, si resulta comprobable y son culpables, no solo aceptarán la resolución sino que se tomarán las medidas administrativas para la exoneración.
Por lo tanto, el gobierno lo que hace es anteponerse para que no se genere un caso simbólico y salpique al resto de la fuerza y, por ende, al plan de seguridad con perfil duro.