Otras ocho personas quedaron a un paso del juicio oral acusadas de integrar una banda transnacional dedicada al narcotráfico, con base operativa en la vecina ciudad bonaerense de San Nicolás. Con este nuevo pedido, la investigación ya reúne a 31 imputados que esperan ser juzgados por una causa que empezó con el hallazgo de una avioneta abandonada en mayo de 2022, en el partido de Pergamino, y derivó en una pesquisa de alto impacto: 112 kilos de cocaína incautados, más de 50 vehículos secuestrados y bienes bajo investigación. La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de los acusados en distintas etapas del expediente.
El caso tuvo una escena propia del narcotráfico a gran escala. Una avioneta sobrevoló cuatro veces un campo de Rancagua, un caserío de unos 700 habitantes ubicado a 14 kilómetros de Pergamino, a la vera de la ruta provincial 32. En la última pasada, en plena oscuridad, arrojó cuatro bultos sujetos con paracaídas. En cuestión de segundos, más de 132 kilos de cocaína de máxima pureza cayeron sobre suelo bonaerense: un cargamento valuado en alrededor de un millón de dólares. La maniobra era observada desde los matorrales por unos 50 agentes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, que habían montado un operativo encubierto y detuvieron a cuatro personas.
La acusación no se limita al tráfico de estupefacientes. A todos los imputados también se les atribuyó lavado de activos de origen ilícito, bajo la sospecha de que habrían adquirido bienes con dinero proveniente del negocio narco. Según la investigación, los movimientos de fondos se realizaban de manera habitual y clandestina a través de cuevas financieras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros locales aún no identificados. En ese tramo del expediente, los investigadores no descartan una línea vinculada a Rosario.
Durante los distintos procedimientos se secuestraron 112 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.785 pastillas de éxtasis, 53 kilos de marihuana, 522 plantines de cannabis, 195 mil dólares, 69 millones de pesos y más de 50 vehículos. También se incautaron elementos considerados clave para la investigación, como balanzas de precisión y máquinas contadoras de billetes.
Instrucción judicial
Al concluir la instrucción, el fiscal Di Lello consideró que las ocho personas acusadas integraban la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes dentro del país y con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay. La investigación contó con asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.
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En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal destacó las evidencias recolectadas contra el ciudadano peruano Guillermo William Godoy Ayerbe (51), que en una causa precedente había sido identificado como Fidel Flores y que sería el organizador y financista de distintas maniobras. Según explicó, se registraron múltiples conductas de coordinación y organización del tráfico ilícito de drogas, además de que se comprobó que habría mantenido reuniones con otros imputados donde se habría encargado de transportar bolsos.
Los acusados
Al resto de los acusados se les atribuye actividades logísticas de distribución y comercialización de estupefacientes desde principios de 2023. Parte de las involucradas son tres mujeres de nacionalidad paraguaya: Analía Berenice Vasquez Barrios (25), Rosalba Barrios Cabello (39) y Susana Judith Pérez Castillo (35). Además, están involucrados los ciudadanos peruanos Jonatan Ismael Ormeño Sotomayor (41), Antoni Geancarlo Rivera Romero (40) junto con Ramón Maidana (argentino de 71 años) y un menor de edad.
El caso que se inició tras el hallazgo de la avioneta abandonada y con características de lo que se conoce como un “narcovuelo”, a partir de ese hecho, se desprendió una investigación que permitió identificar una red criminal liderada por un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como David Forton Salinas, alias “Piedrita”, que permanece prófugo con orden de captura vigente y que residía junto a su familia en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires.
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Un grupo familiar
A partir de tareas de campo en el lugar y de intervenciones telefónicas se identificaron a otras personas pertenecientes a su grupo familiar, como así también los vehículos que frecuentaban o permanecían estacionados frente al domicilio. La investigación entrelazó diversos elementos a partir de los cuales se probó que el grupo no solo traficaba, sino que también producía drogas sintéticas.
A todos se los considera coautores del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización, nacional e internacional, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberlo cometido de forma habitual o como miembros de una organización o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. A Godoy Ayerbe, además, se la atribuye la organización y financiamiento de tráfico de estupefacientes.
