Un fiscal pidió el procesamiento de De Vido, cada vez más complicado

El fiscal federal Federico Delgado solicitó el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por peculado y cohecho a raíz de la compra de trenes fuera de uso a España y Portugal, en una jornada en la que el actual diputado se presentó en Comodoro Py para ser indagado en dos causas. En ese contexto, responsabilizó al procesado y detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la millonaria compra de material ferroviario inservible.

De Vido llegó temprano a los Tribunales Federales para cumplir con la citación que le había hecho el juez federal Sebastián Ramos en una causa en la que está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber renegociado los contratos ferroviarios entre 2003 y 2010, tal como establecía la ley.

Ante Ramos, el diputado nacional del Frente para la Victoria aseguró que en ese momento hubo una decisión política de priorizar la continuidad de los contratos y no su rescisión, a la vez que consideró que la imposición de multas no era motivo para cancelar esos acuerdos con los concesionarios.

Incluso, señaló que las multas por deficiencias en el servicio o incumplimiento de contratos son "lamentablemente" un "hecho usual". Luego, De Vido, quien estuvo acompañado por los diputados del FpV Axel Kicillof, Eduardo de Pedro, Andrés Cuervo Larroque y Teresa García, se dirigió al juzgado de Julián Ercolini —un piso más abajo— para prestar declaración indagatoria por la compra de trenes a España y Portugal.

En esa causa se sospecha del pago de sobre precios y de coimas millonarias que habría cobrado el entonces asesor de la Secretaría de Transporte Manuel Vázquez, además de tomarse en cuenta un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que arrojó que casi el 50 por ciento del material ferroviario adquirido era inutilizable.

En esa causa están detenidos con prisión preventiva Vázquez y Ricardo Jaime, quien al momento de ser indagado había dicho que adquirió los trenes por orden política expresa del entonces ministro de Planificación Federal y el ex presidente Néstor Kirchner.

Por escrito, De Vido afirmó ante Ercolini que "la responsabilidad del sistema ferroviario siempre fue de la Secretaría de Transporte, con el control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)".

El ex funcionario subrayó que su rol no era el de ejecutar, gestionar o controlar las políticas particulares "asignadas a otros organismos y funcionarios", y que la compra fue con los fondos públicos asignados por el Congreso de la Nación, girados por la Secretaría de Transporte y administrados por ella "de modo exclusivo".

El ex ministro, quien además es investigado en otra causa por enriquecimiento ilícito, aseguró que "nunca" tuvo dominio funcional sobre los responsables directos del sistema ferroviario que estaban en ejercicio.

Según consta en la causa, la compra de trenes fue entre 2004 y 2010, y se pagaron 76.313.108.85 euros a España y 25.639.896 a Portugal.

"Montaron un dispositivo que les permitía pagar sumas de dinero altísimas por material que no lo valía y generar retornos, cuya cara visible fue el señor Manuel Vázquez y la empresa que representaba, Caesa. Un claro ejemplo de colonización del Estado que remite a un mítico interés general, pero que se vio direccionado hacia el beneficio de los funcionarios", advirtió Delgado al pedir el procesamiento.

Según el fiscal, más allá que De Vido se deslindó de la responsabilidad, el ex ministro no solo tuvo una tarea "administrativa", sino que fue "responsable de los acontecimientos" por "los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido".

También tuvo en cuenta que los convenios de colaboración con esos países de Europa fueron "firmados por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Además en algunos casos fue el mismo De Vido quien firmó esos acuerdos". "Esa firma condensa su participación en los hechos ya que, además, no fue un simple acto burocrático de mero trámite", remarcó la fiscalía.