Por Mariano D'Arrigo
Los legisladores se reunieron con la auditora del MPA por las filtraciones de información a Marcelo Sain.
Marcelo Sain sumó un nuevo foco de preocupación en Santa Fe: reunida con la comisión bicameral de Acuerdos, la auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, planteó a los legisladores que la jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur, Débora Cotichini, mantuvo comunicaciones indebidas con él mientras era ministro de Seguridad y se enfrenta a serias sanciones.
"La síntesis es: no son escuchas ilegales sino un uso indebido de escuchas legalmente ordenadas, Cotichini se hacía de la información y se la enviaba a Sain", dijo a La Capital el presidente de la comisión de Acuerdos, Fabián Bastía.
En el vértice del MPA deslizan que en este caso puntual el problema de fondo es la relación entre Sain y Cotichini. En el órgano de los fiscales indican que las comunicaciones fluidas entre ambos advierten que pese a que Sain se movía en la órbita del Poder Ejecutivo en los hechos seguía actuando como jefe del Organismo de Investigaciones.
Marcelo Sain, en el centro de la polémica por las filtraciones de información del MPA
Además, remarcan un agravante: la información que buscó Cotichini estaba teledirigida políticamente. Una de las filtraciones era fruto de escuchas legales a un empleado judicial que hablaba con el senador Armando Traferri, blanco frecuente de los ataques de Sain.
Otra de las investigaciones requeridas era un perfil de Ana Viglione, la ex secretaria de Delitos Complejos durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti. El testigo denunciante del OI que lo realizó reconoció que el contenido del trabajo que le habían encomendado sobre Viglione, se divulgó diez días después de terminado en un programa de C5N por el periodista Tomás Méndez.
La investigación empezó con una denuncia que elevó el subdirector del OI, Víctor Moloeznik, que será convocado por la comisión de Acuerdos para la semana que viene. El funcionario planteó a las autoridades del MPA que la oficina de Cotichini estaba cerrada y cuando peritaron la computadora descubrieron que había sido reformateada. En los pasillos del OI indican que el argumento de los colaboradores de Cotichini fue al menos endeble: que habían borrado la información porque no recordaban la contraseña para iniciar el dispositivo.
La auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, y el jefe de los fiscales, Jorge Baclini
Ahora la funcionaria enfrenta un procedimiento disciplinario en el MPA, que podría terminar en el archivo, en su suspensión por hasta 180 días o directamente su remoción. "Es una falta gravísima", dicen desde la conducción del órgano de los fiscales.
Cotichini, ex secretaria de Asuntos Penales en el gobierno de Bonfatti, es defendida por Juan Lewis, ministro de Justicia y Derechos Humanos en esa administración del Frente Progresista.
Sin embargo, el que sigue en el centro de la polémica pese a su salida del gabinete es Sain. En la reunión con los legisladores, Vranicich les indicó que si quieren acceder al legajo completo deberán solicitarlo por escrito en el marco de alguna actuación contra el titular del OI.
"Es muy grave lo que está sucediendo", planteó Bastía. Y agregó: "Estamos en un desorden institucional, y el gobernador tiene toda la responsabilidad, cuando designó a Sain lo tendría que haber hecho renunciar en el Organismo de Investigaciones".
Lo cierto es que Sain tiene varios frentes abiertos en la provincia. Avanza en la Justicia una causa en la que se investigan irregularidades en una licitación para la compra de armamento y se espera que la Corte Suprema defina si el amparo que presentó en el fuero laboral que desató un escándalo por el allanamiento del Fiscal de Estado a pedido del gobernador Omar Perotti continúa en ese ámbito o pasa al fuero contencioso-administrativo, como pide la comisión bicameral de Acuerdos.
El ex ministro tiene en la Legislatura el otro gran foco de conflicto. Allí el proceso disciplinario en su contra está en stand by por una decisión judicial.
Lo que subyace es la pulseada de poder no sólo entre el oficialismo y la oposición sino sobre todo al interior del propio peronismo. Una puja que empezó a cocinarse incluso desde antes de la asunción de Perotti y que el cierre de listas expuso con crudeza.
Débora Cotichini, la funcionaria apuntada por filtrar información a Sain
En esa disputa los tiempos de la política se superponen con los de la Justicia. En algunos casos, de forma sugestiva: la semana pasada la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, hizo lugar a un pedido que presentó en diciembre el ex concejal Jorge Boasso y ordenó reabrir la causa sobre el reparto de los subsidios del Senado. Además, creó un “equipo especial de trabajo” del que participarán Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que ubican al senador Armando Traferri en el centro de una red que enlazaba corrupción y juego ilegal.
Ambos fiscales citaron al representante del departamento San Lorenzo a audiencia imputativa el 23 de agosto, veinte días antes de las Paso en las que se enfrentarán las listas impulsadas por Omar Perotti y Agustín Rossi. En el armado del ex ministro de Defensa el NES encabezado por Traferri y al que pertenece la vicegobernadora Alejandra Rodenas es una pata central.
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