Un total de 28 secuestros extorsivos se registraron en 2022 en el país, de acuerdo con las denuncias que se recibieron en las fiscalías federales. Con un caso menos que los ocurridos en 2021, es la cifra más baja desde 2015 y revela cambios en la dinámica de este delito que había tenido un crecimiento exponencial hace dos décadas. Los números son el resultado de una recopilación estadística de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) de la Justicia federal. Si bien arroja una sostenida tendencia a la baja, el informe también advierte sobre cambios en la modalidad de los secuestros, cada vez más vinculados al crimen organizado que a bandas de secuestradores.
“Desde el año 2020 en adelante, en coincidencia con este decrecimiento cuantitativo generalizado en la ocurrencia de secuestros extorsivos comenzó a tomar mayor protagonismo una tipología particular: los vinculados con el crimen organizado; circunstancia que resulta por demás alarmante y demanda una mayor atención para mitigar su crecimiento y posibles efectos nocivos”, advierte el informe, que ubica a los casos denunciados en Santa Fe dentro de esta categoría.
La unidad especial a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich presentó días atrás su informe correspondiente a diciembre a 2022, del que se desprende que ese mes se registró un solo secuestro extorsivo en todo el país en el que haya intervenido una fiscalía federal. Fue en Colonia Los Luna, de la localidad tucumana de Santa Ana, donde el 20 de diciembre fueron captados tres hombres en un auto de alta gama y liberados tres horas después sin el pago de rescate.
Así, el 2022 cerró con un total de 28 casos denunciados (lo que arroja un promedio de 2,33 hechos denunciados por mes). El número evidencia una tendencia en baja ya que es la menor cifra registrada desde 2015.
El relevamiento de datos hasta diciembre de 2022 señala que, año a año, este tipo de hechos tiende a decrecer. Así, en 2015 hubo 294 secuestros extorsivos, en 2016 fueron 227, en 2017 se contaron 185 casos, en 2018 un total de 111 hechos, en 2019 el número se redujo a 44, en 2020 hubo cinco casos más con 49 secuestros, en 2021 la cifra siguió bajando hasta cerrar en 29 hechos y en 2022, con un episodio menos, se registraron 28, la cifra más baja en siete años. De acuerdo con el informe, la tasa de hechos denunciados disminuyó de 2,44 a 2,33.
>>Leer más: Condenaron a 10 años de cárcel "Guille" Cantero por un secuestro extorsivo con una víctima equivocada
La Ufese fue creada en 2016 para relevar y sistematizar información vinculada con este fenómeno que tuvo un crecimiento súbito en 2002. El delito está previsto en el artículo 170 del Código Penal y prevé penas de 5 a 15 años de prisión para quien retiene contra su voluntad a una persona a cambio del pago de un rescate. De lograrlo, el mínimo se eleva a 8 años. Hay penas más altas en caso de que la víctima sea una embarazada o un menor de edad, entre otros casos supuestos, mientras se eleva la pena si participan más de tres personas o si durante el secuestro se produce la muerte de la víctima.
De acuerdo con las conclusiones de la Ufese, no sólo hubo cambios en la cantidad de casos sino en la dinámica y modalidad con que se cometen estos delitos, que suelen concretar bandas u organizaciones con división de roles. Mientras en el período comprendido entre los años 2001 y 2005 predominaron los secuestros extorsivos de larga duración y con organización previa, luego sobrevinieron los llamados secuestros “express”: breves, sin planificación y no vinculados al mundo del hampa.
A partir de 2020 ese tipo de secuestros comenzó a decrecer paulatinamente para dar paso a los relacionados con la narcocriminalidad. Aparece entonces “la utilización de este delito como un medio para afianzar dominios territoriales de grupos criminales organizados o para financiar sus actividades ilícitas”, lo que genera “un aumento de la violencia informal, la corrupción de miembros de las fuerzas de seguridad y la consecuente corrosión de las instituciones democráticas”.
