Los 86 sindicatos que convocaron a marchar el 5 y 10 de febrero contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno advirtieron que la iniciativa, por el retroceso que propone en las relaciones laborales, “sólo es comparable a la que implementó dictadura cívico-militar de 1976”. En un documento difundido al término de la reunión realizada el miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) las organizaciones advirtieron que la ofensiva oficialista pulverizará los derechos de los trabajadores pero además profundizará el desmantelamiento del tejido productivo.
“Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral”, señaron los sindicatos que se adelantaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) y activaron un plan de lucha contra el proyecto de precarización que el oficialismo quiere debatir el 11 de febrero en el Senado.
Plan de lucha
Entre los gremios que impulsan este plan de acción están la UOM, aceiteros, ATE, aeronáuticos, maquinistas de trenes, ceramistas, gráficos y las dos CTA. En total son 86 organizaciones que decidieron convocar a una movilización en Córdoba el 5 de febrero y otra en Rosario el 10 del mismo mes.
La decisión de salir a dar pelea en las provincias tiene que ver con el activismo que despliega el gobierno nacional para negociar con gobernadores votos a cambio de recursos.
“Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del plan nacional de lucha contra la reforma laboral regresiva”, cierra el documento, en el cual se subraya que “por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce”, el proyecto que impulsa Javier Milei “sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”.
La iniciativa, enfatizaron, no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, denunciaron que “pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales”. En definitiva, una maniobra política que “entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina”.
El fin del trabajo
Entre los aspectos más graves del proyecto destacaron la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo.
“No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”, señalaron. Por el contrario, explicaron que el articulado propuesto “responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país”.
A contramano de este proyecto, los sindicatos consideraron que las discusiones sobre las relaciones del trabajo “tienen que tener a las y los trabajadores en el centro” y “apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina”.
Al término del encuentro realizado en la UOM, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió: “A partir de hoy, el gobierno tiene que empezar a preocuparse, se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores, crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”.
