El juicio por delitos con la obra pública en Santa Cruz tendrá hoy su tercera audiencia, pero sin la asistencia de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner, quien notificó el viernes pasado al tribunal oral que la juzga que no puede asistir a la audiencia porque tiene labor parlamentaria en la Cámara alta.
En ese sentido, Cristina presentó un escrito ante Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, a través de su defensor, Carlos Beraldi, quien dio cuenta de que la senadora había sido “citada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes” a una reunión prevista para hoy, a las 10.30.
En ese mismo horario está convocada la tercera audiencia del proceso en la que se la juzga como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó y cometió irregularidades con la obra pública nacional en Santa Cruz.
El TOF había autorizado a la ex presidenta a ausentarse del debate siempre y cuando tuviera actividad parlamentaria superpuesta.
La actual precandidata a vicepresidenta concurrió una semana atrás a la segunda audiencia, en la que continuó la lectura del requerimiento fiscal de acusación.
La senadora fue citada, según se explicó en el escrito presentado por su defensa, “junto a otros legisladores” a asistir a una reunión convocada por Fuentes a realizar “en el ámbito del Honorable Senado de la Nación ese mismo día, a partir de las 10.30”
Beraldi acompañó la nota de la citación recibida en el despacho de la legisladora “en la cual se indican las razones de carácter urgente que motivan su convocatoria”.
Junto a la ex mandataria están siendo juzgadas otras doce personas, entre ellas el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez (ambos detenidos), el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios del área de Vialidad Nacional y de Santa Cruz.
Hasta ahora se llevan leídas 220 páginas de las 584 que tiene el dictamen. Y estiman que habrá entre tres o cuatro audiencias más para completar la lectura.
Luego será el turno de las acusaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque hay un pedido para que no se lean, y de la elevación a juicio del caso.
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