En esta variable, según el informe del área, se ubican los casos reportados “tanto en el noroeste argentino como también en el AMBA y la provincia de Santa Fe. Advertimos que son llevados a cabo por una pluralidad de intervinientes y resultan ser hechos delictivos en los que actúan indistintamente varones y mujeres mayores de edad. Asimismo, los actores se caracterizan por desempeñar papeles dinámicos, que se van delineando a medida que se van desarrollando las distintas etapas de ejecución del delito”.
Si bien el fin siempre sigue siendo económico, estos casos “suelen esconder un trasfondo mucho más amplio, con objetivos que exceden la sola obtención de dinero. Entre ellos, la dominación de un territorio o el secuestro como medio de financiación de la organización”. El informe señala el área metropolitana de Buenos Aires siempre tuvo la mayor concentración de casos, pero a partir de mediados de 2020 “el índice de acaecimiento de nuevos hechos registra dos focos bien delimitados. Por un lado el territorio del noroeste argentino (Salta, Tucumán y Jujuy) y por otro lado Rosario y Santa Fe”.
>>Leer más: Procesaron a Guille Cantero por un secuestro extorsivo en Arroyo Seco por el que cobraron rescate
Son hechos “vinculados al tráfico de estupefacientes”, planificados y que suelen ser cometidos sin recaudos, a la luz del día, con aplicación de violencia y maltrato a las víctimas. En ese marco el informe cita un caso por el que fue condenado Ariel “Guille” Cantero, preso como jefe de la banda de Los Monos, a quien en octubre de 2019 el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario sentenció a 10 años de prisión por ordenar desde prisión un secuestro extorsivo en el que atraparon a una víctima equivocada.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2017 cuando dos hombres se llevaron por error en un Ford Fiesta o Ford Focus rojo con vidrios polarizados a Franco R., a quien interceptaron en bulevar Seguí y Espinillo. Los captores le cubrieron la cabeza y lo obligaron a bajar en un galpón donde permaneció con los ojos tapados. Allí, a partir de un lunar que tenía la víctima, advirtieron que se habían confundido de persona. De todos modos, antes de liberarlo, averiguaron que el padre trabajaba una carnicería y en lugar de pedir dinero le reclamaron dos kilos de asado. Unos veinte minutos después lo dejaron en libertad ileso. Todo el operativo quedó registrado en escuchas al celular de Guille, por entonces preso en Coronda.
Otro caso registrado en la provincia también tuvo relación con Los Monos. Fue el 23 de julio de 2021, cuando retuvieron a Franco M. cerca de un puesto de drogas de Arroyo Seco. El joven llegaba a comprar marihuana con un amigo pero fue sorprendido por un sujeto que bajó de un Chevrolet Astra y aseguró ser policía. Junto con otra persona golpeó a Franco en la cabeza y lo obligó a subir al vehículo.
Mientras lo mantenían cautivo en un lugar que el joven no llegó a identificar los secuestradores les pidieron 100 mil dólares a sus padres para liberarlo y terminaron cobrando 10 mil. La pesquisa condujo a las cárceles de Piñero y Marcos Paz y nuevamente Guille Cantero fue procesado por intervenir desde prisión.
La víctima fue liberada tres horas y media después en Villa Gobernador Gálvez tras el pago del rescate. Antes de soltarlo al joven le propinaron golpes de puño y con objetos contundentes que le causaron fracturas en la mano derecha y el codo izquierdo y una lesión en el índice izquierdo por la que debió ser operado. Por el caso también fueron procesados Leandro “Pollo” Vinardi y Cristian Nicolás Avalle, entre otras personas.
Por evidencias reunidas en la investigación se pudo determinar que el móvil del secuestro sería una deuda que debían saldar quienes gerenciaban el búnker de drogas al que el muchacho se había acercado para comprar drogas para consumo personal. Según la pesquisa el grupo trabajaba para Avalle, cercano a Guille, y por ese rojo que debían saldar (a causa de la pérdida de una partida de drogas en un allanamiento) es que surgió la idea de realizar un secuestro para recuperar dinero.
