La decisión del juez José Luis Mascali sobre los fueros del senador Armando Traferri y la posibilidad de citar al representante del departamento San Lorenzo cayó como una bomba en el Senado santafesino, que regresa al centro del debate con un tema espinoso: una investigación judicial sobre supuestos vínculos entre uno de sus integrantes y el delito.
“Vemos con preocupación que un juez ponga en duda lo que está establecido en la Constitución, se haga con Traferri o con quien sea”, dijo a La Capital el jefe del bloque radical en el Senado, Felipe Michlig. Y agregó: “Si estamos en desacuerdo con algunos artículos de la Constitución hay que modificarlos. Sino, con el mismo criterio se podría habilitar la reelección del gobernador porque la Constitución nacional se lo permite al presidente”.
Ayer, el magistrado de la Cámara en lo Penal de Rosario revocó el fallo de la jueza Eleonora Verón y dispuso que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pueden citar a audiencia imputativa al representante del departamento San Lorenzo, aún teniendo fueros, en la causa sobre juego clandestino. El magistrado declaró para este caso en particular la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, por considerar que la inmunidad de proceso entra en colisión con la Constitución Nacional.
Más allá de la estrategia judicial que siga Traferri –su abogado calificó el fallo de “fantochada” y adelantó que le sugerirá que no se presente a la audiencia imputativa a la que lo citarán– el caso repercute en la Cámara alta.
Traferri, representante de San Lorenzo en el Senado, y su abogado, José Luis Vázquez
La acusación no es menor: los fiscales ubican a Traferri en el centro de una red que conectaba a funcionarios judiciales, políticos y empresarios del juego, en un flujo que, además, financiaba campañas electorales. Edery confirmó que le solicitarán a la Oficina de Gestión Judicial que fije un día de audiencia para poder imputar al senador. “Esperamos que sea lo antes posible”, apuntó.
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En el bloque Lealtad, que aglutina a los seis senadores alineados con el gobernador Omar Perotti, reconocen que el nuevo capítulo de la saga que ya se cargó a los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal va a generar ruido. “Es volver a diciembre de 2020”, admiten.
A fines del año pasado, el Senado votó el desafuero de Traferri y la mayoría de sus pares lo rechazó. Se manifestaron en contra Rubén Pirola, Raúl Gramajo, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi, Cristina Berra, Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, se expresaron a favor Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann y Marcos Castelló, y se registraron tres abstenciones: Armando Traferri, Lisandro Enrico y Rodrigo Borla.
En esas jornadas frenéticas el bloque peronista se partió y los cruces entre la Legislatura y la Casa Gris dejaron heridas que nunca cicatrizaron del todo y ahora pueden volverse a abrir.
Para el fiscal Edery, hay "sobrados motivos" para que el Senado vote el desafuero de Traferri
En la bancada Lealtad creen que la estrategia política de Traferri será tratar de involucrar a toda la Cámara en su defensa. "Ya lo hizo el año pasado, lo puede hacer de vuelta", deslizan.
Sin embargo, en los pasillos de los Tribunales advierten que ese camino tiene un gran obstáculo: hoy la jueza Paula Calace Vigo rechazó la legitimidad procesal de la comisión bicameral de Acuerdos en el amparo que presentó Marcelo Sain en otra de las causas que hace temblar a toda la escena política santafesina. “La Legislatura no va a poder apelar, se va a tener que presentar”, indican.
De todos modos, los expertos remarcan que la audiencia imputativa es una de las primeras instancias de la investigación penal. Para llegar a una prisión preventiva, los fiscales deberán recorrer un largo camino y pedir de vuelta el desafuero al Senado. Es un escenario que no se observa en el corto plazo.
Michlig calificó a Edery y Schiappa Pietra como “muy buenos fiscales”, pero advirtió: “La investigación tiene que ir en el marco de la ley, no se pueden buscar atajos o caminos alternativos”.
Para el representante del departamento San Cristóbal la situación no cambió respecto a fines del año pasado para votar el desafuero. “Si hubiéramos tenido pruebas contundentes hubiéramos procedido diferente, pero no nos aportaron elementos”, señaló el cacique radical.