Cardozo presentó dos proyectos para su tratamiento. Uno en el que quienes resultaran electos por el voto popular se hagan la narcolemia cada dos años, y otro que lo amplía a miembros del gabinete. Ahora, se solicitó que las propuestas del edil del PRO se aborden en conjunto con la iniciativa de Lifschitz. Este debate reside en la comisión de Gobierno y se estima que la norma verá la luz en el recinto en las próximas sesiones.
El legislador macrista aliado al oficialismo local explicó a La Capital cuál es su intención con esta herramienta legislativa. "Se busca que desde el intendente, concejales, secretarios y subsecretarios tengamos que presentar un certificado de consumo negativo de cocaína, marihuana y otras sustancias psicoactivas, hecho por un laboratorio de Rosario y firmado por un profesional habilitado y matriculado en la ciudad. Y quien no formalice este trámite no podrá acceder a ningún puesto de estos rangos", marcó Cardozo.
Narcolemia, del intendente para abajo
Con el salvoconducto hecho en una institución privada, se evita un sobrecosto al Estado, consideró el autor, para aclarar que su costo deberá ser asumido por los propios interesados. De esa forma, dicho certificado debería ser presentado cada dos años. Se excluyó a los empleados de carrera "para no poner obstáculos en el debate y avanzar. La idea no es salir en los medios de comunicación, sino que contemos cuanto antes con una ordenanza municipal. Le debemos una señal en este sentido a la gente", subrayó Cardozo, confiado en que hay consenso entre los bloques mayoritarios para que estas iniciativas tengan luz verde.
"Se persiguen dos grandes aspectos: el consumo sostenido daña las capacidades cognitivas y altera las funciones y un cargo público requiere integridad para afrontarlo. Y por otro lado es un tema de seguridad pública porque para procurarse cocaína o marihuana el funcionario tiene que ir a comprarlas a un delivery, kiosco o búnker. Y al otro día iría a su despacho como que no pasó nada. Esto claramente es incompatible con el ejercicio de la función pública", argumentó Cardozo, para agregar: "Intendentes, concejales, secretarios y subsecretarios es un piso lógico como para que la discusión nos empantane".
En los casos de test positivos se especificó en un artículo que al detectarse consumo la persona debe ser incluida dentro de las políticas de abordaje contempladas por el Estado. En sus considerandos, la propuesta establece que los representantes de los rosarinos "no pueden permanecer ajenos a una realidad que azota a Rosario, como es el narcotráfico, lo cual obliga a tomar medidas extraordinarias, estableciendo que quien consuma drogas o tenga relación con el narcotráfico no podrá actuar de la misma manera que quienes no lo hacen".
De esta forma, aparece el requisito formal de un certificado negativo y se ofrece a los infractores dispositivos para brindarles contención y asistencia. Y finalmente se pide que la ordenanza adhiera con este requisito a la Ley provincial de Ética Pública.
Qué dice el proyecto de Lifschitz
El proyecto de ordenanza de Lifschitz extiende la obligatoriedad del narcotest a autoridades de entes descentralizados y autárquicos. En concreto: intendente, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y Jueces del Tribunal Municipal de Faltas, autoridades de entes descentralizados y autárquicos y concejales. Y cada uno de los alcanzados por este requirimiento deberá pagarse el certificado con recursos propios e informado por la Secretaría de Salud municipal. Los resultados se publicarán en la página oficial del Ejecutivo y también del Concejo Municipal.
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En esta propuesta se considera autoridad de aplicación a la Secretaría de Salud municipal, en convenio con la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR. La facultad actuaría como veedor del procedimiento y posterior respaldo.
Dos por año
El requerimiento, para el edil socialista, es al comienzo del mandato y al menos dos exámenes toxicológicos por año. En el caso de que un funcionario esté cursando un tratamiento que implique el empleo de algún fármaco, deberá presentar una declaración jurada donde conste la justificación médica profesional para el consumo del mismo así como el diagnóstico prescripto, plazos y demás información que justifique su uso.
Los casos positivos tendrán chance de una contraprueba en 48 horas. Y si arroja positivo cada organismo al que pertenezca el funcionario involucrado deberá activar su protocolo de sanción equiparable a una falta grave. Si el funcionario se niega a la narcolemia será interpretado como un incumplimiento, aplicando las sanciones correspondientes.
Antecedentes
Normas de estas características ya rigen en diversos puntos del país. En Tucumán tiene vigencia desde 2016 una ley que establece como requisito para la permanencia en los niveles políticos y jerárquicos de la función pública el carecer de adicción a drogas ilegales, y prevé la realización obligatoria de examen de detección de metabolitos de droga en orina.
En Tierra del Fuego está vigente desde 2018 una ley provincial fueguina que establece la realización de exámenes habituales y regulares de detección de consumo de drogas ilegales para todos los funcionarios públicos.
En diciembre del 2023, en la provincia de Córdoba estableció mediante ley 10.954 la obligatoriedad de presentar anualmente certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales para los funcionarios que cumplan el rol como gobernador, vicegobernador, legisladores, ministros, secretarios, directores, subdirectores y asesores.
En la localidad puntana de Villa Mercedes se sancionó en 2023 ordenanza que establece como requisito para la permanencia en la función pública carecer de consumo de sustancias psicoactivas ilegales.
