El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández como "jefa de una asociación ilícita" que "lavaba activos", y la embargó por 130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa "Los Sauces".
El procesamiento alcanza también a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación ilícita.
"En todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal".
La extensa nómina de procesados incluye a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, a los cuatro hijos de éste, a Romina Mercado (sobrina de la expresidenta) y a los empresarios Fabián De Sousa y José Sanfelice.
Según el fallo, de casi 400 páginas, "la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de Los Sauces S.A. a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones".
Bonadio sostuvo que "los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al Grupo Báez desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex presidenta".
Esa secuencia era "dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner".
"En todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal", puntualizó el juez.
"Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al grupo Báez", resumió Bonadio.
El cargo específico contra la ex presidenta es el de "tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles".
La composición de esos delitos puede derivar en una condenasuperior a los diez años de cárcel.
El resto de los imputados aparecen procesados por unaintervención de menor jerarquía en la asociación ilícita, como organizadores" o meros miembros.
En todos los casos, los montos de los embargos no bajan de losdiez millones de pesos.
