Cámaras de seguridad: ¿sirvieron de algo?

En paralelo a la puesta en marcha del nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (Sicad) de emergencias policiales, el gobierno de Santa Fe tiene en marcha una licitación para adquirir 500 cámaras de seguridad, de las cuales 290 se destinarán a la ciudad de Rosario. Una vez concretada la iniciativa, la ciudad llegaría a contar con unos 1.500 dispositivos. Se trata de la primera compra que realiza la actual gestión provincial en la materia.

Más allá de que la incorporación de tecnología siempre es una buena noticia en el combate a la inseguridad, surgen al menos dos preguntas: ¿1.500 cámaras es un número suficiente para enfrentar la situación que tiene Rosario? Por otro lado, a diez años de implantado el sistema de videovigilancia, ¿tuvo un efecto gravitante en la lucha contra la violencia urbana?

Todo parece indicar que las 1.500 cámaras resultan una cifra exigua para las necesidades actuales. No solo por la situación extraordinaria que vive la ciudad, sino porque otros distritos tienen proporcionalmente mucha mayor presencia de estos dispositivos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene instaladas 15.000 cámaras. Funes, aquí nomás, ya tiene 220 y proyecta llegar a 260 en el resto del año.

"Yo veo que en Capital a veces se puede hacer un seguimiento de un auto y ver todo el trayecto que hizo luego de un crimen. Eso acá no pasa", aseveró un integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que sin rodeos planteó que "las cámaras públicas no aportan mucho a nuestras investigaciones".

El sistema de videovigilancia debutó a mediados de 2011, en el marco de una iniciativa municipal que comenzó con 20 dispositivos colocados mayormente en el área central. Con el tiempo se fue ampliando, en un proceso que lideró la Provincia, incorporando cámaras en los sucesivos gobiernos del Frente Progresista.

Aunque las cifras exactas difieren según la fuente consultada, se estipula que hay unas 900 cámaras provinciales y 300 municipales. Las primeras están ubicadas principalmente en accesos y avenidas, mientras que las segundas tienen una mayor dispersión territorial (con preponderancia del área central).

El emplazamiento de los dispositivos es objeto de fuertes críticas de parte de quienes investigan delitos en Rosario. "No están en las zonas calientes", afirmó otro miembro del MPA, quien se refirió no solo a los asentamientos irregulares, sino también a lugares de alto tránsito pero alejados del centro: "La parada de colectivos donde fueron baleadas la bailarina Virginia Ferreyra y su madre (NdR: Maestros Santefesinos e Isola, en la zona sur) no tiene cámaras de seguridad", ejemplificó.

Del testimonio de los integrantes del MPA se recoge otro elemento que pone en debate la utilidad de las cámaras: la calidad de las imágenes. Según coincidieron, muchos dispositivos no ofrecen una visualización óptima, impidiendo incluso distinguir patentes, ni que hablar de rostros. "Se fueron colocando tecnologías distintas, entonces depende mucho de qué cámara estemos hablando", se indicó.

Autoridades actuales y ex funcionarios también admiten que las cámaras, al menos cómo son utilizadas actualmente, no agregan un altísimo valor agregado a las políticas de seguridad. Aunque las razones son diversas, plantean que de nada sirve tener dispositivos distribuidos en todo el territorio si luego no hay coordinación con los móviles policiales.

"La tecnología acompaña el diseño de políticas de seguridad pero per sé no persigue un fin", dijo un ex integrante del cuerpo de funcionarios políticos de Miguel Lifschitz. Una autoridad actual del gobierno provincial planteó algo parecido: "Pueden ser utilizada para tareas preventivas, pero si no hay movilidad disponible, de nada sirven".

Más allá de la poca incidencia que viene teniendo el sistema de videovigilancia en la lucha contra la inseguridad, lo cierto es que por primera vez en lo que va de la actual gestión, la Provincia tiene en marcha un proceso licitatorio para sumar 500 dispositivos. Por ahora no fue adjudicado, pero todo indica que será ganado por la empresa Nec Argentina, quien cotizó un presupuesto de u$s 6,7 millones.

La inversión en cámaras se da en el marco de la implementación progresiva del Sicad, un proyecto que plasma el salto tecnológico en los recursos de los servicios policiales provinciales. Habrá que esperar un tiempo para evaluar si el plan realiza un aporte a la política de seguridad, que viene arrojando resultados muy negativos en los últimos años.