Pascual Oscar Guerrieri, uno de los máximos responsables del aparato represivo que operó en el sur santafesino durante la última dictadura cívico-militar, murió el domingo pasado a los 91 años, mientras cumplía prisión domiciliaria.
Tenía 91 años y cumplía prisión domiciliaria. Fue condenado en múltiples causas por delitos de lesa humanidad y nunca brindó información sobre el destino de desaparecidos
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
Pascual Oscar Guerrieri, uno de los máximos responsables del aparato represivo que operó en el sur santafesino durante la última dictadura cívico-militar
Pascual Oscar Guerrieri, uno de los máximos responsables del aparato represivo que operó en el sur santafesino durante la última dictadura cívico-militar, murió el domingo pasado a los 91 años, mientras cumplía prisión domiciliaria.
El exteniente coronel del Ejército recibió múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, aunque nunca brindó información sobre el destino de las víctimas del terrorismo de Estado.
En ese sentido, el apellido del represor quedó ligado al primer gran juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en Rosario. Se trata de la denominada megacausa Guerrieri, marco en el cual se pudo reconstruir el funcionamiento del circuito represivo coordinado por el Destacamento de Inteligencia 121.
Asimismo, la investigación reveló la estructura de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que actuó bajo la responsabilidad del II Cuerpo de Ejército.
“Guerrieri es el símbolo del genocidio, un perpetrador del terrorismo de Estado. Tuvo poder total para decidir sobre la vida y la muerte”, describió Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija de desaparecidos, apropiada y con identidad recuperada, en declaraciones a LT8.
El exteniente coronel se desempeñó como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 e integró el Batallón de Inteligencia 601.
Guerrieri ejerció un papel clave en la planificación y ejecución del terrorismo de Estado en Rosario y la región. Al respecto, coordinó grupos de tareas y operativos contra militantes, trabajadores, estudiantes y dirigentes sociales.
Las posteriores investigaciones de la Justicia federal, activadas a partir de la anulación de las llamadas leyes de impunidad, permitieron reconstruir ese engranaje represivo.
Esos procesos determinaron su responsabilidad en el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención, entre ellos la Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia y la Escuela Magnasco.
Cientos de personas fueron privadas ilegalmente de la libertad y sometidas a torturas en esos espacios y, en muchos casos, permanecen desaparecidas.
Al declarar ante la Justicia, en 2009, Guerrieri se definió como un “ejecutor del Ejército”, al tiempo que dijo que en la Argentina “se libró una guerra” y negó la existencia del terrorismo de Estado.