Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe cuestionó los puntos que figuran en el dictamen de mayoría de la comisión de Poder Judicial en el marco de la Convención reformadora de la Constitución, básicamente en las cuestiones referidas a la designación, evaluación y eventual sanción de jueces, fiscales y defensores oficiales.

La entidad difundió un comunicado comunicado en el que apuntaron: "Las Asociaciones que agrupan a los Defensores Públicos y a los Fiscales de la Provincia de Santa Fe, observan con profunda preocupación el dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales en el marco del debate de la Convención para la reforma de la Constitución Provincial".

En otro párrafo de la nota, fiscales y defensores destacaron que en el dictamen observaron "diversas disposiciones que, de quedar así resueltas en el texto definitivo, importarán vulneraciones a la autonomía del Ministerio Público y que pueden generar, ya desde un inicio, un claro riesgo a la independencia de fiscales y defensores integrantes del Nuevo organismo constitucional".

La fiscal rosarina Viviana O’Connell, presidente de la entidad, manifestó la preocupación por el dictamen que se dio en la comisión en la que se definieron los procesos internos o de funcionamiento del MPA. “Es inconstitucional. Va en contra del artículo 5 de la Constitución Nacional que habla de la forma republicana de gobierno. Incluso va en contra de estándares internacionales impuestos por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó la funcionaria.

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En declaraciones a LT8, O’Connell subrayó que “los convencionales constituyentes no están escuchando el planteo que se formuló desde la Asociación. Ya planteamos que este tema iba a generar un problema para el estado argentino. La relatora de la ONU consideró que era tan grave lo que pasaba con los fiscales de Santa Fe que le pidió explicaciones al Gobierno argentino. Envió una nota que incluso la pusimos a disposición de todos los convencionales”.

Y agregó: “Depende de los convencionales que puedan tomar todo esto que estamos diciendo. Lo estamos manifestando antes de que esto salga las reformas. Una vez que salga tendremos que recurrir a la Corte Suprema de Nación para que mantenga su criterio. La Corte a nivel nacional invalidó la influencia política en el Consejo de la Magistratura porque dijo que se desnaturalizaba la representación de estamentos técnicos. El proyecto del oficialismo de Santa Fe repite todos esos vicios. Es decir, los órganos de selección y enjuiciamiento con mayoría política. Y hay una exclusión de la representación de fiscales y jueces”.

"Los santafesinos, verdaderos perjudicados"

“Vamos a tener inconvenientes de todo tipo (si se consagran en la Constitución los mecanismos impulsados por el oficialismo) y los verdaderos perjudicados serán los ciudadanos santafesinos. Todo esto no les brindará una justicia eficaz ni independiente, que es lo más importante”, apuntó.

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O’Connell reafirmó que “está mal la politización de los órganos de selección y enjuiciamiento de fiscales y jueces. Le da un control absoluto al poder político. Con una mayoría, el tribunal de enjuiciamiento serían cuatro legisladores, dos representantes de colegios de abogados y un solo representante que sería juez, fiscal o defensor. El desequilibrio es tan evidente solo en eso, hay muchas cosas más. Si bien el o la fiscal pueden ser reelectos y también removidos por mayoría simple. Además, el proyecto proclama la autarquía o independencia del MPA, pero con todas estas normas todo queda vacío de contenido”.

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“Somos órganos técnicos. Se nos debe evaluar técnicamente tanto para nombrarnos como para sancionarnos. En todos los casos, vemos que la selección va a estar en manos del Poder Ejecutivo, fundamentalmente, sin orden de mérito. Lo mismo que estamos criticando y que se hace en este momento, donde se fue deteriorando el proceso de selección de fiscales, ahora tendría rango constitucional. Lo mismo ocurre con el sistema de remoción que estaba a cargo de la Legislatura, en procesos plagados de vicios, ahora quedaría constitucionalizado a través de mayoría de estamentos políticos lo que veníamos criticando”, subrayó la fiscal.